Transversalidad autonómica

El debate sobre la financiación autonómica va a ocupar buena parte de la agenda de las próximas semanas pero ha empezado ya con un giro político. Tanto la reunión reprogramada para el 23 de noviembre en Galicia de varios presidentes autonómicos como la cita anterior entre los presidentes Ximo Puig y Juan Manuel Moreno Bonilla (e incluso otra anterior, entre Puig y Pere Aragonès) introducen un enfoque nuevo para una cuestión vieja. Los problemas compartidos empujan a varias Comunidades a planificar de forma más racional una financiación anclada en un modelo obsoleto: hace siete años que debería haberse revisado. En el mismo sentido parece orientado el encuentro de presidentes socialistas en Ferraz este viernes. Han acudido a la llamada de su vicesecretaria general, sin que haya trascendido recomendación alguna por parte del partido. Los presidentes han ratificado su voluntad de negociar, acordar o cuando menos hablar con presidentes de otras comunidades dirigidas por el PP o por otros partidos políticos.

Esta novedosa transversalidad permite aflorar un malestar financiero que escapa a la previsibilidad de las siglas, puede hacer menguar el control de las direcciones de los partidos sobre las negociaciones y, de paso, permite aparcar discusiones bizantinas basadas en balanzas fiscales, como sucedió durante años en relación con Cataluña, pese a ser un instrumento desconocido en el resto de Europa. Sin embargo, un riesgo de estas rondas transversales pudiera ser atizar agravios con dos comunidades contribuyentes netas, como Madrid y Cataluña. El absentismo y autarquía fiscal de la Comunidad de Madrid y el residuo aislacionista en Cataluña no deberían impedir una deseable incorporación de ambas comunidades a la discusión.

La extraordinaria complejidad del sistema no admite una evaluación simple de sus déficits de funcionamiento, mitigados durante la pandemia por la fuerte inyección financiera que recibieron las comunidades. Sin embargo, los problemas estructurales siguen en el mismo sitio, y la infrafinanciación histórica de la Comunidad Valenciana explica el liderazgo de Ximo Puig a la hora de abanderar un cambio estratégico que rebaja la polarización. La búsqueda de criterios desde la transversalidad política ratifica un uso federal del Estado autonómico, y puede propiciar novedades y, entre ellas, un funcionamiento distinto del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), hasta ahora muy vertical, aunque fuese formalmente multilateral. El alto poder del Gobierno en esa institución rebajaba la autonomía de las mismas comunidades y en la práctica se imponía un bilateralismo disfrazado: en fase progresista, hegemonizado por el mínimo denominador de los intereses comunes andaluces y catalanes, y en fase conservadora, entre el Gobierno central y Cataluña.

Esta suerte de vuelta de calcetín al método tradicional se ha derivado del encorsetamiento del sistema institucional, sobre todo en el CPFF. La experiencia comparada, sobre todo la alemana, obligaría a reforzar la Comisión autonómica del Senado. Las propuestas pasarían ahí el filtro del debate público y de la cuantificación objetiva, y podría ser un buen momento para crear una oficina económica independiente, adscrita a la Cámara alta, que prestase ese servicio, como habría sido útil que la Autoridad Fiscal colgase del Congreso y no de Hacienda.