Valencia y Andalucía proponen que el fondo covid del Gobierno compense la infrafinanciación autonómica

La Comunidad Valenciana, presidida por el PSPV-PSOE, y Andalucía, por el PP, acercan posturas sobre financiación autonómica. El Vicent Soler, y su homólogo andaluz, Juan Bravo, consejeros de Hacienda de la comunidad peor financiada y de la tercera por la cola, respectivamente, han defendido este viernes en Valencia solicitar al Gobierno que una parte de la transferencia extraordinaria del Gobierno de 13.486 millones de euros, también llamada fondos covid, para las autonomías en el año 2021 se destine a eliminar las diferencias de financiación por habitante ajustado de las regiones infrafinanciadas, igualándolas a la media española. Una vez asignada esta partida, el resto debería distribuirse en proporción a la población ajustada.

El reparto del citado fondo se decidirá en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, sin fecha concreta de momento. En el anterior fondo covid de 2020, consignado con 16.000 millones de euros, el principal criterio fue compensar a las autonomías en las que el coronavirus se había cebado con mayor virulencia, como Madrid y Cataluña. Según Soler, ese fondo fue “clave” para afrontar “con garantías la emergencia sanitaria, pero ahora las diferencias de recursos de hasta 30 puntos por habitante ajustado impide que afrontemos la recuperación con las mismas oportunidades, puesto que nuestras capacidades financieras son muy dispares”.

Es uno de los numerosos puntos en que se han puesto de acuerdo en la reunión mantenida esta mañana en Valencia como preparación a la cumbre de septiembre que celebrarán en Sevilla los presidentes valenciano, Ximo Puig, y andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla. Soler añadió que “ese mecanismo transitorio no debe aplazar una reforma que debe contemplar la suficiencia global del sistema, la incorporación de solidaridad de las comunidades Forales y la compensación de la deuda vinculada con la infrafinanciación”. Ambos defienden el criterio de la población ajustada en el futuro modelo de financiación e inyectar más recursos al sistema autonómico, en el sentido que proponían los expertos convocados en 2015 por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Cifraron ese aumento en 16.000 euros, si bien ahora habría que actualizar el montante, coincidieron.

Bravo afirmó: “Ante las dificultades que existen para aprobar un nuevo sistema de financiación, la solución puede ser un sistema transitorio, como el Fondo Transitorio de Nivelación. O podemos por ejemplo usar el reparto de fondos covid como forma de compensación hacia las comunidades que están un poco peor, e ir de ese modo acercando posturas, en la línea de lo que propuso el presidente de la Comunidad Valenciana [Ximo Puig]. Sería un gesto que agradeceríamos las comunidades peor financiadas”.

Sobre el encuentro entre ambas autonomías, el consejero andaluz incidió en que “se trata de ser capaces de tener un posicionamiento común para intentar reclamar ante el Ministerio unas necesidades de financiación que deben permitir, en estos momentos tan difíciles con la pandemia, no solamente cubrir los servicios fundamentales sino también iniciar la recuperación económica”.

Propuesta de Casado

Además, Bravo fue preguntado por la sugerencia del presidente del PP, Pablo Casado, de volver al modelo de financiación autonómica de 2002, instaurado por el gobierno de José María Aznar. “El presidente del PP intentaba manifestar un sistema con la mayor aprobación del parlamento. Es necesario conseguir máximos consensos y buscar la fórmula”, respondió en un principio. Ante la insistencia de los periodistas sobre su posición, Bravo recordó un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) que en 2007 ya señalaba que nueve comunidades autonómicas estaban por debajo de la media en financiación, el mismo número que en 2019.

Finalmente, destacó que el acuerdo del 2002 recibió el 90% de apoyo, si bien dio por superado aquel modelo: “La realidad no es la misma en 2021 que en 2002. Los gastos de sanidad, de educación no son comparables. Requiere un nuevo replanteamiento en general. No podemos extrapolar nada de lo que se ha hecho anteriormente. El Estado tiene unos gastos en pensiones que también dificultan las trasferencias. Es momento de negociar y entendernos. Es difícil extrapolar lo que se pensó en 2002 y en 2009 [año en que se cambió al actual modelo de financiación]. Tenemos que escuchar a todos”