Somos ciudadanos, no usuarios

“La democracia no ocurre por accidente. Tenemos que defenderla, luchar por ella, fortalecerla, renovarla”. Es lema de la Cumbre por la Democracia (Summit for Democracy) convocada por el presidente estadounidense Joe Biden para estos 9 y 10 de diciembre.

¿Qué significa defender la democracia en el siglo XXI? Renovarla, ¿cómo? Gran parte de nuestra vida, de nuestro día a día, transcurre online, aunque lo tenemos tan naturalizado que a menudo no somos conscientes. Pocas parcelas están desconectadas de la red. En los espacios digitales se profundiza en nuestros miedos, divisiones y brechas. En su seno se refuerzan la desinformación, la fragmentación y la polarización social que dificultan el entendimiento mutuo, el acuerdo y la convivencia. Por eso es imperativo hablar de democracia en internet, hasta ahora un salvaje Oeste carente de gobierno.

Biden ha llamado a los gobiernos democráticos, a la sociedad civil y al sector privado a encontrarse online “para establecer una agenda afirmativa para la renovación democrática”. Ha definido tres temas clave: defenderse contra el autoritarismo, abordar y combatir la corrupción y promover el respeto por los derechos humanos.

Parecen temas que a priori cualquier persona en el mundo occidental defendería, pero hay muchos matices. El diablo está en los detalles. Sin hacer de menos al problema de la corrupción, me centraré en los otros dos grandes asuntos. Primero, en el respeto a los derechos humanos, que es algo que damos por sentado. Sin embargo, permitimos —o asumimos— que nuestros derechos fundamentales se violen a diario y de forma sistemática en internet y en los entornos digitales.

Censura, represión, explotación de nuestra intimidad, precarización digital del trabajo, acoso, abuso de menores y ciberatracos se suman a la dificultad de una vida libre de adicciones (a estar conectados, al móvil, a las redes sociales…) y la discriminación derivada de la mediación informática de prácticamente todo: desde encontrar trabajo, pedir ayudas y subvenciones o conseguir un crédito hasta actividades más o menos banales.

La defensa contra el autoritarismo es también esencial. En el mundo digital, ese autoritarismo lo ejercen los titanes tecnológicos. Corporaciones más grandes y poderosas que muchos países dictan las reglas del juego online sin escrutinio público ni rendición de cuentas. Deciden qué aparece en cada búsqueda, qué es tendencia; qué se olvida y qué se recuerda; qué escuchamos, qué vemos y qué leemos.

Deciden también quién participa en la esfera pública: una versión digital de la plaza del pueblo que es clave para el discurso público y político, y donde hoy vale todo. Se legitiman en ella contenidos con aspecto informativo que son falsos; que están diseñados para confundir y dañar la confianza en las instituciones democráticas. Se pervierten las herramientas de producción de conocimiento. Se explotan los vacíos de datos y el funcionamiento de las plataformas digitales para posicionar en lo más alto de las búsquedas contenidos extremos o sesgados.

Como resultado, es más fácil acceder a la conspiranoia y a la desinformación que a hechos empíricos. También es más fácil permanecer en nuestra propia burbuja o cámara de eco. Al mismo tiempo, nos exponemos involuntariamente a contenido más opuesto a nuestras opiniones, más polarizado, lo que refuerza nuestra percepción y acaba radicalizándola. Esto impide que accedamos a visiones plurales. Fragmenta el acceso al conocimiento y dificulta la comprensión. Socava la confianza, el diálogo informado y la conformación de un sentido compartido de la realidad.

Las consecuencias del autoritarismo online no acaban aquí. A nivel geopolítico chocan cada vez más fuerte las visiones enfrentadas. Hace tiempo que China construyó su Gran Muralla digital, y está atrayendo a su órbita a otros países a quienes “ayuda” a construir su infraestructura digital, en el marco del proyecto de la Ruta de la Seda digital. Rusia está haciendo pruebas de desconexión de la internet global para funcionar con su propia red. Se habla, con mayor o menor acierto, de la Guerra Fría digital, y de las ciberguerras que ya se están librando online. ¿Y si estos países terminasen marcando las reglas de juego?

Contra esa visión necesitamos una coalición de democracias cuyos valores compartidos sean los suficientes y lo suficientemente fuertes como para que sea posible un cambio real. A esto lo llamo la Alianza Democrática por la Gobernanza Digital. Y hago una llamada explícita a la historia: uno de los desafíos fundacionales de la Alianza de Naciones después de la I Guerra Mundial fue que Estados Unidos no se uniera. Esta vez, EE UU y la Unión Europea deben ser los promotores de este esfuerzo.

Es el momento de crear ese frente democrático común que establezca un marco general de gobernanza de internet. Que neutralice los efectos negativos de la revolución digital frente a la amenaza de un presente online antidemocrático. Que diseñe y ponga en marcha nuevas instituciones, leyes y procesos. Que deje de relegar a las personas y a la sociedad a meros consumidores online, a meros números. Que nos devuelva el estatus de ciudadanos frente a la etiqueta de “usuarios”.

Como con la Revolución Industrial, hemos llegado a un punto que resulta insostenible. Defender, fortalecer y renovar la democracia pasa hoy por la gobernanza digital. Por ella pasa también evitar que sigamos reproduciendo las miserias humanas en el metaverso. Sí, necesitamos una entidad supranacional para hacerlo, pero para llegar a ese punto lo que necesitamos primero es que la sociedad civil lo exija.

Según la regla del 3,5%, solo se necesita que ese porcentaje de población se movilice activamente para garantizar un cambio político serio. Alcemos la voz y digámoslo alto y claro: “Somos ciudadanos, no usuarios”. Exijamos que Biden y los líderes mundiales pongan su mirada en garantizar el desarrollo democrático del presente y el futuro digital, y una prosperidad compartida. Así pasó con la Revolución Industrial, y así debe suceder con la Revolución Digital. Estamos a tiempo.