Abusos laborales

La negociación para la reforma laboral (o la reforma de la reforma) no ha fructificado aún en acuerdos relevantes. Pero parece avanzar a mejor ritmo mientras desbroza los obstáculos que la bloqueaban. Influye en este mejor clima la “nueva metodología” del Gobierno al haber incorporado a todos los ministerios implicados en la confección de sus borradores y otorgar la supervisión del proceso a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. La acusación de injerencia quedó neutralizada con relativa rapidez por Yolanda Díaz y todos comprendieron al cabo que un acuerdo entre agentes económico y sociales y el Gobierno de la nación —que representa a todos— no puede limitarse a afianzar la sintonía entre las izquierdas políticas y sindicales afines.

La primera cosecha del enfoque corregido ha sido la nueva propuesta contra la dualidad y la precariedad para convertir los contratos temporales en la excepción a la regla de los contratos fijos y sus variantes (fijos discontinuos). No sobra recordar, porque sigue siendo la gran asignatura pendiente, que el abuso en la contratación laboral constituye la principal lacra del mercado de trabajo español. La reforma de 2012 liderada en solitario por el PP no solo no la erradicó sino que la perpetuó y amplió. Fue un fracaso, en este aspecto nuclear, sin paliativos, sobre todo porque los abusos no son episódicos, sino estructurales. Los distintos planes de choque ejecutados de la Inspección de Trabajo desde 2018 han concluido en centenares de miles de regularizaciones. Es decir, han detectado y resuelto una ingente cantidad de concatenaciones fraudulentas de contratos temporales que alarman y erosionan la confianza del trabajador en el sistema. De facto, son fijos.

Con toda razón, esa temporalidad ilegal es la recriminación central que tanto la Comisión Europea como el Consejo, y varias sentencias del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, han dirigido reiteradamente al mercado laboral español. Las veladas y vergonzantes amenazas de que la patronal acudirá a Bruselas para ir contra el Gobierno de España, lanzadas por el jefe de su Comisión de Economía, ex secretario de Estado del PP y delegado de los Rothschild en España, Íñigo Fernández de Mesa, están claramente fuera de lugar. Conviene más bien seguir la senda marcada por el Ejecutivo y algunas de las modificaciones en marcha: Yolanda Díaz cambió su postura inicial en este asunto al renunciar a un cupo de temporales del 15%, igual para las multinacionales que para los talleres, y hoy asume distintos tratamientos según el tamaño de las empresas y un límite máximo común de tres meses para encadenar un mismo contrato temporal. No parece haber graves lamentaciones con esta segunda fórmula, lo cual sugiere que el enfoque más adecuado para este arduo y complicado pacto habrá de ser la inteligente combinación de firmeza y flexibilidad.