Palabras envenenadas, políticas sanas

Si estás esperando en las urgencias de un hospital y oyes que se ha “privatizado”, te suben las pulsaciones y la presión sanguínea. Pero si escuchas que el hospital es una “colaboración público-privada”, te tranquilizas. En el fondo, debería darte igual, pues ambos conceptos se refieren a lo mismo: la externalización de los servicios públicos a un proveedor privado. Pero muchos políticos, para dar miedo, prefieren el término privatización, que lleva cuernos y rabo.

Llamar privatización a que una empresa gestione un servicio financiado públicamente no sólo es falso, sino anti-progresista. Como nos enseña la experiencia de los países con Estados de bienestar más avanzados, externalizar actividades públicas a actores privados competitivos ayuda a evitar la verdadera privatización, que es que el Estado no pueda proporcionarte un servicio (a tiempo). Ya sucede en educación infantil, material escolar, salud bucodental, fisioterapia, operaciones quirúrgicas, dependencia y otras prestaciones que pagamos de nuestros bolsillos a empresas privadas.

La izquierda en general ―y española en particular― se empeña en desprestigiar las externalizaciones, con lo que me pregunto cuál es su objetivo. El progresismo debería aspirar a que cada euro público maximizara el bienestar ciudadano. Si unos marcianos filántropos nos cedieran sus ovnis como centros de salud a un precio irrisorio, deberíamos contratarlos. Con el dinero sobrante podríamos, por ejemplo, tener un ingreso mínimo vital más generoso.

Pero muchos políticos rechazarían esa oferta alienígena, de la misma forma que rescinden contratos con empresas de salud que suponen un ahorro a las arcas públicas. En el proyecto de ley sanitaria, Podemos quería erradicar todas externalizaciones del mapa sanitario nacional. El PSOE se resiste, pero establece la “gestión pública directa” como “fórmula de gestión preferente”. O sea, ponen el interés de los trabajadores públicos ―por loable que sea― por encima del bien común.

La ley elimina los copagos, cuando debería extenderlos. Si los españoles abonáramos 20 euros cada vez que vamos al médico, con un tope anual de 100, el Estado podría recaudar 2, 3 o 4.000 millones, suficiente para compensar a quienes no pueden pagarlo o ¡doblar! el IMV.

Privatizaciones y copagos favorecen a los hogares más necesitados. Y, para mí, eso es ser de izquierdas. @VictorLapuente