La colaboración público-privada coge carrera

No podemos volver a la economía de antes del virus ni puede ser excusa para dejar de lado nuestros objetivos", decía Pedro Sánchez el miércoles con motivo del Consejo Ministerial de la OCDE, presidida este año por España. Luego remarcó la gran oportunidad que supone para avanzar hacia un patrón de crecimiento más verde, más digital, más resiliente y más inclusivo. Es decir, el mensaje del Plan de Recuperación para destinar a buen fin los fondos europeos y que persigue también el proyecto de Presupuestos, presentado ese mismo día en el Parlamento.

Por ahí va la cosa. Acabó la semana, que ha sido un goteo de resultados empresariales con doble lectura (siguen siendo una sangría en el conjunto del año, pero muestran mejoras en el último trimestre), con la publicación de que la economía española ha tenido un rebote del 16,7% entre julio y septiembre. Un dato que no pasa de ser un alivio, ya que solo supone una recuperación del 59% de lo perdido, y que la propia vicepresidenta tercera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha relativizado, porque en tasa anual marca una caída del 8,7% y porque la pandemia ha tomado brío y amenaza con volver a hacer estragos.

De ahí que resulten casi obligadas las palabras del presidente y un reclamo para que las empresas no se quiten el mono de trabajo. Parece que por ellas no va a quedar, como demuestran las palabras que pronunció Marc Puig, presidente del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), en el Congreso en el que se estrenaba en el cargo ante la vicepresidenta Calviño: “Tenemos una oportunidad de modernización, de propiciar el siguiente salto a nuevas cotas de desarrollo tecnológico, ecológico y de productividad. Esa apuesta es, a la vez, una de las claves de la salida a la crisis. La distribución del Fondo de Recuperación no va a resolver todos nuestros problemas, pero es un punto de apoyo que no debemos desaprovechar. Los empresarios familiares tenemos mucho que aportar, muchísimo, para garantizar un uso eficaz de esas ayudas que permita que las empresas ganen competitividad y creen nuevos y mejores empleos”.

Se veía que el empresario catalán (tercera generación del grupo de perfumería) había preparado a conciencia su discurso a sabiendas de que lidera un colectivo muy representativo (70% del empleo, 90% de las empresas y 60% del PIB nacional). También por eso se atrevió a pedir al Gobierno que deje otras prioridades para centrarse en la protección del tejido empresarial, al tiempo que ofrecía “el pleno compromiso y la total disponibilidad para colaborar en la identificación de proyectos, garantizando que nuestra colaboración, institucional y desinteresada, se traducirá en realidades tangibles, en empresas más eficientes y competitivas, en empleos de mayor valor añadido, en más bienestar”.

También la patronal se ha comprometido a elaborar una propuesta en ese sentido. Voluntad existe a raudales para que la colaboración público-privada coja carrera. Un objetivo no escrito es que por cada euro que ponga el Estado puedan movilizarse cuatro privados.

Precisamente en eso es en lo que está metido a fondo el Ejecutivo, trabajando a varias manos y coordinado por Manuel de la Rocha desde el gabinete de Presidencia. Se trata de que el Real Decreto-ley que se prepara defina el marco para encauzar esa colaboración y permita desarrollar con más garantías los fondos europeos y tenerlo listo antes de fin de año. “No es lo mismo hablar de la agenda urbana sostenible, en la que la articulación correrá a cargo de ayuntamientos y comunidades autónomas, que del programa de eficiencia energética de las viviendas, en el que la coordinación con las empresas tendrá determinadas características, o de la digitalización de las pymes, que exigirá otro tipo de instrumentos”, explicó la vicepresidenta.

Es decir, centrar las preferencias en base a parámetros básicos como los sectores innovadores (hidrógeno verde, baterías, 5G...), los incentivos regionales y las ayudas a pymes, sin olvidar que no hay que vulnerar las reglas de competencia. Y orientar la colaboración público-privada a través de consorcios, ayudas y subvenciones u otro tipo de instrumentos, aprovechando las sinergias con el sector financiero, que, como se ha demostrado con los avales del ICO, permiten canalizar las inversiones, dejando abierta la posible dinamización de proyectos transfronterizos con empresas de distintos países.

En ese desarrollo seguramente se planteará suprimir leyes innecesarias porque suponen trabas y agilizar o adaptar otras que ayuden a mejorar la colaboración público-privada como la de Subvenciones y la de Contratos Públicos.