Farsa en Nicaragua

Nicaragua vivió este domingo uno de sus días más tristes. Con los principales líderes de la oposición encarcelados o exiliados, las elecciones presidenciales consumaron una farsa que solo busca la perpetuación de Daniel Ortega en el poder. Carentes de validación alguna, los comicios deben marcar un punto de inflexión en las relaciones con un régimen que ya hace mucho que se quitó la máscara y de cuyo despotismo no cabe la menor duda. Es hora de que la comunidad internacional trate a Ortega en consecuencia.

Mientras el régimen intentaba imponer (sin éxito) una narrativa de normalidad a la jornada electoral, en las cárceles penaban en condiciones lacerantes cientos de detenidos por las protestas de 2018. Junto a ellos estaba la treintena de líderes civiles y políticos a los que Ortega y su esposa, Rosario Murillo, erigida en segundo poder del Estado, ordenaron apresar en los últimos meses para evitar su participación en una elección democrática. En estas condiciones, la felicitación y el reconocimiento que dio a Ortega el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no fue otra cosa que un acto más en esta enorme farsa.

Las cifras ofrecidas por el régimen sobre la pretendida victoria de Ortega (75% de los votos y una participación del 65%) son un puro dislate que ningún organismo internacional ha reconocido. Por el contrario, organizaciones independientes como Urnas Abiertas apuntaron a que la abstención había superado el 81,5% y encuestadoras como Gallup indicaron que un 65% hubiese votado a cualquier candidato que no estuviese en la órbita de Ortega, con independencia de su perfil político o ideológico. Particularmente contundente ha sido el posicionamiento del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien advirtió de que utilizará todas las herramientas diplomáticas y económicas para exigir responsabilidades tanto a Ortega y Murillo como a quienes han facilitado los abusos. En esa misma línea se mostró, antes del domingo, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. La presión de la comunidad internacional tiene que ser decidida y exigente para terminar de una vez por todas con los abusos represivos en Nicaragua.

Nadie duda de que Ortega buscará más pronto que tarde una negociación que le otorgue alguna apariencia de legitimidad democrática y apertura política: utilizará a los cientos de presos como rehenes. Ahí cobrará especial importancia la fuerza que ejerzan desde fuera la comunidad internacional y, desde dentro, el sector empresarial. Antaño gran aliado del gobernante sandinista, la iniciativa privada ha recibido los embates del régimen hasta el punto de que el presidente y vicepresidente de la patronal también han sido detenidos, pero aún conserva cierta influencia y debería usarla para evitar la perpetuación de la autocracia. Cualquier balón de oxígeno que reciban Ortega y Murillo será a costa de una condena mayor para la sociedad de Nicaragua.