Neofascismo en Chueca: un síntoma

La existencia en la sociedad española de grupúsculos de extrema derecha ha generado, ya demasiado a menudo, situaciones que han puesto contra las cuerdas los valores de tolerancia y liberalidad democrática que ellos mismos niegan a los demás. Alemania ha tenido contra sus rebrotes neonazis una actitud intransigente que España aún está lejos de alcanzar. El exhibicionismo neofascista y bravucón ha conseguido pasearse impunemente por las calles sin que nada haya logrado atajar o prevenir su incivismo insultante. Algo de eso sucedió hace unos días en Chueca: una manifestación comunicada a la Delegación del Gobierno como contraria a la Agenda 2030/2050 discurrió fuera de esas previsiones e incurrió repetidamente en la exhibición de simbología antidemocrática y en consignas que pueden ser examinadas bajo la perspectiva de los delitos de odio contra el colectivo LGTBI.

El caso merece una reflexión más allá de la coyuntura concreta y las triquiñuelas que los convocantes han encontrado para no poner en riesgo la marcha (que no debe ser autorizada, solo comunicada y, en su caso, prohibida). Nadie declara ante la autoridad competente querer organizar una concentración homófoba, racista, nazi o xenófoba, aunque sea la exhibición ruidosa de estas actitudes lo que realmente persigue. Tampoco la sobreactuación preventiva es el mejor instrumento para combatir estas prácticas, pero sí puede serlo incorporar una diligencia más exigente en el estudio de las comunicaciones de manifestación, al menos cuando existan evidencias de posible abuso de derecho o antecedentes de prácticas parecidas. No se trata de incorporar una estrambótica presunción de culpabilidad frente a concentraciones promovidas por determinados grupos de reincidentes habituales. Están en su derecho de manifestación. Pero cuestión distinta es que se pase por alto lo ocurrido, ahora que la realidad ha desmentido una vez más la intención teórica que impulsó la convocatoria por parte de una presunta asociación de vecinos. El motor real de esa convocatoria fue, según se vio en el transcurso de la exigua marcha, el hostigamiento contra segmentos de la población que merecen una protección adicional.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha pedido la acción de la Fiscalía para interesarse en el caso. La asociación vecinal convocante ha sido ya identificada al menos en otra ocasión con un perfil filonazi y a la marcha se sumaron asociaciones de ese signo desde distintos puntos de España. Que se sume un número reducido de personas no mitiga el daño que causan ni la intimidación que engendra la homofobia jaleada bajo vigilancia policial. Más allá del recorrido en los tribunales que tenga el caso conviene señalar que ese episodio, en sí mismo menor, se suma a la retahíla de comportamientos que, amparándose en la libertad de expresión y manifestación, conculcan de manera frontal y directa los valores que defiende la sociedad española de forma mayoritaria.

No todo lo que nos repugna es delito, pero la propagación del odio no puede ser asumida como inevitable o amparada en la libertad de expresión. Corresponde a las fuerzas políticas un posicionamiento sin titubeos, como ha sucedido en las últimas horas con todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox, que ha preferido difundir un bulo. La unidad política es el camino.