Bonanza desigual en la vivienda

La recuperación económica también se está reflejando en la de los precios de la vivienda libre: subieron un 3,3% en el segundo trimestre del año con respecto al mismo periodo del año anterior. Se trata del ascenso más acusado desde finales de 2019, según el último Índice de Precios de Vivienda del Instituto Nacional de Estadística (INE). Son 29 los trimestres de crecimientos interanuales, rompiendo la tendencia a la moderación que se inició a partir del primer trimestre de 2020.

Se trata de señales favorables para las familias propietarias de esos activos, en la medida en que afianzan el efecto riqueza que fortalecerá la confianza y, con esta, las decisiones de gasto, necesarias para asentar la recuperación. Ese aumento de valor también suaviza la importancia relativa de los pagos del servicio de la deuda de aquellas viviendas que han sido financiadas mediante hipotecas. Pero todo esto ocurre siempre en las familias con empleo y rentas suficientes que les permiten atender sus compromisos.

Pero esos vientos de cola no son de ningún modo homogéneos entre todas las familias propietarias de vivienda. En paralelo al aumento de la demanda y de los precios, se aceleran los procedimientos de ejecución hipotecaria de aquellas familias, normalmente de menor renta y mayor precariedad en el empleo, que como consecuencia de la pandemia han tenido dificultades para atender sus pagos. También según el INE, las ejecuciones hipotecarias se incrementaron un 253,2% entre los mismos meses de abril y junio respecto al mismo trimestre del año pasado. La pandemia obligó a la paralización de numerosos procedimientos en los registros de la propiedad y juzgados, pero no impidió que el volumen de ejecuciones ascendiera por primera vez desde 2014.

La normalización de esos procedimientos de ejecución amenaza a numerosas economías familiares. Aunque no en todos los casos, las ejecuciones hipotecarias son el paso previo a los desahucios. Impedirlos depende de que, según la norma hasta ahora vigente que los paralizaba, se demuestren especiales condiciones de vulnerabilidad derivadas de la pandemia.

Esa moratoria vence a finales de este mes, y es probable que el Congreso de los Diputados la extienda. Pero tiene que hacerlo suficientemente para que ese “escudo social” siga favoreciendo la normalización de las obligaciones de pago de aquellas familias más dañadas por la crisis, especialmente las trabajadoras en sectores con más difícil o lenta recuperación. De esto dependerá que la bonanza en ciernes no sea desigual, privando del principal activo a familias que a la sazón han sido las más castigadas por las consecuencias de la pandemia. Que la economía vuelva a crecer de ninguna manera significa que la inquietud por la mera supervivencia haya desaparecido en numerosos ciudadanos de nuestro país.