La duración de la crisis de la pandemia dispara las ejecuciones hipotecarias

Crecen los procedimientos para poner en marcha los embargos de viviendas. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), las ejecuciones hipotecarias se dispararon un 253,2% entre los meses de abril y junio respecto al mismo trimestre del año pasado. En total, en ese periodo se reclamaron 3.243 viviendas habituales (el domicilio principal) por impago del crédito. Ese espectacular incremento se explica por el Estado de alarma decretado por el Gobierno el 14 de marzo de 2020, que llevó a un confinamiento duro que llegó a afectar a todos los trabajadores, salvo los dedicados a servicios esenciales. La reclusión implicó que quedaran paralizados cientos de procedimientos en los registros de la propiedad y juzgados, pero no evitó que el volumen de ejecuciones creciera por primera vez desde 2014. Es incluso mayor que antes del registrado en el mismo periodo de antes de la pandemia. Fuentes judiciales ven también detrás de esas cifras el deterioro de las economías de los hogares a causa de la pandemia, aunque los números están a años luz de los alcanzados durante la Gran Recesión gracias al escudo social aprobado por el Gobierno.

Después del largo parón que supuso la pandemia, el regreso de la actividad económica y administrativa ha implicado el reinicio de los procedimientos de ejecución hipotecaria. El INE señala en su comunicado que el 17 de marzo de 2020 el Gobierno aprobó un decreto de medidas extraordinarias que permiten moratorias en el pago de la deuda, la flexibilización de los plazos o créditos proporcionados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). A pesar de esa pata del llamado escudo social, las ejecuciones han vuelto a despegar. Los 3.242 procedimientos abiertos entre abril y junio no son solo superiores a los 918 del mismo periodo de 2020, sino también a los 1.407 del año anterior. Por semestres, en los seis primeros meses de 2019 hubo 2.933 ejecuciones, mientras que hasta junio de 2021 se produjeron 6.450. Es decir, se han disparado más del doble y, de hecho, supera el volumen total experimentado en 2019 (5.361).

Como recuerda el INE, no todas las ejecuciones acaban en desahucio, aunque sí suelen ser el primer paso de la pérdida de la vivienda. Estas constituyen, en realidad, la reclamación de una propiedad tras haberse producido impagos de entre 12 y 15 mensualidades o entre el 3% y el 7% del capital, de acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo de 2019. Aun así, esa estadística sí es un termómetro de las dificultades económicas que tienen las familias para hacer frente al pago de sus hipotecas. Ignasi Vives, abogado del despacho Sanahuja Miranda, explica que estos datos pueden ser un “indicador” de un futuro aumento de los desahucios, pese a que ahora estos están paralizados “si se acreditan especiales condiciones de vulnerabilidad como consecuencia de la covid-19″. “Tristemente, apunta a que irá a peor”, lamenta. La moratoria está vigente hasta finales de este mes, si bien el Congreso adelantará al lunes que viene el pleno que debe convalidar su prórroga hasta el 31 de octubre.

Fuentes judiciales consultadas explican que el incremento responde a la tramitación de una bolsa de reclamaciones que estaba estancada por los retrasos que ha supuesto la covid-19, pero también reflejan la mala situación económica que empezaron a atravesar algunas familias al comienzo de la pandemia. “Es una mezcla. Ahora se rebaja la pandemia, pero no sus consecuencias. Muchas actividades siguen muy afectadas, desde el turismo al ocio nocturno. Y muchos trabajadores en ERTE”, explica Vives.

Aun así, los números también indican que, por ahora, el escudo social está funcionando. “Hay una gran diferencia respecto a lo que sucedió en la anterior crisis gracias a medidas como los ERTE o las moratorias, a pesar de que una crisis como la de 2020 no la vivíamos en tiempos de paz desde 1868″, señala Gonzalo Bernardos, profesor de la Universidad de Barcelona. Con datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2008 y 2009 hubo más de 90.000 ejecuciones hipotecarias cada año, mientras que el año pasado se registraron cerca de 20.000. La serie del INE arranca más adelante, en 2014. Y ese año, el primero de crecimiento tras la larga crisis de 2008, se producían alrededor de 12.000 ejecuciones hipotecarias trimestrales. La asociación de usuarios de banca Adicae reclamó este martes una moratoria de dos años en ejecuciones y desahucios y pidió a las entidades financieras que no se aprovechen de la “vulnerabilidad” de sus clientes.

Casi la mitad, hipotecas firmadas en el pico de la burbuja

El 70% de las ejecuciones de viviendas corresponden a domicilios en los que residen familias particulares, mientras que el resto está en manos de empresas privadas. Los impagos por parte de compañías también crecieron: un 24,2% respecto al trimestre anterior y un 5,9% en relación con el mimo periodo de 2020. La tendencia ha sido mucho más clara en el caso de los particulares, puesto que las ejecuciones no han hecho sino crecer trimestre a trimestre después del atasco del periodo del primer Estado de alarma. También se triplicaron las ejecuciones de las denominadas “otras viviendas”, que engloban sobre todo segundas residencias. Los datos no incluyen, en cambio, los desahucios en viviendas de alquiler, que las entidades sociales denuncian que siguen siendo de mayor magnitud.

El INE sigue reflejando las consecuencias de la burbuja inmobiliaria que vivió España en la década de 2000. En concreto el 45,9% de las ejecuciones iniciadas en el segundo trimestre corresponden al periodo de entre 2005 y 2008, cuando los precios de la vivienda tocaron techo. “Por primera vez desde el inicio de esta serie, representan menos de la mitad”, indica Ferran Font, director de Estudios del portal pisos.com, quien cree que las ejecuciones hipotecarias están volviendo a niveles anteriores a la pandemia. En comunidades como Andalucía o Cataluña, sin embargo, la proporción de casas compradas durante esos años sigue siendo superior al 50%. Por autonomías, Andalucía (1.349), la Comunidad Valenciana (1.191) y Cataluña (1.175) fueron las comunidades en las que hubo más ejecuciones hipotecarias.