La pandemia redujo las sentencias por impago de alquiler un 21% el año pasado

La pandemia de coronavirus trajo consigo una crisis económica y, fruto de ello, nuevas dificultades para algunos inquilinos. Pero eso no se tradujo en un aumento de la conflictividad en los juzgados por este motivo. O al menos no lo refleja la Estadística de litigios en arrendamientos urbanos que ha publicado este miércoles el INE, relativa al conjunto de 2020. Según los datos del instituto, las sentencias emitidas el año pasado por asuntos relacionados con el alquiler de vivienda fueron 10.890, frente a 12.909 el año anterior: una caída del 15,6%. Y esta es aún mayor si se observa exclusivamente aquellas sentencias en las que la base del conflicto era un impago (lo que incluye también cuestiones relacionadas con la devolución de la fianza). Estas sumaron 7.358 casos por lo que fueron, un año más, la causa más frecuente de litigio. Pero la caída con respecto a 2019 es más abultada que la general: un 21,3%. La reducción, en términos anuales, afectó a más de una de cada cinco sentencias.

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Varias causas pueden ayudar a explicar esos porcentajes. De un lado, hay que tener en cuenta que, sobre todo durante el primer estado de alarma —vigente del 14 de marzo al 21 de junio del año pasado—, la actividad judicial (como la actividad económica general) sufrió una paralización importante. Con los juzgados cerrados salvo para cuestiones urgentes, es normal que se emitieran menos sentencias. En cuanto al hecho de que las derivadas de impago retrocedan más que el número total, una posible explicación se encuentra en las diferentes medidas de apoyo a los inquilinos impulsadas desde las administraciones. Y, en cualquier caso, cabe suponer que también hubo acuerdos privados entre inquilinos y arrendadores y una mayor flexibilidad de estos últimos a la hora de exigir las rentas, dadas las dificultades económicas que atraviesa España.

La otra causa de litigio, entre las que desgrana el INE y que puede relacionarse con la pandemia, es la que hace referencia a las denegaciones de prórroga. En estas sí parece notarse un efecto más claro de las medidas que adoptó el Gobierno al respecto, ya que en el contexto de caída general, los asuntos por esta causa crecieron un 1,7% con respecto a 2019 para situarse en total en 808 sentencias (la tercera causa más frecuente, por detrás de los impagos y la categoría “otros”). Al respecto hay que señalar que prácticamente desde los primeros compases de la pandemia, un decreto obligó a prorrogar durante seis meses, sin modificar las condiciones del contrato, los alquileres que fueran a vencer durante el estado de alarma y los meses siguientes. La norma se ha ido prorrogando posteriormente y todavía está vigente, de manera que los inquilinos que van a ver extinguido su contrato próximamente cuentan con medio año extra de arrendamiento para buscar una alternativa.

Ni el caso de los impagos ni en el de los conflictos derivados de la prórroga se observa, sin embargo, un cambio en la manera en que acaban los litigios. En ambos supuestos las sentencias estimatorias se situaron en 2020 ligeramente por encima del 80%, en línea con los años anteriores. Si se atiende al conjunto de sentencias por causa de arrendamientos urbanos de vivienda, sucede lo mismo. El año pasado se estimaron favorablemente un 82,5%, que es casi el mismo porcentaje (82,9%) que en el año previo.

Subida en cinco comunidades

Por comunidades autónomas, en cinco de ellas sí se observaron incrementos de las sentencias por impago. En Navarra, por ejemplo, se dispararon un 38%, peor hay que tener en cuenta que ese porcentaje se basa en una muestra relativamente pequeña (61 sentencias) por tratarse de un mercado de arrendamiento relativamente modesto. Lo mismo sucede con Cantabria (24%), Extremadura (16%) y Aragón (2%). El único caso más significativo, por el volumen de arrendamientos autonómico, es el de Baleares, donde las sentencias por impago aumentaron un 3% el año pasado.

Entre los cuatro grandes mercados autonómicos de arrendamiento, tres de ellos (Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana) registraron una caída del número de sentencias derivadas de impago superior a la media, con entre un 27% y un 36% de retroceso en función del territorio. Pero en el mayor mercado de arrendamientos, Cataluña, la reducción fue muy inferior: las 2.232 sentencias dictadas el año pasado suponen un 7% menos que en 2017. Entre el resto, La Rioja (-46%) es la que lidero los porcentajes negativos, aunque de nuevo hay que tener en cuenta que se trata de cálculos sobre muestras pequeñas (29 sentencias, en este caso).

En cuanto a los decretos, es decir, los casos en que no se llegó a emitir sentencia porque la causa se extingue antes, estos fueron en el caso de los litigios derivados de impago más de 28.433, un 16,5% menos que en 2019. En algo más de 12.000 casos (un 20,9% menos que el año anterior), el proceso terminó por devolución de la posesión de lo que se reclamaba mientras que en casi 14.000 casos (un 11,1% menos), la causa se archivó por el motivo que fuera.

La estadística del INE recoge, además, las sentencias emitidas por conflictos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos en casos distintos del de vivienda (donde caben desde alquileres de locales comerciales hasta litigios por garajes o trasteros). En cifras totales, estos motivaron el año pasado 1.567 sentencias, un 8,4% menos que en 2019. De nuevo, la inmensa mayoría de los litigios traían por causa un impago, sumando 1.202 casos o lo que es lo mismo: un 10,8% menos que en el año anterior.