Facturas infladas en la tarifa eléctrica

L a Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha detectado que algunas comercializadoras eléctricas facturaron indebidamente de más a sus clientes con el cambio de metodología de la tarifa de la luz, que desde el 1 de junio introdujo la facturación por horas punta, llana y valle. Según el organismo supervisor, algunas comercializadoras no han adaptado correctamente los contratos de suministro de sus clientes a los cambios normativos del 1 de junio, lo que ha supuesto, en casos puntuales, que el término de energía medio facturado llega a ser nada menos que un 30% superior al que correspondía. Esa actuación solivianta a los consumidores: agrava el encarecimiento de la electricidad hasta niveles récord, causados sobre todo por el mayor precio temporal del gas y los costes de emisión de CO2.

El organismo ha cumplido su función supervisora al comprobar si las comercializadoras aplicaron adecuadamente las nuevas tarifas y ha solicitado a las que han inflado las facturas que refacturen, apliquen el precio adecuado y compensen a los afectados. Algunas (¿cuántas?) ya están aplicando regularizaciones. Pero la CNMC no ha abierto aún expedientes, ni impuesto sanciones ni desvelado las empresas que han cobrado de más, como reclaman las asociaciones de consumidores. Esa falta de transparencia extraña. En la práctica supone apuntar contra las grandes eléctricas (productoras, a la par que comercializadoras, por sí mismas o mediante filiales), que, sorprendentemente, no han reaccionado.

La gran mayoría de compañías, según la CNMC, ha trasladado adecuadamente la variación en los nuevos peajes (precios regulados destinados a recuperar los costes de las redes de transporte y distribución). Pero algunas han incluido, de paso, sin fundamento y con opacidad, un aumento en el coste de la energía, a veces engañando a los clientes al decirles que lo ocasionaba la nueva tarifa por horas. Extendida o limitada, es una práctica abusiva y reprobable que solo alimenta la irritación social y la desconfianza en el sistema eléctrico.

Nada debería impedir conocer la identidad de los incumplidores y castigar su temeridad de acuerdo con la ley. Ello favorecerá a los consumidores, al facilitarles reclamar, pues la opacidad y complejidad de la factura eléctrica dificulta al cliente medio saber por sí mismo si ha sido sometido a abusos. Además, la publicación tendría un efecto disuasorio frente a la comisión de irregularidades tan disparatadas en el futuro.

No solo a ellos interesa aclarar quién se ha saltado las reglas. También a la mayoría de las empresas que, según la CNMC, ha adaptado bien sus contratos: para no ser confundidas con las que merecen el estigma social por quedarse indebidamente con dinero de sus clientes.