Reforma eléctrica

La considerable escalada del precio de la electricidad en España está provocando lógico malestar entre los consumidores y un intenso debate acerca de las soluciones. El Gobierno ha impulsado recientemente varias medidas que van en la dirección correcta, pero resultan insuficientes para paliar la actual subida, que tiene en el incremento del coste del gas y de los derechos de emisiones del CO2 dos factores clave. En busca de soluciones, las miradas se concentran precisamente en el mercado europeo de los derechos de emisiones, y en el mayorista que fija el precio en España. Es sobre todo en el segundo, en el que hay un margen de maniobra nacional dentro del marco común europeo, donde hay que espolear un debate para hallar mejoras.

El régimen de comercio de derechos de emisión europeo es un instrumento pionero y eficaz. Estableciendo un precio para el CO2, se busca favorecer que industria y consumidores se decanten progresivamente por tecnologías limpias. Los comienzos del sistema europeo no fueron fáciles. Debido a la sobreasignación de derechos y los efectos de la caída en la actividad económica durante la crisis financiera, durante años el precio se situó en niveles muy bajos, insuficientes para enviar una señal dinamizadora a productores y consumidores. Varias reformas —junto con el incremento de la ambición climática de la UE y algunos factores coyunturales— han incrementado el precio del CO2 hasta los 50 euros por tonelada, prácticamente duplicando el valor medio del año pasado. Con todo, ese precio se sitúa lejos del verdadero coste social del CO2: el FMI estimaba el pasado mes de octubre que debería aumentar hasta 150 dólares por tonelada para cumplir con los objetivos climáticos.

Precisamente el exitoso desarrollo del mercado europeo del CO2 ha llevado a la Comisión Europea, apenas hace unos días, a proponer su extensión a la edificación y al transporte. Pero un régimen tan complejo como este es susceptible de mejora y aparentemente han surgido comportamientos especulativos a los que se puede hacer frente regulatoriamente. Sin embargo, no es lógico intentar descargar en ese mercado europeo las urgencias nacionales derivadas de la escalada de los precios eléctricos.

El nudo gordiano se encuentra en otro sitio: en la fijación de precios mayoristas a través de un mercado marginalista, por el que se acaba pagando a todos los productores el nivel marcado por el actor más caro. El sistema, diseñado en los años noventa, tenía más sentido para un sistema eléctrico muy distinto del actual, en el que se preveía un protagonismo de tecnologías con costes variables altos, sobre todo el gas natural. El sector español, en cambio, ha evolucionado en dirección contraria, y más de un 70% de la producción actual procede de tecnologías con costes fijos altos, como las renovables o la nuclear. Las directivas europeas dejan un amplio margen a las autoridades nacionales para diseñar los mercados mayoristas, como demuestran las diferencias entre los mercados europeos. En el francés, por ejemplo, predominan los contratos bilaterales a largo plazo, como corresponde a un parque de generación de elevados costes fijos, que es justo hacia donde ha evolucionado el sector español. Es en esta línea en la que debería actuar el Gobierno para resolver una situación, el aumento de precios eléctricos, que empieza a ser un lastre no solo para consumidores domésticos e industriales, sino para la propia transición energética. Ojalá fuese posible en España un debate sosegado y pragmático en esta importante materia.