Teresa Ribera: “No es razonable que los consumidores estén pagando un precio tan alto”

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, llegó el miércoles a Nápoles, donde asiste jueves y viernes a la reunión del G20 sobre medio ambiente y clima, después de defender en el Congreso de los Diputados el real decreto de reducción del IVA y supresión del impuesto de electricidad de forma temporal para paliar la imparable escalada del precio de la luz, que está provocando inquietud entre los consumidores españoles. Aterrizó en la ciudad mediterránea con los ánimos caldeados por esta circunstancia. La electricidad marcó el pasado martes el mayor precio de la historia y desde entonces sigue encaramada en máximos, aunque con alguna rebaja casi testimonial. Esto llevó a la ministra a enviar una carta al vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, en la que le pide abrir el debate sobre el cambio de diseño del sistema energético, sobre todo en la fijación de precios, basado en el mercado marginalista, es decir, el de la última tecnología que entra en el pool (la combinación de energías, eólicas, fotovoltaicas, hidroeléctricas, nuclear, gas...) que marca el precio en el mercado mayorista. En este caso, es el gas natural, que se usa en las centrales de ciclo combinado, el último que entra en el sistema. Como es el más caro por la fuerte demanda de China y restricciones de Rusia contribuye a disparar el precio de la luz. A ello se suma la incidencia de la alta cotización de los derechos de emisión de CO₂, por encima de 50 euros tonelada, casi un 30% más que hace un año.

Ahí radica el debate abierto por la ministra. “Estamos abiertos a los análisis que se han venido haciendo sobre cómo diseñar el mercado para que funcione, bien incorporando renovables, de costes operativos bajos, una vez que se fuera facilitando la salida de energías generadas con recursos fósiles, de precios más altos. Hay distintas opciones; pero nos parece fundamental que desde el marco regulatorio europeo haya señales que den cobertura a iniciativas más novedosas sobre el mercado marginalista con el objetivo de generar señales de precios adecuados y una justa distribución de los beneficios de la transformación del mix de generación (las energías que entran en el sistema cada día para fijar el precio)”, dice Ribera en conversación telefónica con EL PAÍS.

La vicepresidenta plantea una modificación del sistema y destaca que “cuando existe un elenco de tecnologías que tienen precios que se manejan en una horquilla sin apenas diferencias, es sencillo poner un coste marginal; pero cuando la diferencia es tan grande y la energía que se toma como referencia [el gas natural] solo supone entre el 10% y el 15% de la electricidad que se produce, no es razonable que los ciudadanos estén pagando un precio tan alto”. Es decir, Ribera admite que el sistema sería adecuado si hubiera poca diferencia de precios entre unas energías y otras, pero en la actualidad cuando hay grandes diferencias entre la energía más barata y el gas natural esto provoca que aunque solo se use un 10% de energía diaria generada por esta fuente, todas se pagan al precio del gas, lo que dispara el precio de la luz.

Reformas para reducir cargas y peajes

Teresa Ribera aborda también los cambios ejecutados en el sistema español. “Hemos buscado otras formas de captación de precios en el mercado mayorista. Hemos pasado de ser un desierto en las firmas de PPA [contratos de compraventa] a convertirnos en la meca de PPA; hemos pasado de tener una sola tarifa a varias; cada vez hay más autoconsumo; estamos acometiendo reformas estructurales prestando atención al objetivo de reducir cargas y peajes y pensando de qué manera se puede contribuir desde todos los sectores con el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico”.

“Es importante mantener la calma”, comenta mientras señala la mala suerte de que los precios se hayan disparado justamente cuando se ponía en marcha el nuevo sistema tarifario para cambiar los hábitos de consumo. “No había ningún informe que manejara esta referencia de precios”, se explica. Luego añade: “Hay que concentrarse en los perfiles de población donde el impacto es real, no solamente los más pobres, sino también en las clases medias. Tenemos que hacer un esfuerzo, mientras cambia la regulación del mercado y logramos que haya una actitud diferente en Bruselas, no solo en el consumidor vulnerable, tenemos que extenderlo hacia arriba, no exactamente con las mismas medidas que las de pobreza energética porque el formato es diferente, pero con otro tipo de tarifa más protegida. Es un debate de fondo que no se puede improvisar”.

Y completa: “Nos queda una reflexión profunda sobre la fiscalidad porque cuando tengamos un mercado del todo renovable y el precio se estabilice en torno a 40 euros MWh de promedio, las cuentas fiscales serán otras.

Dudas sobre la gestión de Bruselas del mercado de CO₂

A la vista de la reacción de políticos, asociaciones de consumidores y ciudadanos el sistema actual es muy cuestionable desde el punto de vista económico y social. También lo es el coste del CO₂, que se va a discutir en el paquete Fit For 55, la propuesta legislativa europea para lograr una reducción de emisiones en Europa del 55% en 2030. Las empresas que producen emisiones tienen que comprar derechos de emisión de CO₂. Existe un mercado para la compraventa de estos derechos, que esta semana está en plena efervescencia. Para la ministra, los derechos de emisión representan un elemento transformador que facilita las inversiones, pero el precio que han alcanzado se está convirtiendo en una especie de guillotina implacable para los consumidores. Ribera se pregunta si es eficaz que la gestión esté centralizada en Bruselas. “Es un debate que se inicia ahora. No prejuzgamos, pero sí tenemos alguna duda sobre si es el más adecuado”, aduce mientras queda en el aire si se debiera asignar un sistema de comercio de derechos de emisión a sectores diferentes con unas reglas diferentes.

“Las expectativas de precios del mercado de emisiones han reventado. Ha saltado por los aires”

Según Ribera, “si este mecanismo sirve para dar señales de inversión, entonces el precio se tiene que mantener en el umbral que resulte razonable”. Recuerda que las previsiones de la Comisión contemplaban que estuviera en torno a los 25 euros para 2025 y a los 50/55 euros para 2030. “Estas expectativas se han reventado, ha saltado por los aires. Si, ni siquiera se contemplaba, merece la pena revisarlo”, afirma, para añadir: “Quizá lo más razonable es pensar que, una vez que la Comisión actúa como banco central (es decir, controla la liquidez y, por tanto, la horquilla de precios en la que se puede mover), nos podemos plantear cuáles son los operadores que pueden acceder al mercado. Si solamente pueden operar los incumbentes [las plantas que están obligadas a comprar y vender derechos] se pueden controlar los precios. Si puede comprar cualquiera es muy difícil mantener el formato inversor”.

Ahí pone el dedo en la llaga: “Hoy sabemos que una de las razones por las que han subido los precios es porque ha habido una toma de posición de inversores muy diferentes, en ocasiones extracomunitarios, que saben que este mercado ha pasado de ser un vector transformador a una especie de commodity (producto de comercialización que se puede intercambiar por otro similar, como las materias primas). Esto es delicado, porque queremos que funcione como vector transformador, no como algo sobre lo que ganar dinero. Los inversores se dan cuenta de la escasez de CO₂ y por ello invierten”.

A su juicio, se generan dificultades en la gestión del sistema con un notable impacto en los consumidores. “Debemos velar por que la transformación del sistema energético sea positiva y genere beneficios de la manera más rápida posible en los consumidores. Y no un sistema en el que hay otros beneficios para actores que no son fundamentales en este proceso de transformación”, sentencia.

El gas seguirá caro hasta febrero o marzo

El mercado de los derechos de emisión es una de las causas de que el precio de la electricidad se haya disparado junto con el del gas natural, que sufre alzas descomunales por la fuerte demanda en Asia (principalmente, China) y porque Rusia ha cerrado el grifo de suministro. Esta circunstancia ha provocado que Polonia y Alemania frenen la transición energética y consuman más carbón, que ahora les resulta más barato que el gas. Como consecuencia, se produce una especie de incentivo para los inversores y perjuicio para el resto, que sufre las consecuencias de que sea un precio único. La Comisión revisará en agosto las perspectivas del mercado, estando en juego si se retiran derechos para el año que viene, lo que miran con preocupación muchos de los países europeos, entre ellos España, sobre todo porque se calcula que el gas va a seguir caro hasta febrero o marzo, siempre dependiendo de Rusia.

Para Ribera, el vicepresidente de la Comisión Europea responsable de las políticas de cambio climático, Frans Timmermans, debe animarse a abordar el debate de fondo. “Vamos a tener que batirnos el cobre. Hay un grupo de países preocupados por los efectos sociales. Nos va a costar. Es importante insistir en ello. No soy sospechosa de querer reventar el mercado de derechos de emisión, ni la señal de CO₂ ni la transición energética; pero, si no se alivia, veo riesgos serios en el proceso para consumidores domésticos e industriales. No puede ser que la recuperación industrial de Europa encuentre obstáculos por una falta de cálculo sobre la capacidad real de este impacto. Desde el punto de vista del consumidor doméstico pasa lo mismo. Hay que pensar en un funcionamiento del mercado eléctrico adecuado a lo que es hoy el mercado, en el que las tecnologías se mueven en precios muy diferentes. Eso requiere una respuesta diferente, ya no me vale un único precio. Lo que creo es que hay que pensar el abanico de medidas”.