El sector eléctrico no admite más demoras

La situación del mercado eléctrico español no admite más demoras, y el Gobierno debería reaccionar con inmediatez. La escalada de los precios eléctricos ha continuado durante los meses de verano, alcanzando récords históricos en los últimos días, y coincide además con una ola de calor que llevará las temperaturas (y, por tanto, la demanda eléctrica) a niveles muy elevados. La bajada temporal del IVA aprobada a finales de junio ha sido ya prácticamente contrarrestada por el incesante incremento del precio mayorista de la electricidad. No se trata tan solo de un efecto coyuntural que tensiona a consumidores y empresas en un momento clave para consolidar la recuperación económica; la electricidad está llamada a cumplir un papel protagonista para el cumplimiento de los objetivos climáticos, cuya urgencia cada vez más apremiante ha sido confirmada esta misma semana por el panel científico de Naciones Unidas. Por eso, el alto precio de la electricidad empieza a representar también un lastre para avanzar en la descarbonización de las economías.

Son al menos dos los instrumentos que el Gobierno tiene en su mano para frenar la escalada de precios eléctricos. A finales de mayo, anunció el recorte de la retribución de hidráulicas y nucleares. Sin embargo, eligió entonces la vía del anteproyecto de ley, que requiere de largos meses de tramitación, en lugar del real decreto ley, que habría permitido su inmediata entrada en vigor, un instrumento que el Gobierno ha utilizado en otros casos en los que la urgencia estaba mucho menos justificada.

Parecida suerte ha corrido la creación del fondo nacional para la sostenibilidad del sistema eléctrico, ahora en tramitación parlamentaria después de más de seis meses de preparación normativa. España arrastra desde hace años una fiscalidad excepcionalmente alta en la electricidad y relativamente baja en los carburantes. Si las dudas entre sus socios parlamentarios persisten, el Gobierno debería actuar a través de la vía de urgencia y explorar todas las vías parlamentarias posibles, incluida la búsqueda de respuestas con el principal partido de la oposición, que debería mostrar más comedimiento en este tema, para corregir una situación que empieza a mostrar un grave riesgo de enquistarse.

La segunda vía de actuación requiere más reflexión, pero es también inaplazable. Se trata de reformar el mecanismo de fijación de los precios mayoristas eléctricos, diseñado a finales de los años noventa, cuando el gas natural estaba llamado a tener un papel predominante en el mix de generación eléctrica. Una fórmula a explorar es la de fomentar los contratos a largo plazo con el sistema, de forma que la retribución que perciben las tecnologías con costes fijos altos (como las renovables, nucleares o hidráulicas) no se vea alterada por las oscilaciones puntuales del precio del gas natural y otros combustibles fósiles, cuyo papel será cada vez más residual en el sistema eléctrico. Es cierto, como sostiene el Gobierno, que la situación del sector eléctrico es el resultado de las decisiones acumuladas en el pasado. Pero, en este momento, el Ejecutivo debería evitar la tentación de buscar responsables y poner todo su empeño en los instrumentos a su alcance.