Contra la vergüenza

La ciudad de Madrid tiene de nuevo desde este martes una calle dedicada al militar José Millán Astray, fundador de la Legión, notable símbolo del fascismo español y del militarismo ultranacionalista que inspiró los episodios más siniestros de nuestro siglo XX. La placa había sido retirada en 2017 por decisión del Ayuntamiento, entonces gobernado por la plataforma progresista de Manuela Carmena, en cumplimiento de la ley de memoria histórica de 2007 y tras el informe favorable de un comité de expertos. Dos asociaciones ultraderechistas recurrieron a los tribunales. Los jueces les dieron la razón en los casos de Millán Astray y otras calles (entre ellas Caídos de la División Azul) con el argumento de que la retirada estaba insuficientemente justificada. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ratificó la sentencia el pasado mayo y ordenó la restitución de las placas. El nombre de Millán Astray, autor de la frase “¡muera la inteligencia!”, luce ahora en el lugar que brevemente ha ocupado su coetánea Justa Freire, maestra y mujer pionera en la educación española. El simbolismo resulta insoportable.

Para quienes se oponen a cambiar los nombres franquistas de las calles con el argumento del olvido y la concordia, Millán Astray no es el mejor ejemplo al que agarrarse: el militar ya era un fanático sanguinario cuando la cúpula franquista lo usó como agitador y propagandista. Del mismo modo, la posición equidistante que pretende mantener la actual administración local madrileña, que afirma que no puede hacer nada, no es aceptable cuando se homenajea con dinero público a un personaje tan ofensivo para buena parte de sus gobernados. El Ayuntamiento renunció a defender en los tribunales la decisión de sus antecesores. Es inevitable ver en esta actitud pusilánime del alcalde José Luis Martínez-Almeida el afán de eludir conflictos con la ultraderecha, de la que el PP es rehén en cada vez más ámbitos de poder.

El caso evidencia también que la ley de memoria histórica carecía de fuerza para defender los objetivos que proclamaba. El mismo Ayuntamiento de Madrid incumplió la ley durante una década sin consecuencias, como lo hicieron muchas administraciones por toda España. El nuevo proyecto de ley aprobado en julio incluye un régimen sancionador para estos casos. Es deseable que se cierren de una vez los agujeros de esta legislación.

Los nostálgicos de la dictadura tienen todo el derecho a tratar de defender el siniestro legado de estos nombres. La Constitución que desprecian los protege. Pero los ayuntamientos no deben poner las calles, que son de todos, a su disposición. Poner esos nombres en una placa supone elevarlos a la categoría de homenaje público, que en la España actual es un insulto intelectual y una iniquidad política.