Marcha atrás en la desescalada en España

La fuerte expansión de los contagios registrados en España deja en evidencia otra desescalada gestionada de forma poco satisfactoria, con responsabilidades compartidas en niveles autonómicos y central. La campaña de vacunación procede bien y representa un sólido escudo; aun así, en los últimos días el número de hospitalizados se incrementa en unas 370 personas al día —ya casi 7.000 en total— y de nuevo eleva la presión sobre el sistema sanitario. En paralelo, la gran difusión del virus merma las perspectivas de atraer turismo internacional en la crucial temporada veraniega.

En conjunto, debe constatarse que la desescalada ha vuelto a pecar de exceso de optimismo. La decisión de levantar la obligación de mascarilla en ciertas condiciones en espacios abiertos se apoya en criterios correctos, pero contribuyó a difundir un mensaje equivocado de relajación generalizada. Las comunidades adoptaron decisiones demasiado permisivas que ahora, de forma tardía, rectifican. El marco legal —como señalaron desde el principio varios expertos y también este periódico— no ayuda, pues no garantiza agilidad y seguridad jurídica. Las comunidades necesitan recabar la autorización judicial para establecer restricciones y los tribunales responden de forma variable. Mientras Cataluña, Valencia o Cantabria han obtenido el aval para imponer toques de queda, Canarias, Extremadura o Navarra han visto cómo se les denegaba. Eso ha llevado al lehendakari, Íñigo Urkullu, a pedir al Gobierno de Pedro Sánchez que adopte “las medidas necesarias para dotar a las comunidades autónomas de un marco de seguridad jurídica suficiente” para limitar la movilidad nocturna y el número de personas que puedan agruparse. También pide que la mascarilla vuelva a ser de uso obligatorio, con la única excepción de los espacios naturales sin concurrencia de personas.

La petición reabre un debate que se cerró en falso, cuando el Gobierno consideró que el actual marco normativo es adecuado para hacer frente al virus. A la vista está que no lo es. Desafortunadamente, el clima político en España es tal que resulta inimaginable una pragmática negociación en el Parlamento para atender esta cuestión, lo que sin duda ha pesado en la decisión del Ejecutivo.

El caso es que la coincidencia del hartazgo por tantos meses de limitaciones, el final del curso, la reapertura del ocio nocturno y el alargamiento de los horarios de la hostelería, con la llegada de la variante delta, un 60% más infectiva, ha dado lugar a un crecimiento explosivo que ahora cuesta controlar. A ello hay que añadir la celebración de festivales masivos que no deberían haberse autorizado, como ha reconocido el propio consejero de Salud de la Generalitat de Cataluña, Josep Maria Argimon.

Según los datos difundidos este martes, la incidencia empeora en todo el país. En algunas, el ritmo de incremento ha sido realmente inquietante. Cataluña y Castilla y León son las comunidades con peores datos. La primera ha pasado de una incidencia de 238 casos por 100.000 habitantes en 14 días a 1.160 en apenas dos semanas; la segunda, de 111 a 863. El ritmo de expansión se está ralentizando, pero sigue elevado. Las vacunas avanzan a buen ritmo, pero el porcentaje de vacunados entre los menores de 30 años es bajo; todavía hay un millón de personas de entre 60 y 69 años y otro millón de entre 40 y 49 que no han recibido la segunda dosis. Todo ello configura un escenario preocupante que debe revertirse con urgencia.