Viraje eléctrico

La entrada en vigor de la nueva factura eléctrica, hoy mismo, coincide en el tiempo con el anuncio del Gobierno del establecimiento de un mecanismo para recortar los denominados “beneficios caídos del cielo” de las centrales nucleares e hidroeléctricas. La primera medida, más madura, busca simplificar la tarifa y promover el ahorro energético. La segunda persigue atajar la escalada de los precios eléctricos, debida al alza del precio del derecho de emisión de CO₂ y del gas natural. La nueva factura debe considerarse positiva, más allá de la confusión que haya podido generar entre los consumidores. Para que la segunda medida consiga los objetivos buscados, su concreción no debería ser víctima de la urgencia que ha rodeado su anuncio.

Casi todos los elementos de la nueva factura eléctrica se encaminan en la dirección correcta. En primer lugar, el mayor papel que tendrá en la determinación de los peajes sobre transporte y distribución eléctrica la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, como regulador independiente menos expuesto a la tentación, en la que han caído gobiernos de todo signo político, de utilizar la factura como una especie de instrumento para-presupuestario. También es positiva la simplificación de tarifas para los consumidores domésticos y la generalización de la discriminación horaria. En un sistema donde una parte importante de la oferta (como la producción solar o eólica) solo está disponible en unas franjas determinadas del día, y donde la demanda tiende a concentrarse de forma simultánea, es necesario avanzar hacia un aplanamiento del consumo.

La comunicación, sin embargo, ha sido mejorable. Seguramente muchos de los nueve millones de consumidores que ya tenían una tarifa con discriminación horaria solo hayan reparado ahora en ella, lo que evidencia la necesidad de imponer estándares más altos en la transparencia, información y protección a los consumidores. Por otro lado, debe notarse que gran parte del consumo doméstico no se puede trasladar fácilmente de unas horas a otras —como planchar durante la madrugada— y que, en todo caso, el ahorro vendrá no tanto de un cambio en el comportamiento de los consumidores, sino de las aplicaciones que optimicen de forma automática el consumo en el hogar. Un cambio, este, más difícil en los hogares con menor poder adquisitivo. También cabe preguntarse si los nuevos patrones de comportamiento pospandemia (como el teletrabajo) han sido tenidos en cuenta adecuadamente en el diseño de los tramos horarios.

En cuanto al recorte de los “beneficios caídos del cielo” de las centrales nucleares e hidroeléctricas, el reto es el aterrizaje normativo. La sobrerretribución de estas tecnologías en un marco regulatorio que las beneficia —especialmente en un contexto, como el actual, de precios elevados en los derechos de emisión de CO₂ que estas no sufren, pero que contribuye a fijar los precios— es notoria. Lo complejo es corregir este exceso de margen de beneficio sobre el coste de producción evitando que la corrección se traslade a los consumidores y respetando al mismo tiempo el marco normativo europeo, que dificulta la discriminación entre tecnologías. Finalmente, debería aclararse si esta medida complementa o sustituye al anunciado Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, perdido precisamente en la redacción de su letra pequeña y en la fragmentación parlamentaria.