EDITORIAL
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Pensiones: avance positivo pero limitado

El preacuerdo entre Gobierno, patronal y sindicatos es una buena noticia, pero quedan por delante los escollos mayores

Gerardo Cuerva, José Luis Escrivá, Yolanda Díaz, Unai Sordo y Pepe Álvarez el pasado jueves en Madrid.
Gerardo Cuerva, José Luis Escrivá, Yolanda Díaz, Unai Sordo y Pepe Álvarez el pasado jueves en Madrid.Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

A la espera de la redacción final del texto normativo, el acuerdo político alcanzado por el Gobierno con la patronal y los sindicatos que encarrila la primera fase de la reforma del sistema público de pensiones es una señal favorable. Sin embargo, se trata de un pacto de limitado alcance, ya que han quedado aplazados hasta 2022 aspectos muy importantes para garantizar la necesaria sostenibilidad financiera del sistema, amenazado por la evolución demográfica (una esperanza de vida alta y una muy baja natalidad), cuyas tensiones fiscales derivadas son las más explícitas. De las inquietantes consecuencias ya hay evidencia en una tendencia creciente en la ratio de dependencia: por cada persona mayor de 64 años existen solo 3,4 en edad de trabajar. Las pensiones contributivas absorben casi un 11% del PIB, distante del 8% que representa en el conjunto de la OCDE. De la dinámica demográfica se deduce que ese gasto será del 15% en 2050.

Los acuerdos alcanzados, además de la derogación de la reforma de 2013, se refieren a la revalorización de las pensiones con el IPC, al refuerzo de la estructura de ingresos del sistema y a la generación de incentivos para frenar las jubilaciones anticipadas y favorecer la jubilación demorada. Particular importancia reviste ese propósito genérico de ampliar la edad efectiva de trabajo de los mayores, hoy de las más bajas de la OCDE. Favorecer la extensión de la participación laboral de ese segmento de la población es claramente beneficioso, sin que la evidencia avale perjuicios significativos para los jóvenes. Los ingresos del sistema, por su parte, quedarán apoyados por inyecciones directas de los Presupuestos, provenientes, en definitiva, de los impuestos.

Ha quedado fuera de la negociación la propuesta de aumento del cómputo (hasta 35 años cotizados) en el cálculo de las pensiones. Tampoco se ha podido concretar el sistema de tramos en la cotización de los autónomos que pretendía garantizar que estos cotizaran de forma más cercana a sus ingresos reales.

El aspecto quizá más controvertido, el denominado “factor de sostenibilidad”, también queda aplazado. Ese mecanismo definido en 2011 condicionaba la cuantía de la pensión a la esperanza de vida. Se sustituirá por otro, no definido por el momento, que garantice la equidad entre generaciones. También quedan pendientes la reforma de las pensiones máximas, aunque se suprime el tope máximo de cotización; el acceso de las parejas de hecho a la pensión de viudedad y el inicio de los sistemas de previsión complementarios a las pensiones públicas.

Es positivo haber encauzado un primer paquete de medidas, también para entregar algo a la Comisión Europea, que espera avances en reformas en paralelo a la activación de los fondos de ayuda. Pero es evidente que en el balance entre los acuerdos alcanzados y reformas pendientes, el segundo bloque tiene mucho mayor peso. España tendrá que ir avanzando para contener la expansión del gasto en las próximas décadas, para mantener un correcto equilibrio fiscal e intergeneracional, hasta que la propia demografía, previsiblemente, acabe aliviando el problema más adelante. En estos momentos, España gasta en pensiones menos que otros países europeos comparables, pero no debería demorar en definir una reforma estructural completa en este sector.

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