No es país para jóvenes

Las campañas electorales ruidosas y la volatilidad informativa pueden hacernos olvidar que la covid-19 ha tenido unos costes económicos y sociales devastadores para los jóvenes. Desde el comienzo de la pandemia, la atención mayoritaria hacia ellos se centró en su comportamiento; el análisis de estos costes pasó casi inadvertido. Ahora, gracias a un nuevo informe del Banco de España, tenemos una buena foto de la dureza con la que la crisis está tratando a los menores de 30 años.

Por lo general, la gente joven ha sido acusada de irresponsable y egoísta durante la pandemia. No es que no hayan existido esos comportamientos, pero quedarnos ahí es insuficiente e injusto. El Banco de España nos acerca a una realidad menos anecdótica y más importante.

El informe dice que el porcentaje de menores de 30 años sin ingresos ha pasado del 30% antes de la covid al 35% en diciembre de 2020. Esto coincide con la encuesta de 40dB publicada en El PAÍS que señalaba que dos de cada tres jóvenes de entre 24 y 39 años afirman haber visto reducido sus ingresos durante la pandemia; es la franja de edad con mayor impacto. La caída es inversamente proporcional a la mortalidad a causa de la pandemia; dicho de otra manera, los que están pagando la factura del distanciamiento social son quienes menos lo necesitan.

Además, España es el país de la UE con mayor desempleo juvenil, un 40%; casi la mitad de los menores de 25 años que quieren trabajar no encuentran empleo. El porcentaje ha crecido durante la pandemia y, previsiblemente, seguirá aumentando, porque nuestro mercado laboral hace que los jóvenes accedan con contratos temporales y precarios. Por tanto, cuando viene una crisis son los primeros en ser despedidos. Por otro lado, los que han acabado de estudiar este año o los que estaban con un contrato de prácticas han visto como se les cerraba cualquier oportunidad de encontrar un trabajo.

Todos somos susceptibles de contagiarnos con el virus, pero su severidad varía notablemente. La media de edad de los fallecidos por coronavirus en España supera los 80 años. Por tanto, el necesario esfuerzo que estamos haciendo para detener el avance de la pandemia beneficia particularmente al grupo más vulnerable, los mayores. Es evidente que los jóvenes deben asumir el distanciamiento físico para salvar la vida de sus padres y abuelos. Del mismo modo, también debería resultar obvia la necesidad de un nuevo pacto intergeneracional para compensarles por el precio que están pagando. Antes de la pandemia ese pacto ya estaba roto; ahora, la radiografía revela una brecha más profunda, más difícil de reparar.

El Gobierno no sólo no ha hecho nada para evitar esta brecha, sino que ha tomado medidas que la agrandan. En particular, ha decidido que las pensiones se actualicen con el IPC previsto, pero sin compensación si el IPC es menor de lo previsto. Así, en 2020, un año en el que el pastel a repartir ha perdido más de una décima parte (un 10,8%), los pensionistas han ganado en términos reales un 1,1%. En estas condiciones, pagar las pensiones requerirá elevar en 8 puntos porcentuales hasta 2050 las cotizaciones a la Seguriad Social, lo que aumentará el coste del empleo. Es decir, la medida dificultará la creación de puestos de trabajo; justo lo contrario de lo que necesitan los jóvenes.

La ironía es que el fondo de recuperación que hemos puesto en marcha desde las instituciones europeas se llama Next Generation UE porque está pensado para la próxima generación, para lograr una economía más sólida en la que los jóvenes puedan tener acceso a un empleo de calidad y en la que se proteja el medio ambiente. Esos jóvenes tendrán que pagar la deuda que hoy estamos generando. Lo lógico es que invirtamos en su futuro. Por eso, resulta sorprendente que el Gobierno decidiese en los presupuestos gastarse el equivalente a más de la mitad de la ayuda directa que vendrá del NextGen entre 2020 y 2026 en subir los salarios de pensionistas y funcionarios.

Hay una explicación a todo esto, pero es dura de admitir. No se hacen inversiones en futuro porque hay más preocupación por ganar las próximas elecciones que por el bienestar de los españoles dentro de una década. Por eso se prefiere invertir en los pensionistas, que son más y votan más. Un análisis de Sociométrica del estudio postelectoral del CIS de las generales de abril de 2019 reveló que la edad media del votante del PSOE es de 56 años, solo por detrás de la del PP, con 59 años. Incluso el partido con el elector más joven, Podemos, tiene un votante con una edad media de 46 años.

España no puede permitirse seguir ignorando la enorme brecha generacional. Si el país no les acomoda, los jóvenes pueden votar con los pies e irse a lugares menos inhóspitos. Ahí sí que nuestro estado del bienestar entraría en barrena. Necesitamos altura de miras. Está en juego nuestro futuro.

Luis Garicano es el jefe de la delegación de Ciudadanos en el Parlamento europeo, y vicepresidente y portavoz económico de Renew Europe.