La Comisión Europea confía en movilizar 250.000 millones para la economía verde

Bruselas sigue pasando revista a los planes nacionales de recuperación. La Comisión Europea espera que la semana que viene una docena de países entreguen ya su hoja de ruta para su reactivación y transformación económica. Tras una primera evaluación global, el Ejecutivo comunitario estima que se movilizarán 250.000 millones de euros para la economía verde y otros 170.000 millones para la digitalización.

La Comisión Europea cree que esta semana el plan de recuperación ha entrado ya en una nueva fase. Bruselas aguantaba el aliento ante un posible varapalo del Constitucional alemán que desbaratara el gran paquete europeo de estímulos. La luz verde de Karlsruhe y, posteriormente, la llegada del plan portugués han abierto una etapa en la que más de 100 funcionarios se encargarán de analizar con lupa los planes que vayan llegando.

La tarea no es sencilla: un alto funcionario comunitario explicó que el borrador de un país tiene 50.000 páginas. Y no es de los más extensos. Por ello, la Comisión no ve factible la demanda de los Estados del sur de acortar el periodo de dos meses que le dan los reglamentos para examinar los programas que presenten los países. España, Portugal o Francia demandaban más premura al entender que los técnicos comunitarios conocen los planos al dedillo al haberlos estado negociando desde octubre.

Planes con demora

No todos los países llegarán al 30 de abril, que la Comisión ha convertido ahora en una fecha indicativa y simbólica. A Portugal se añadirán una docena de países, entre los cuales se espera que esté España. El resto presentará sus planes en las próximas dos o tres semanas. “Preferimos que lleguen con retraso que lo hagan incompletos”, sostienen fuentes comunitarias.

La Comisión ha realizado ya un análisis general para constatar que, en su conjunto, los planes se adecúan a los grandes objetivos europeos. Las inversiones, de momento, se ajustan a los requisitos. Bruselas estima que el 37% de ese gasto va a la llamada economía verde, que debe ser una de las palancas para lograr la reducción completa de emisiones de dióxido de carbono en 2050. En total, según estás fuentes, se movilizarán 250.000 millones de euros.

El segundo grande bloque es el de la transición digital. Los países dedicarán a la tecnología más del 20% de los fondos, unos 170.000 millones. Y el tercer pilar es el de la salud y la cohesión social, que captará entre el 28% y el 30% del gasto. Es decir, unos 200.000 millones que irán a la renovación de hospitales, atención primaria, educación y medidas dirigidas a la población más vulnerable. Las cifras de esos tres bloques pueden solaparse, es decir, un proyecto puede considerarse digital y verde a la vez.

A partir de la semana que viene, los planes entrarán en un túnel. El tiempo de la negociación habrá terminado y los funcionarios comunitarios deberán analizar en profundidad los planes, a no ser que estos contengan lagunas. Uno de los cometidos, según fuentes comunitarias, será comprobar que en esos programas hay un equilibrio entre reformas e inversiones.

Las reformas de los países se basan en las recomendaciones que la Comisión ha formulado en los últimos dos años. Sin embargo, hay cinco grandes paquetes comunes. El principal tiene que ver con medidas para garantizar la calidad del dispendio público, entre las cuales están las revisiones de gasto. “Tiene sentido porque en algún momento en el futuro deberemos lidiar con el aumento del gasto que ha habido durante la pandemia. No ahora”, matizó un alto funcionario europeo.

El segundo gran bloque es el de las reformas laborales que, según estas fuentes, buscan acabar con la dualidad de los mercados de trabajo de algunos países que la pandemia no ha hecho sino intensificar. Es el caso de España, a la que Bruselas pide una reforma “integral” y “ambiciosa”. Los países también han presentado medidas para mejorar el entorno empresarial e impulsar la inversión privada —a España se le pide que garantice la unidad de mercado—, programas para mejorar la calidad de la administración pública y la justicia y paquetes de ayudas para reforzar la red de seguridad social, con una mayor atención a los más vulnerables.