Vox se retrata
Su cartel electoral es la descripción de un partido con postulados peligrosos
El cartel electoral de Vox que yuxtapone la imagen y el supuesto coste para el erario público de una abuela pensionista y un menor migrante no acompañado —burdamente caracterizado para transmitir sensación de inseguridad— no es otra cosa que un autorretrato. Es la execrable imagen estampada en las paredes de Madrid de un partido que deambula en los límites del marco de valores democráticos de una sociedad occidental. Una formación que busca conscientemente atraer votos jugueteando al borde de la incitación al odio, coqueteando sin escrúpulos con el fomento del racismo y la xenofobia. Un partido ante el que hay que extremar la vigilancia democrática y cuyo ideario debe ser aislado. El inquietante cartel recibió ayer la condena unánime en el Congreso, aunque no la ruptura por parte del Partido Popular.
El recurso es desgraciadamente muy conocido en la historia: señalar minorías, apuntar a supuestos “otros” que restan ilegítimamente recursos al “nosotros”; generalizar algún hecho negativo puntual como si representara a todo un colectivo y a partir de ahí apelar a las vísceras de la fracción de la población más susceptible de envidia o de un orgullo mayoritario mal entendido. Que Vox recurra a estas tácticas con menores no acompañados habla, por encima de otra cosa, de su talla moral.
La mala intención es obvia en múltiples niveles. De entrada, las comunidades no tienen competencias en esta materia, como la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recordó ayer: queda pues doblemente evidente el motivo de la agitación. Después, la manipulación de los datos es grave. Comparar una pensión mínima con el presunto coste general de sustento de un menor no acompañado es un contorsionismo mental. Pero, sobre todo, lo relevante es que un mínimo apego a valores universales como la tutela de menores no acompañados hace necesario que semejantes comparaciones directamente se eviten. Abordar la realidad de la inmigración, especialmente de los menores de edad, es obligación de cualquier Estado civilizado, y jugar con ella agitando los instintos más turbios que por desgracia perviven en la sociedad es inmoral y, en ciertas modalidades, incluso un delito.
En su historia reciente, España no ha sufrido episodios de xenofobia y racismo tan recurrentes y graves como algunos otros países occidentales. Los partidos políticos, de forma bastante generalizada, han evitado jugar con este tipo de fuegos. Vox destroza este loable código por interés partidista. Y España no es inmune al riesgo de derivas radicales. Procede recordar los recientes incidentes de corte xenófobo sucedidos en Canarias a raíz del incremento de los flujos migratorios.
Al aproximarse las elecciones en Madrid, debe subrayarse que la candidata del PP mostró su rechazo al cartel, pero, una vez más, eludió descartar una coalición con Vox. La relación del principal partido conservador con la ultraderecha es una cuestión de enorme importancia para la democracia española. Es imprescindible marcar una línea roja ante una fuerza que se acerca tan peligrosamente al odio y al racismo, con una clara falta de compromiso con valores democráticos básicos. El aislamiento de esas ideas es obligación de los demócratas, sea cual sea su ideología. Y esa es la batalla que merece la verdadera causa de la libertad.
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