Parar la xenofobia

Las manifestaciones de racismo y xenofobia están adquiriendo en España una intensidad y una frecuencia muy preocupantes. Las señales de alerta se multiplican, y no solo deben lamentarse expresiones xenófobas y de incitación al odio en las redes sociales —en la mayoría de los casos con un marcado componente islamófobo—, sino que la propaganda racista y de rechazo al extranjero está pasando del discurso a los hechos de forma recurrente. En Canarias se está materializando en múltiples actos de hostilidad y agresiones contra los inmigrantes que han llegado en patera. Además, la lacra aflora de forma cada vez más evidente en la escena política. La campaña electoral catalana se ha visto ensuciada por una intolerable campaña de Vox contra los musulmanes que puede ser constitutiva de delito en la medida que identifica a los fieles de esta religión y al islam en general con el terrorismo islamista.

Las tres principales federaciones islámicas de Cataluña, que representan al 90% de las 330 mezquitas existentes, han denunciado un vídeo que Vox ha lanzado a través de las redes sociales ante la Fiscalía. Días antes, la red social Twitter bloqueó la cuenta del partido ultraderechista al considerar que uno de sus mensajes era una incitación al odio. Aunque este tipo de propaganda se queda aparentemente en el terreno de las ideas, entraña un grave peligro en la medida en que legitima las actitudes de rechazo y puede incitar a elementos peligrosos de extrema derecha a pasar a la acción y poner en riesgo la seguridad del más de medio millón de musulmanes que viven en Cataluña.

Ese es el mecanismo que se observa ya en Canarias. Del discurso xenófobo a través de las redes se ha pasado a llamamientos explícitos para salir en grupo a perseguir inmigrantes. En las últimas semanas se han sucedido las manifestaciones de rechazo en cuatro barrios de Las Palmas y otros lugares donde han sido alojados los inmigrantes. Pero también se han sucedido actos puntuales de agresión y persecución que no deben tolerarse de ninguna manera.

La respuesta a este desafío tiene que ser múltiple. Por supuesto, las expresiones de odio y las agresiones deben ser perseguidas con todo el peso de la ley. Pero eso no es suficiente. A nivel político debe forjarse un cordón sanitario implacable ante todo dirigente o formación que abona malignamente estados de ánimo que luego se tornan en actos inaceptables. El Gobierno, por su parte, tiene la responsabilidad de gestionar el flujo migratorio de manera que los migrantes reciban un trato digno y conforme a derecho, y que el peso del mismo no se concentre con demasiada intensidad sobre algunas comunidades.

La situación en Canarias es altamente inflamable y las autoridades gubernativas tienen que actuar con urgencia para evitar que vaya a más. La gestión pública de la llegada en poco tiempo de más de 20.000 inmigrantes ha sido muy deficiente. Recientemente se han puesto medios y ha mejorado la organización de la acogida, pero la negativa del Gobierno a trasladar a una parte de los inmigrantes a la Península para evitar el supuesto efecto llamada complica las cosas. Tanto el Defensor del Pueblo como las ONG que trabajan en labores humanitarias han pedido la revisión de esa política. El Ejecutivo debe reflexionar sobre los peligrosos costes sociales de esta política de asentamiento provisional.