Mortíferos empresarios bolivarianos

Decía el escritor Miguel Otero Silva que las únicas fortunas que en Venezuela no despiertan envidia ni suspicacia maledicente son las de nuestros beisbolistas de Grandes Ligas porque estos ganan sus millones desplegando sus talentos ofensivos y defensivos en el deporte-espectáculo, a cielo abierto, a la vista de todo el mundo.

A batazo limpio, atinándole a una bola de nueve pulgadas de diámetro y cinco onzas de peso que recorre sesenta pies a 99,7 millas por hora y haciendo atrapadas que desafían a un tiempo lo newtoniano y lo cuántico. Esto opinaba el mordaz autor de Casas muertas en tiempos de pecados muchísimo más veniales que los actuales.

Cuentas muy bien averiguadas, hechas por gente acuciosa y concienzuda, indican que durante los veintitrés años de hegemonía chavista-madurista el saqueo de las arcas públicas venezolanas puede estimarse ya en centenares de billones de dólares.

Para ser justos, la corrupción de alta performance comenzó en los años setenta del siglo pasado. Antes de esa época todo era menudencia y robo de gallinas, aunque siempre haya habido militares y banqueros en el elenco. Ya es trivialidad señalar que lo que nos maleó fue la disparada de precios del petróleo que siguió al embargo de envíos de crudo que los países árabes de la OPEP impusieron a los países occidentales que en 1973 apoyaron a Israel en la llamada Guerra del Yom Kippur.

Lo cierto es que la llamada “Venezuela saudita” imprimió un sentido nuevo a palabras de antiguo respetables, como la palabra empresario. El empresario de la era bolivariana suele ser alguien que registra una empresa en un paraíso fiscal para ofrecer bienes o servicios de asesoría fantasmas a Petróleos de Venezuela.

Esta descripción no es exhaustiva y deja afuera muchas subespecies del intrincado bosque nublado que es la economía “extractivo-clientelar-narcomilitar” de mi país, pero alcanza a explicar, por ejemplo, por qué el nuestro es ahora gentilicio frecuentemente mencionado en las requisitorias de Unidad de Información y Análisis Financiero (OFAC) del Departamento del Tesoro los Estados Unidos.

Hace un año, el Departamento de Estado ofreció públicamente una recompensa de 10 millones dólares por cualquier información que facilite detener a Diosdado Cabello, segundo hombre del partido socialista en el poder, a quien Washington acusa de ser uno de los capos de un cartel narcomilitar.

Es el mismo Cabello favorecido la semana pasada por una sentencia del Tribunal Supremo venezolano que obliga al diario El Nacional a pagarle más de 13 millones de dólares para reparar el “daño moral” causado al reproducir en 2015 la noticia de que los gringos estaban sobre su huella por actividades asociadas al narcotráfico y al lavado de capitales, común denominador este último de toda actividad non sancta en Venezuela. Se trata, a no dudarlo, de una expropiación disfrazada de reparación ordenada judicialmente. Según un desolador reportaje del portal investigativo venezolano en el exilio, Armando.Info, 28 empresarios venezolanos esperan juicio – mas no tras las rejas— en Andorra como resultado de un escándalo que estalló hace seis años. Todo ellos eran o habían sido funcionarios altos y medios de Petróleos de Venezuela desde mucho antes de la era Maduro.

La oficina de control de activos extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense los señala como culpables de haber movido, entre 2006 y 2015 y a través de un banco andorrano, la bicoca de 2.000 millones de dólares provenientes de Petróleos de Venezuela.

Salvo uno de ellos, un extravagante bon vivant pariente cercano y protegido de Rafael Ramírez, insumergible expresidente de Petróleos de Venezuela, todos los indiciados gozan de libertad.

Sus manejos les permitieron controlar las licitaciones públicas de Petróleos de Venezuela de infraestructuras principalmente eléctricas.

A este criminal enriquecimiento se debió, entre otras graves calamidades que ha debido arrostrar Venezuela bajo la tiranía de Nicolás Maduro, el Gran Apagón de marzo de 2019, el más memorable fallo de la red de energía eléctrica nacional. Aunque no el único ni el último, ha sido sin duda el más letal.

79 personas – entre ellas una veintena de neonatos—fallecieron en distintos hospitales del país al fallar el suministro de energía que desde entonces quedó interrumpido durante meses. La corrupción, efectivamente, mata. Los empresarios responsables de esas muertes gozan de gran predicamento en la esfera financiera del planeta.

Característicamente, Maduro acusó entonces a los Estados Unidos de hacer víctima a Venezuela de un “ataque electromagnético”.

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