Ley de infancia: notable progreso con consenso

España dio ayer otro importante paso de progreso en derechos sociales con la aprobación en el Congreso de la ley de protección de la infancia y la adolescencia, que fue aceptada por una amplísima mayoría. Al igual que los precedentes de la ley de la eutanasia, la de violencia de género, la de igualdad o el matrimonio homosexual, que situaron a España entre los primeros en la senda de la ampliación de derechos, esta ley pionera por su carácter integral es un hito en un ámbito, el de los menores, que ha carecido de la necesaria luz y protección. La gran mayoría —268 votos a favor, 57 noes de Vox y el PNV (en este caso por cuestiones competenciales) y 16 abstenciones— ofrece especial motivo de celebración. El progreso es más sólido con amplia base política.

La ley orgánica recoge medidas importantísimas ante los distintos tipos de violencia que amenazan a niños y adolescentes. El más sensible y con consecuencias más dramáticas en la vida adulta, la pederastia, vivirá un desarrollo clave: el tiempo de prescripción del delito empezará a contar desde que la víctima tenga 35 años, frente a los 18 actuales. Las víctimas de abuso sexual suelen tardar mucho tiempo en estar en disposición y con la fuerza necesaria para iniciar procesos contra sus abusadores, los adultos que habitualmente han malogrado enormemente su vida, su desarrollo y su personalidad.

La nueva ley orgánica, que ahora inicia su andadura en el Senado, mandata al Gobierno para que cree en un año tribunales específicos para juzgar estos delitos, al igual que los que existen para la violencia de género. Otro de los adelantos es el propósito de que los menores no deban revivir lo sucedido en diversas declaraciones a lo largo de los procedimientos judiciales, sino que sea suficiente una sola vez, frente a las hasta cuatro ocasiones que se producen en la actualidad. Y una mayor protección a los hijos de mujeres que sufren violencia de género, incluida la prohibición de utilizar el llamado síndrome de alienación parental (la manipulación de un progenitor, normalmente, atribuida a la madre, para condicionar a sus hijos contra el otro), que no tiene aval científico pero que en instancias judiciales en ocasiones se acepta.

La protección de los niños y adolescentes requiere un gran trabajo de prevención y educación en todos los ámbitos formativos, desde el acoso y ciberacoso a lo que atañe a los valores de igualdad, de respeto y de desarrollo afectivo sexual, un capítulo que en España sigue suscitando resistencias ideológicas absurdas. El ataque de Vox a la ley, lamentablemente, no sorprende.

Es fundamental que el Gobierno dote de verdaderos recursos y lleve a término sin dilación ese despliegue necesario para la prevención, para la formación de esos juzgados y de ese personal judicial que debe afrontar esta asignatura pendiente con sensibilidad, escuchando a los menores y sin que el proceso suponga una nueva revictimización, como sucede en ocasiones con las víctimas de violencia sexual. La ley es un enorme paso. El apoyo del principal partido de la oposición, el PP, que es justo celebrar, le otorga una fuerza especial. La ciudadanía espera ahora una eficaz implementación.