Editorial
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Tensión en Irlanda

El Gobierno británico no puede pretender renegociar el Protocolo para el Ulster

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, en la Cámara de los Comunes, en Londres.
El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, en la Cámara de los Comunes, en Londres.DPA vía Europa Press / Europa Press

El complejo acuerdo que, en el marco del Brexit, busca mantener las dos partes de Irlanda sin una frontera tangible sufre graves turbulencias. La causa inmediata es un desafortunado error de la Comisión Europea. En plena tensión por los problemas de suministro de la farmacéutica AstraZeneca, el pasado viernes, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, aprobó un reglamento de restricciones a la exportación de vacunas que activaba, sin consultar con Belfast, Londres ni Dublín, la cláusula de salvaguarda del Protocolo para imponer controles fronterizos entre las dos partes de Irlanda. La inmediata reacción del Gobierno irlandés llevó a Von der Leyen a enmendar el reglamento en cuestión de horas y el lamentable incidente quedó zanjado el mismo viernes. El error es tan garrafal que, de haberse producido en un órgano sometido a mayor presión y escrutinio político, probablemente hubiera provocado dimisiones o ceses.

Tras este episodio, en atención a ciertas amenazas de violencia, el Gobierno británico ha suspendido controles portuarios (sobre productos alimentarios y animales) que debe llevar a cabo en el comercio entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la solución hallada para evitar la frontera dura entre el Ulster y la República. Además, Londres pretende ahora aprovechar la situación para culpar a la UE de la incómoda realidad de un Brexit que los irlandeses del norte han empezado a descubrir y forzar una renegociación del pacto. Johnson asegura que el error de Von der Leyen ha disparado la tensión en Irlanda del Norte. Y amenaza de nuevo con legislar para suspender el Protocolo —como ya hizo en el verano pasado— si Bruselas no acepta relajar los controles fronterizos que desde el 1 de enero (final del periodo transitorio del Brexit) separan desde el punto de vista comercial a los norirlandeses del resto de británicos. Las demandas de Londres (que incluyen desde la prolongación hasta 2023 de las exenciones temporales concedidas a los supermercados o las empresas de paquetería a la autorización del paso de mascotas sin ningún control veterinario) equivalen a una renegociación forzada del Protocolo original.

El intento del verano pasado, una maniobra de Johnson para obtener ventajas negociadoras, se topó con un firme rechazo de la UE. En esta circunstancia, los Veintisiete tendrán que atender las peticiones que sean razonables para arreglar algún problema específico, pero no se puede cambiar el sistema ni por las amenazas sobre el terreno ni por el pulso de Johnson. La Comisión cometió un error. Rectificó con rapidez. Puede discutirse si es necesaria una asunción de responsabilidades. Pero esto no puede servir de excusa para un chantaje que intenta ocultar durante unos meses más la realidad del Brexit a los norirlandeses y al resto de los británicos.

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