Agua y salud pública como prioridades

En un momento en el que emerge la esperanza, con las vacunas y con el anuncio de los planes de reconstrucción social y económica, sería bueno reflexionar sobre las lecciones que nos deja el virus. Por primera vez el mundo entero se ha sentido bajo una amenaza de la que nadie puede librarse amparándose en superioridades económicas o cerrando fronteras. La pandemia se ha perfilado como un reto global y no como una desgracia ajena, a menudo africana o asiática, poniendo al desnudo nuestra vulnerabilidad, desarbolando supremacismos y cuestionando el blindaje del norte rico frente al sur global empobrecido, en la medida que no habrá salud pública segura si no es para todos y todas.

En este contexto, se levantan voces que alertan sobre el acaparamiento de vacunas por los países ricos y sobre la imposibilidad de acceso a las mismas para buena parte de la humanidad, al no poder pagarlas. Voces que reclaman la prevalencia del interés general de la humanidad sobre los intereses y beneficios de las grandes corporaciones farmacéuticas, al tiempo que crece la necesidad de fortalecer los valores en los que Naciones Unidas fundamenta los derechos humanos, como base de esa gobernanza global democrática cada vez más necesaria.

Desde mi posición como relator de la ONU para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, veo como se han prestigiado en todo el mundo los servicios públicos de salud, en la lucha contra la pandemia, como expresión de ese ingente esfuerzo solidario, sin ánimo de lucro, que no deja a nadie atrás, al tiempo que han quedado en evidencia los modelos que tan solo garantizan cobertura sanitaria a quienes pueden pagársela.

Sin embargo, echo a faltar una reflexión coherente en torno a los servicios de agua y saneamiento que, siendo competencias municipales, representan una pieza básica fundamental para cualquier sistema público de salud. Por ello resulta difícil comprender la falta de atención que se presta a los municipios en este frente. Con las mal llamadas estrategias de austeridad (que deberían haber recortado lo accesorio, pero no lo necesario), se impuso un proceso de anorexización de las finanzas municipales que han puesto contra las cuerdas a muchos ayuntamientos. Mientras se les dificultaba solicitar créditos, aun siendo solventes, e incluso se les prohibía, hasta hace poco, invertir sus propios ahorros y superávits, se les ha venido exigiendo hacer inversiones en los servicios de agua y saneamiento, cuya urgencia crece con el cambio climático. Inversiones en plantas de saneamiento, para tratar los retornos y evitar las sanciones que la Unión Europea nos anuncia; en renovación de redes de abastecimiento obsoletas, para reducir fugas (a menudo por encima del 20% e incluso del 30%) y mejorar la garantía del abastecimiento ante los crecientes riesgos de sequía; en sistemas de drenaje pluvial sostenible, para evitar vertidos a los ríos, por desbordamiento del alcantarillado a la entrada de las depuradoras, cuando hay lluvias intensas, cada vez más frecuentes con el cambio climático.

Desde esta situación de anorexia financiera se han favorecido, por otro lado, procesos de privatización que, lejos de garantizar las inversiones necesarias, tienden a consagrar el debilitamiento de la autonomía municipal y de la función pública en un frente tan sensible.

A lo largo del último año, la reducción de ingresos tarifarios por la pandemia ha agravado los problemas, al asumirse la justa prohibición de cortar el agua a familias empobrecidas o reducirse el consumo en sectores como la hostelería, por las restricciones del estado de alarma. Y todo ello al tiempo que constatábamos la importancia de disponer en casa de una higiene adecuada, con agua y jabón, para prevenir la infección de la covid-19. Imaginemos la trascendencia de estos servicios públicos ante una posible pandemia que se expanda por transmisión digestiva, en lugar de respiratoria.

En este contexto, no solo urge un compromiso claro para fortalecer los sistemas públicos de salud en los planes de recuperación económica y social, cuestión que aún está por concretar, sino también un compromiso análogo de financiación pública de los servicios de agua y saneamiento, reforzando las capacidades municipales y empoderando a los Ayuntamientos como responsables de estos servicios. Por otro lado, a mi entender, sería necesario promover Observatorios Ciudadanos del Agua que ofrezcan una información pública y homologada, tanto en el plano autonómico como estatal, sobre estos servicios públicos de los que dependen los derechos humanos al agua potable y al saneamiento.

Pedro Arrojo Agudo es relator especial de la ONU para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento.