Tribuna
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Defender la democracia, recuperar la virtud

Para luchar contra las derivas autoritarias que nos amenazan debemos actuar en dos frentes: en las instituciones, reforzando el respeto a la Constitución; en la ciudadanía, frenando la injusta desigualdad

enrique flores

Nadie ignora que estamos insertos en una crisis global de la democracia y que se hace más necesario que nunca defenderla de sus enemigos. Las impactantes imágenes del descabellado asalto al Capitolio, corazón democrático de la primera potencia, y los reiterados intentos de Donald Trump por permanecer a toda costa en el poder nos trasladan a momentos pretéritos que creíamos enterrados y, sobre todo, a posibles repeticiones de momentos futuribles que arrojan más incertidumbre si cabe a nuestro horizonte.

No hay que cruzar el Atlántico para comprobar esta realidad, puesto que ya la tenemos en la casa común que es Europa. Polonia o Hungría suponen un reto mayúsculo para la democracia del viejo continente por cuanto sus derivas autoritarias afectan no sólo a sus ciudadanos, sino también al conjunto de la ciudadanía de la Unión Europea al participar dichos países en la toma de decisiones que, desde el nivel supranacional, terminan aplicándose al resto de Estados.

La singularidad de esta crisis actual de nuestras democracias, que la diferencia de las anteriores, es que los impulsos que tienden a derribar su arquitectura no provienen de fuera, de elementos exógenos, sino desde el interior de los propios procesos representativos. Así lo han visto Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en su libro Cómo mueren las democracias, donde aclaran que antes morían por golpes de Estado o por revoluciones y que ahora agonizan en los resultados de las urnas. Nos podrán gustar o no Trump, Orbán, Putin, Kaczynski (hoy Duda), Salvini o Bolsonaro, pero fueron elegidos por sus ciudadanos y, en algunos casos, con abrumadoras mayorías. ¿Tienen pretensiones antidemocráticas y menoscaban con sus políticas, de manera anunciada y manifiesta, el Estado de derecho? Naturalmente que sí, pero aun así se les vota, y a veces con plena conciencia de esta afirmación y con orgullo de ir supuestamente contra el sistema establecido. Por ello creemos que, si queremos de verdad proteger los paradigmas liberal-representativo y democrático-social que hasta ahora venían presidiendo nuestros sistemas políticos, los ciudadanos debemos actuar fundamentalmente en dos ámbitos que aúnen la mejor raíz del liberalismo con el ímpetu transformador de lo político.

Primero, por arriba (en el marco jurídico e institucional), necesitamos reforzar la idea misma de constitución como marco en el que cabemos todos. Al acusar sistemáticamente de inconstitucionales las medidas y políticas del oponente, los políticos prostituyen el texto fundamental, reclamándolo como propio y excluyente a la manera de las catastróficas constituciones partidistas del siglo XIX español. Debemos también fortalecer urgentemente las instituciones propias del Estado de derecho y la función de limitación del poder que debieran desempeñar. La esclerotización a que han condenado los partidos el funcionamiento de órganos como el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas, y particularmente el Consejo General del Poder Judicial o RTVE, con los soeces repartos de cuotas y la cooptación de sus cargos principales, ha de dar paso a una mayor lealtad de la clase política para con la finalidad misma para la que aquellos fueron diseñados.

No se nos oculta un enorme desafío al respecto: los responsables de las patologías descritas son sobre todo los propios partidos, por lo que no nos podemos hacer demasiadas ilusiones. No es muy previsible que el remedio a una situación surja de quien la ha causado y se beneficia de ella. Máxime cuando, como escribía Tomás de la Quadra en esta misma tribuna, en España ya ha habido muchas “primeras veces” en las que se han traspasado las líneas rojas de la convivencia democrática, sin que —añadimos nosotros— parezca haberse producido arrepentimiento ni tampoco reproche ciudadano o mediático.

Segundo, y por abajo (es decir, en el sustrato mismo de la democracia, en la ciudadanía), se precisa cuanto antes reconstruir los lazos de copertenencia que dan sentido a la comunidad política. Aquí el reto es doble, puesto que son dos los problemas principales que nos encontramos. En primer lugar, el abandono de la mayoría de mecanismos redistributivos del Estado social ha amparado, y lo sigue haciendo, un incremento de la desigualdad que profundiza la inseguridad y la incertidumbre en capas cada vez más extensas de la población. Desde hace mucho se sabe que el aumento de las desigualdades genera exclusión y fractura social, y es caldo de cultivo, aunque no el único, del descontento y de los populismos autoritarios. De modo que se hace perentorio recuperar el potencial interventor del Estado para combatir las causas de la desigualdad entendida como injusticia, lo que a estas alturas pasa necesariamente por reforzar los espacios de integración política y de regulación supranacional, como la Unión Europea, que deberían ser capaces de frenar las estrategias de dumping social planteadas por el capital privado transnacional.

El otro reto “desde abajo” consiste en reconstruir el antiguo demos, hoy fragmentado por un individualismo compulsivo que impide enarbolar adscripciones simbólicas comunes y la identificación mayoritaria con un proyecto conjunto. Un individualismo que alcanza límites insospechados por la tiranía actual de la hiperconectividad de las nuevas tecnologías, cuyo mal uso promueve las esferas de autorreferencialidad, de reafirmación de los propios prejuicios y de ausencia casi total de concentración, sosiego y espíritu crítico. Esto no sólo afecta a la calidad de la educación de los futuros ciudadanos, sino también, y como ha visto Sherry Turkle en su libro En defensa de la conversación, a los antiguos procesos y marcos de empatía. La incapacidad hoy de mucha gente de ponerse en la situación y en la perspectiva de quien no piensa como ellos es sintomática, nos dice la autora, de una tecnologización de las relaciones que son cada día menos sociales y más inestables. Ello conduce a que el pacto y la transacción políticas, que debieran ser normales en democracia, sean a menudo vistos como una traición o una componenda más que como beneficio para la cosa pública. Frente a la actual amalgama de individuos líquidos, siguiendo la certera adjetivación de Bauman, necesitamos construir ciudadanos socialmente comprometidos, políticamente activos y decididamente bien informados. Y para ello tenemos también que desenterrar la antigua virtud del republicanismo, el de Cicerón, Vico o Hannah Arendt, la que proviene de una educación en conocimientos que haga que la ciudadanía sea consciente del papel que ha de jugar en el mantenimiento del bien común y de la comunidad a la que pertenece.

Pese a todo, ante las crecientes decepciones de los líderes occidentales, ante el individualismo obsceno y ante la instantaneidad tecnológica que dificulta la empatía y fomenta el rechazo hiperbólico, insistamos en lo obvio: recuperemos el compromiso con lo público y el valor de la palabra, recuperemos la esencia y el valor de la democracia. No hacerlo, o no intentarlo, significaría, como sombríamente ha escrito Juan Luis Requejo en La agonía de la democracia, llevarla al final de su historia.

Gabriel Moreno González y Miguel Beltrán de Felipe son profesores de Derecho en las Universidades de Extremadura y de Castilla-La Mancha, respectivamente.

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