Polonia y Hungría escenifican su pulso contra los presupuestos europeos
Los primeros ministros Morawiecki y Orbán cierran filas respecto al veto de sus respectivos países a los fondos comunitarios, pero dejan entrever posibles vías de salida para desbloquear el dinero
Los Gobiernos de Polonia y Hungría mantienen su desafío a la UE con su veto a los presupuestos comunitarios. Tras una reunión este jueves en la capital húngara entre el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, con su homólogo húngaro, Viktor Orbán, ambos dirigentes insistieron en su rechazo de vincular el cumplimiento del Estado de derecho con los fondos de la UE, una propuesta que Orbán califica de “inaceptable”. Pero tras 10 días de retórica combativa culpando a Bruselas de emprender una campaña política contra ellos, Varsovia y Budapest por primera vez dejan entrever posibles vías de salida para desbloquear el dinero europeo.
Lo que han planteado los dirigentes ultraconservadores a través de un comunicado es una doble vía de negociación: la primera, más a corto plazo, sería pactar una condicionalidad claramente vinculada al control financiero, y la segunda, más a largo plazo -y políticamente más improbable-, sería la de incluir el mecanismo de vigilancia del Estado de derecho en los tratados. El cierre de filas de Polonia y Hungría, así como su decisión de mantenerse unidos hasta el final, reduce el margen de maniobra de la presidencia alemana y complica la búsqueda de un acuerdo que satisfaga al mismo tiempo a las dos capitales.
“La propuesta actual no es aceptable para Hungría”, ha asegurado el ultranacionalista Viktor Orbán en una rueda de prensa posterior al encuentro. Morawiecki, por su parte, insistió en que el mecanismo de vincular el cumplimiento del Estado de derecho con los fondos europeos es “una solución peligrosa que podría conducir a la desintegración de la UE”. Horas antes, el primer ministro polaco ya había advertido de que, al igual que la Comisión “tiene ahora en el punto de mira a Polonia y Hungría”, en los próximos años podrían ser otros Estados miembros los que “tuvieran el mismo problema”.
El bloqueo ha originado una nueva crisis institucional en la Unión que pone en juego la aprobación del presupuesto de recuperación de la pandemia (750.000 millones de euros) y la partida económica europea para los próximos seis años (1,074 billones de euros). Una inyección de dinero que esperan con ansiedad Gobiernos como los de España e Italia en una Europa muy castigada por el coronavirus. Aunque la situación está todavía lejos de solucionarse, el analista Stefano Bottoni sostiene desde Budapest que es “el mejor momento” para que la UE presione a Orbán en su defensa del cumplimiento de los valores europeos por la “situación tan comprometida” que atraviesa Hungría.
“La sociedad está cada vez más enfadada por la gestión de la covid en la segunda ola, el número de contagios sigue muy elevado, la economía también se ha resentido, el turismo ha caído totalmente y 2021 será un año preelectoral”, explica Bottoni por teléfono. El analista, autor del libro Orbán, un déspota en Europa, considera que el órdago a la UE del primer ministro húngaro es muy arriesgado, pero no solo en términos económicos, sino de prestigio. “El líder de Fidesz lleva años defendiendo un modelo de democracia iliberal alejada de los dictámenes de la UE y, si no consigue poner contra las cuerdas a Bruselas y salirse con la suya, perderá su influencia”.
Falta de apoyo en la región
La decisión de bloquear los fondos europeos no ha sido finalmente secundada por dos de sus socios regionales que forman parte del club de Visegrado: ni República Checa ni Eslovaquia han acompañado a Orbán en su última cruzada contra Bruselas. En cambio, los lazos con el Gobierno de Polonia se estrechan más que nunca. Les une la misma visión ultraconservadora, reaccionaria y autoritaria en temas como los derechos de las mujeres, del colectivo LGTBI, la falta de libertad de los medios de comunicación, las reformas judiciales que han socavado la división de poderes en ambos países... Y así hasta un sinfín de políticas que vulneran algunos de los valores en los que se fundamenta la UE.
Este continuo deterioro del Estado de derecho ha dividido -hasta el extremo- a los ciudadanos polacos y húngaros entre partidarios y detractores de Viktor Orbán y Jaroslaw Kaczynski (líder del partido en el Gobierno de Varsovia). El pasado martes, los alcaldes de Varsovia y Budapest, ambos de la oposición al Gobierno, manifestaban su rotundo rechazo al veto. En declaraciones a este periódico, el regidor de Varsovia, Rafal Trzaskowski, reconoce que le preocupaba la “imagen de insolidaridad” hacia el resto de Estados miembros que están transmitiendo los dirigentes de Polonia y Hungría.
A pesar del distanciamiento con el club comunitario, la opinión pública de ambos países sigue siendo favorable a la UE. De hecho, según una encuesta del Eurobarómetro publicada hace un mes, el 72% de los húngaros apoyan que la Unión solo deba proporcionar fondos a los países con la condición de que sus Gobiernos cumplan con el Estado de derecho. El porcentaje de aceptación se repite en Polonia. “La posición del Gobierno no refleja a toda Hungría”, dice por teléfono el analista Gabor Scheiring. Y advierte: “A corto plazo, puede que Orbán no necesite una inyección de dinero como España o Italia, porque la economía húngara goza de mejor salud, pero a largo plazo el panorama puede cambiar”.
