El Gobierno reanuda la negociación judicial con el PP sin vetos a Podemos ni a Vox

El Gobierno quiere poner en marcha el reloj de la negociación con el PP de los cargos institucionales pendientes, y en especial del Poder Judicial, y ha mantenido ya algunos contactos tras el debate de la pasada semana de la moción de censura de Vox. La negociación aún no es oficial. En el Ejecutivo quieren mostrarse optimistas y enfatizan que en la propuesta casi cerrada en verano con el PP, y que ahora se retoma, no había vetos políticos ni a Podemos ni a Vox y que lo acordado era proponer magistrados de categoría con perfil independiente.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, confirmó este fin de semana, en una entrevista a Eldiario.es, que en ningún momento durante estos meses se ha cerrado la vía de negociaciones emprendida hace casi un año con su interlocutor en el PP, el consejero madrileño Enrique López. Tampoco desde que fracasaron este verano los intentos auspiciados directamente desde La Moncloa por el secretario general de la Presidencia, Félix Bolaños.

Conversaciones casi diarias

“La verdad es que nunca he dejado de tener conversaciones con el consejero Enrique López. Casi a diario, por una cosa u otra, tenemos algún contacto. Tenemos que agudizar esas conversaciones para reactivar y dar cumplimiento a esa necesidad de renovación de los órganos constitucionales, porque tenemos que cumplir entre todos ese designio constitucional”, aclaró Campo tras la apertura de una nueva etapa por el discurso de Casado ante Santiago Abascal el pasado jueves en el Congreso. En la dirección del PP precisaron inmediatamente que estaban dispuestos a restablecer los contactos más oficialmente, pero con las condiciones marcadas desde que en agosto se conoció públicamente que el acuerdo estaba cerrado al 99%.

El PP insiste así que no quiere a Unidas Podemos en el proceso de negociación, que debería mantenerse en los ámbitos parlamentarios y que tendría que contemplar de cara al futuro otro sistema de elección de los cargos en el poder judicial que asegurase mejor su independencia.

Esas exigencias sonaban en el Ejecutivo a imposiciones imposibles, sobre todo en lo que afecta a apartar a Podemos, pero en el PP también apuntaban que sería bueno que el presidente Pedro Sánchez llamase a Pablo Casado, para facilitar las cosas.

En el Gobierno apuntan con optimismo ahora que el pacto con el PP es posible y agregan que algunos mensajes y contactos ya se han producido desde que terminó el debate de la moción, el pasado jueves. “Las conversaciones van bien”, añaden.

Sánchez y Casado se han visto recientemente con motivo de algún acto institucional y, pese a que se trató de un saludo casi formal, sí aprovecharon para emplazarse a cerrar el acuerdo de revisión de los principales cargos constitucionales del país.

Los interlocutores habituales también han hablado. Hasta han llegado a comentar que la reciente dimisión en el Tribunal Constitucional de Fernando Valdés, ante la inminente presentación por parte de la Fiscalía de una acusación formal de malos tratos en su ámbito familiar, dejaba ese órgano aún más en precario con solo 11 magistrados y con otro más a punto de ser recusado por el expresidente catalán, Carles Puigdemont. El argumento del deterioro de esos órganos parece haber hecho mella.

Reparto equitativo

Gobierno y PP habían cuadrado en verano un reparto equitativo de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial que ahora se quiere recuperar, con algunos matices. Campo, López y Bolaños sí consensuaron entonces que la actual mayoría de tendencia conservadora (11-9), fraguada en 2013 en la época de los gobiernos con mayoría absoluta de Mariano Rajoy, debía cambiarse y reflejar la nueva situación que se observa en el Parlamento tras las elecciones de hace un año que llevaron a La Moncloa a un Ejecutivo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. El PP hasta empezó a finales de julio pasado a pensar en nombres para esos cargos de su cupo y no planteó ningún veto para posibles candidatos del entorno de Podemos. Esa condición se improvisó a primeros de agosto cuando desde Unidas Podemos se cuestionó abiertamente y en público al Rey y la jefatura del Estado tras la salida de España del rey emérito.

Los negociadores del Gobierno y el PP lo que habían pactado entonces era, sobre todo, que no habría vetos ideológicos y, por otra parte, que los perfiles a plantear para los respectivos vocales del Poder Judicial deberían de ser de juristas de reconocido prestigio, cuya independencia fuese incuestionable y ayudase a recuperar el prestigio perdido del órgano de gobierno de los jueces en estos años.

Los representantes del PSOE se comprometieron con el PP a que dentro de su cuota de 10 u 11 vocales (el reparto final no está cerrado) se encuadrarían aspirantes sugeridos por Podemos y también por el PNV, pero independientes. En el Ejecutivo insisten en ese aspecto del prestigio y la independencia para diferenciar lo que es un órgano de gobierno del poder judicial, representativo, institucional y en ese sentido político, de la situación de los casi 5.000 miembros de la carrera en España.

El propio Poder Judicial encargó en septiembre una encuesta a Metroscopia en la que el 99% de los miembros de la carrera judicial decían sentirse totalmente independientes y el 90% no habían recibido nunca presiones.

Vox no entra al reparto

En una de las últimas conversaciones entre el Gobierno y el Partido Popular para cuadrar el reparto de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no se habló de nombres, pero sí de partidos. El PSOE quedó en incluir en su cupo a candidatos propuestos por Unidas Podemos y PNV y el PP debía asumir alguno que sugiriese Vox, lo que supondría que el entorno ultra entraría por primera vez en el gobierno de los jueces. Esa charla entre PP y Vox no ha tenido lugar, según fuentes conocedoras de la negociación. En Vox sostienen que el acuerdo entre PSOE y PP “está cerrado” y así interpretan el discurso de Casado.