Sánchez ofrece negociar el Poder Judicial y choca con el muro del PP

Casado exige excluir a Podemos para cualquier acuerdo y presenta una ley alternativa

Pedro Sánchez, en rueda de prensa tras una cumbre europea en Bruselas. HORST WAGNER / EFE / EPV

Aparentemente, hay mucho movimiento, pero las posiciones están enconadas. Pedro Sánchez ofreció el viernes al PP una salida a la crisis abierta por la intención del PSOE y Podemos de cambiar la ley para desbloquear la renovación del Poder Judicial: si Pablo Casado acepta negociar “en las condiciones de julio” —un reparto de 10 vocales para cada bloque y el presidente progresista— la reforma queda aparcada. Si no, sigue adelante. Pero el PP está enrocado: no negociará si Podemos no queda fuera —algo políticamente inviable— y el lunes lleva al Congreso su contrarreforma.

Sánchez no parece muy preocupado por la advertencia de la Comisión Europea, que el jueves cuestionó su proyecto de reforma de la ley del Poder Judicial. El presidente confirmó en Bruselas lo que habían señalado el día anterior fuentes del Gobierno, que el proyecto sigue adelante a menos que el PP acepte negociar y pactar la renovación del Consejo, algo que podría hacerse de manera inmediata, según el jefe del Ejecutivo. “Si el PP utiliza la ley para bloquear la Constitución, el poder legislativo tiene la responsabilidad de modificar la ley para que se cumpla la Constitución”, se justificó Sánchez tras asistir a una cumbre europea.

Por su parte, el PP dejó muy claras el viernes sus condiciones para volver a la negociación, que son conocidas. Primero, que retire su propuesta de reforma del sistema de elección, que considera “inconstitucional”. Segundo, que acepte la reforma que los populares registrarán el lunes en el Congreso, para que sean los jueces quienes elijan a los miembros del órgano de su gobierno, algo que se ha discutido en muchas ocasiones, pero que el PP nunca promovió cuando tuvo mayoría absoluta y eligió al actual Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con la norma de siempre: esto es, con decisiones políticas y refrendo parlamentario. Y la última condición, la que la hace completamente inviable en un Gobierno de coalición, es que el PSOE negocie con el PP, pero excluya a Podemos del proceso porque los populares entienden que es un partido que rechaza el pacto constitucional.

El PP se ha abrazado al rechazo de la Comisión Europea al plan de reforma del PSOE y Podemos, que les ha permitido cambiar el relato y su condición de “bloqueadores” de la renovación. El nuevo argumentario de los populares describe como “una conmoción” la reacción de Bruselas y como una “cortina de humo” la oferta de Sánchez de retirar su iniciativa legislativa si vuelven a sentarse a la mesa. El principal partido de la oposición sugiere que la reforma del PSOE y Podemos pone en riesgo los fondos europeos para hacer frente a los estragos de la epidemia de coronavirus y critica la iniciativa legislativa comparándola con Polonia, pese a que los eurodiputados españoles del PP votaron el pasado enero en contra de la mayoría del Parlamento Europeo (incluido su partido matriz) cuando se debatía una resolución para exigir, precisamente, una vigilancia mucho más estricta de Bruselas para garantizar la independencia del sistema judicial polaco.

Con el espaldarazo de las críticas europeas y de tres de las cuatro principales asociaciones de jueces en España, el PP se mantiene firme en sus condiciones. Especialmente, la que exige “que Podemos pinte en la renovación del Poder Judicial lo mismo que en la fusión entre La Caixa y Bankia, o sea, nada [los miembros de Podemos en el Gobierno no fueron informados previamente de la operación]”.

La continuidad del proyecto expone al Gobierno a un choque frontal con el departamento de Justicia de la Comisión Europea, que aboga por reducir la interferencia política en los nombramientos del órgano judicial y por garantizar que el Consejo “no se perciba como vulnerable a una politización”. Sin embargo, en el Gobierno están absolutamente convencidos de que la Comisión rebajará sus críticas cuando tengan ocasión de explicarle el objetivo de la reforma y sobre todo su origen, que es el bloqueo durante casi dos años de la renovación del órgano de gobierno del Poder Judicial. El Ejecutivo insiste, y así se lo trasladará a Bruselas, en que la independencia judicial en España no está en cuestión porque los jueces son independientes por completo en sus decisiones, y lo que se está dilucidando es la forma de elección del órgano de gobierno, que no tiene ningún poder sobre su labor jurisdiccional.

Bruselas ya ha intervenido en otras ocasiones para frenar reformas judiciales presuntamente contrarias al derecho comunitario. La Comisión incluso solicitó (y obtuvo) medidas cautelares al Tribunal de Justicia europeo para impedir en Polonia una reforma que consideraba lesiva para la independencia judicial.

El presidente, sin embargo, sigue adelante, culpa a los populares del bloqueo y sostiene que tiene en su mano resolver la situación volviendo a la negociación que estaba prácticamente cerrada en agosto, cuando Casado se echó atrás en el último momento. “Quien mantiene como rehén al Poder Judicial es el partido que no facilita su renovación”, sentenció en referencia al PP. El presidente del Gobierno recordó que PSOE y Unidas Podemos solo tienen 155 escaños, a 21 de la mayoría absoluta, y tendrán que buscar apoyos, por lo que no es un asunto de dos partidos, aunque sí quedaría fuera la principal formación de la oposición, el PP.

“Hay que recordar que el CGPJ emana de una mayoría parlamentaria de 2011 y estamos en 2020”, señaló Sánchez. “Las mayorías parlamentarias han cambiado y ello se tiene que visualizar en los órganos de gobierno tal y como mandata la Constitución”. El presidente se quejó de la maniobra de los de Casado en Bruselas para intentar parar la reforma.

“El PP ha utilizado todo para derribar el Gobierno de España durante la pandemia hasta incluso viniendo a las instituciones comunitarias”, se quejó Sánchez. “No es nuevo, forma parte de una estrategia que implementa el PP desde que está en la oposición. Me parece un error porque no es una oposición al Gobierno, sino a los intereses del país”. Fuentes de la Comisión Europea declinaron comentar las declaraciones de Sánchez, pero desde el departamento de Didier Reynders, comisario europeo de Justicia, advierten: “Seguiremos muy de cerca la evolución de este asunto”.

Dos asociaciones de jueces plantan al ministerio

Las dos asociaciones de jueces más representativas (la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura y la moderada Francisco de Vitoria) anunciaron que no van a acudir a ninguna reunión con el Ministerio de Justicia mientras el Gobierno no retire la propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, informa Reyes Rincón. “No podemos hablar de planes de choque o proyectos de reforma con quien justifica, promueve y apoya un proyecto de reforma (...) que ataca de plano a la independencia judicial y nos sitúa fuera de los valores y estándares europeos de separación de poderes”, señalaron en un comunicado conjunto. El ministerio ha convocado a las cuatro asociaciones los próximos 19, 20 y 27 de octubre.

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