Discrepancias

La coalición de Gobierno en España muestra, actualmente, un significativo grado de discrepancias en un amplio abanico de áreas, desde la política económica y social hasta la exterior. Esta situación política le acarrea al Ejecutivo una creciente lluvia de críticas. Solo parte de ellas está justificada.

España ha estado acostumbrada durante décadas a Gobiernos monocolor, lo que ha proporcionado un alto nivel de estabilidad y, con la ayuda de un sistema electoral propicio a facilitar la disciplina interna de los partidos, escasas disonancias. Ese tiempo pasó. El panorama político se ha fragmentado y es probable que en el futuro cercano los Gobiernos de coalición sigan siendo inevitables, como lo son en el presente. España debe por tanto acostumbrarse y adaptarse a estas nuevas circunstancias políticas. En ellas, es normal y legítimo que los socios debatan y discrepen en múltiples asuntos. Esta observación general cobra especial vigencia para la actual coalición, ya que el pacto de Gobierno que sellaron al principio se vio pronto superado por la realidad de la pandemia, forzando a reinventar sobre la marcha la hoja de ruta. No puede obviarse la excepcionalidad de la situación.

Por lo general, tampoco puede aseverarse que la discrepancia suponga de por sí un daño, mientras esta se produzca de forma serena, constructiva, acabe en consensos y se limite a las áreas idóneas. No hay problema en un vigoroso debate sobre si subir o no el salario mínimo interprofesional. Pero esto no significa que no haya líneas rojas. Las hay y, lamentablemente, se han superado.

Políticas de Estado como la exterior no pueden ser objeto de cacofonías que proyectan una desafortunada ambivalencia fuera de España. Pésima es la imagen interior cuando pactos ya sellados —los Presupuestos— pretenden ser luego enmendados por uno de los socios de la mano de otras fuerzas. Irresponsable resulta la agitación de ideas que sacuden el consenso constitucional sobre la forma de Estado, cuando semejante seísmo —además de malo para el país— es ajeno por completo al pacto de gobierno. Podemos tiene todo el derecho de pelear por medidas sociales y tratar de capitalizarlas. Se ve que su debilidad espolea su lucha. En muchos casos, sin embargo, sus acciones han sido legítimas pero no responsables.

En este contexto, yerran los que critican discrepancias que son perfectamente normales en las actuales circunstancias; y yerra la coalición en no poner la sordina a las que exceden ese ámbito de normalidad. En conjunto, pese a las divergencias, debe reconocerse a los socios cierta efectividad parlamentaria, como demuestra la aprobación ayer de la ley de eutanasia o, anteriormente, la de educación, la del ingreso mínimo vital o el encauzamiento de los Presupuestos. Hay que reconocerlo, igual que no pueden eludirse en el balance de la acción del Gobierno zonas oscuras, como los niveles de mortalidad por la covid y la inmensa contracción de la economía, de las peores de Occidente, en las que tiene un alto grado de responsabilidad, aunque influyan otros factores de peso.

Asistimos a los primeros pasos de una praxis, la de las coaliciones, a la que España tendrá probablemente que recurrir en el futuro. La política debe adaptarse y madurar pronto para sacar el mejor partido a esta clase de situaciones. Los países de la cuenca del Rin han demostrado ya que esta fórmula puede propiciar estabilidad, moderación y prosperidad.