No hay para tanto, señores

Pretendo en este artículo quitar leña al fuego sobre la enmienda a la Lomloe de no poner en el texto de la ley que la lengua castellana sea la lengua vehicular. Recordemos que ya en 1954 la Unesco nos decía que en los países plurilingües puede plantearse la necesidad de unificar política y culturalmente el Estado y de ahí la adopción, como medida política, de una de las lenguas vernáculas del país como lengua oficial. Y afirmaba que a veces incluso lenguas bien desarrolladas encuentran obstáculos por razones políticas. Y también argumentaba que en algunos países las normas de la educación suelen estar estrechamente vinculadas con la política y sufren las consecuencias de los cambios de administración. Demostraba que la imposición de una lengua, especialmente si se posterga la lengua materna, puede dar origen a disturbios políticos, y puede suceder lo mismo al demostrar preferencia por una de las lenguas vernáculas con relación a otras de igual o mayor prestigio social. Es un debate histórico, pero de cariz más político que educativo.

El cambio que se propone en la ley es confirmar lo que se hace desde hace años en algunas comunidades y todo seguirá igual excepto las batallas políticas y jurídicas que deberían acabarse desde un punto de vista educativo y de respeto democrático. Es cierto que puede pasar que sea un poco lampedusiano, o sea, “todo cambia para que no cambie nada”. Pero si analizamos técnicamente vemos que lo que hace la Lomloe es no mencionar el castellano como lengua vehicular (que lo introdujo la ley Wert en la anterior y denostada ley y que no aparecía en ninguna ley de educación anterior), y, en el caso de Cataluña, ya lo dice la ley (LEC) catalana de 2009. Por cierto, hay un artículo que dice que “todos los niños de Catalunya, cualquiera que sea su lengua habitual al iniciar la enseñanza, deben poder utilizar normal y correctamente el catalán y el castellano al final de sus estudios básicos”.

Se ha de remarcar y recordar a los detractores de esa enmienda introducida que también dice en el texto que las Administraciones garantizarán el derecho a los alumnos a recibir enseñanza en castellano, como indica la Constitución (ahí puede haber un problema posterior cuando hay tantos cambios de Gobiernos ideologizados en la educación y la interpretación de “las Administraciones”). Recordemos que el consenso de las lenguas que existió en la Transición se rompió en los años noventa con la beligerancia contra la normalización lingüística del Partido Popular, creando un imaginario social de que no se aprendería la lengua castellana y que se utilizaba la lengua como arma de nacionalismo. Cosa errónea cuando se analizan los sondeos políticos y diputados en los Parlamentos.

La enmienda viene a consolidar lo que pasa en las comunidades autónomas que tienen dos lenguas como en Cataluña y otras comunidades. Aquí existe una inmersión en catalán que, nadie puede negar que ha funcionado bien, dejando de lado las posturas extremistas y electoralistas de que ha provocado más adoctrinamiento. Una sentencia del Constitucional de 2018 obligaba a ampliar un 25% las horas en castellano y otra de 2019, en la que se avaló la enseñanza en catalán siempre que se garantizara el dominio del castellano, que no hay duda de que se garantiza. Otra cosa es que se cumplan las sentencias y las leyes stricto sensu.

Seguro que continuará siendo una polémica utilizando el argumento del pequeñísimo tanto por ciento de familias que piden el castellano y la polémica con lo que dice la Constitución en su artículo 3. Pero nadie duda que en todas las autonomías se cumple que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla, ya que el contexto es muy importante para la lengua y se vive mucho en lengua castellana, solo hace falta mirar diarios, televisiones e ir a pasear, en autobús o metro. Y recordar que las pruebas externas por diversos organismos nos dicen que los alumnos catalanes se sitúan por encima o igual, depende del organismo evaluador, de la media española en conocimiento del castellano y que la lengua vehicular no les perjudica en su aprendizaje (en expresión y compresión oral y escrita del castellano, un nivel superior al de muchas comunidades autónomas que cuentan con el castellano como lengua vehicular). Y eso sí que es importante. Pero es verdad que la guerra política, más que lingüística, educativa o sociocultural, queda abierta. Siempre lo han sido, en este país, las lenguas una confrontación. No hay nadie en Cataluña que no sepa y domine el castellano y eso que se llevan 37 años de inmersión. Por favor, señores, no hay para tanto.

En 2020, la directora general de la Unesco dijo en el Día Internacional de la Lengua Materna que las lenguas maternas son una fuente de inclusión social, innovación e imaginación. También infunden vida a la diversidad cultural y son instrumentos de paz. O sea, son un factor, en nuestro contexto del siglo XXI, de integración y cohesión fundamental. Miremos el tema desde un punto de vista educativo y social.

Francisco Imbernón es catedrático de Pedagogía de la Universidad de Barcelona.