Contrato social

La política española, como la de tantos otros países, afronta el nuevo curso político con la responsabilidad de encarar una crisis cuyos efectos amenazan con arruinar el futuro del país. Este periódico inicia hoy una serie de reportajes que quieren contribuir al debate sobre las decisiones trascendentales que se habrán de tomar para forjar los cimientos de un nuevo contrato social, de todo punto necesario si queremos superar el desastre de la pandemia más cohesionados, con unas instituciones más estables y un sistema que no deje atrás a los más vulnerables.

Hacer frente a la crisis económica y la emergencia social derivada de la pandemia requerirá un esfuerzo extraordinario. Este interpela a todas las fuerzas políticas y tendrá su primera prueba de fuego en el debate sobre los próximos Presupuestos Generales del Estado. En ellos deben sentarse las bases de una política de transformaciones a largo plazo, así como quedar fijada la proyección compartida de lo que debe ser el futuro del país.

España se incorporó tarde al Estado de bienestar y aunque hizo un gran esfuerzo, nunca llegó a equipararse al de los países europeos avanzados. Ahora le toca recuperar la brecha, en circunstancias especialmente desfavorables. En toda Europa, los sistemas de bienestar social —que aseguraron décadas de progreso, paz social y estabilidad política— atraviesan una encrucijada, entre el desgaste del modelo, la presión competitiva del ultraliberalismo de mercado y la creciente dificultad de financiarse. Cabe resaltar el retraso relativo de España en estos ámbitos, lo que duplica las tareas: por una parte, evitar el destrozo que la pandemia y su correlato objetivo, la crisis económica, puedan ocasionar en el sistema; y tratar de recuperar los rezagos históricos respecto a Europa, por otra.

La pandemia ha venido a mostrar las carencias de un sistema sanitario (excelente en lo curativo, menos en lo preventivo) y de saturación de servicios sociales que necesitan mejores dotaciones técnicas y humanas, así como un incremento presupuestario. Lo mismo sucede con el sistema educativo, que no solo debe ser reforzado, sino revisado con profundidad para que pueda afrontar el cambio de paradigma digital en el que nos encontramos.

El ingreso mínimo vital recientemente aprobado es un gran avance, pero resulta también necesario analizar con detalle esta y otras políticas sociales para evitar posibles efectos colaterales indeseables, y que puedan así integrarse sin roces con las necesarias reformas estructurales de largo alcance. Financiar todo ello, así como cimentar la sostenibilidad de las pensiones, exige, más allá de las ayudas europeas, una revisión a fondo de la fiscalidad que asegure la eficacia recaudatoria, la equidad contributiva, el fomento al crecimiento y a las empresas. No es tarea fácil. Nada peor, por tanto, que abordarla con anteojeras ideológicas o banderías partidistas.

Resulta imperativo aprovechar este esfuerzo para reorientar nuestro modelo económico y productivo de manera que pueda hacer frente y superar las diferentes crisis que se solapan y se proyectan sobre el futuro inmediato, especialmente la emergencia climática y las transformaciones derivadas de la revolución digital y la robotización. Todo está relacionado y sería un error plantear políticas sectoriales como si fueran compartimentos estancos, sin visión de conjunto ni de largo plazo.

En demasiadas ocasiones, la discusión sobe los Presupuestos queda emborronada entre dos extremos: las grandes cifras —un arcano para la mayoría de los ciudadanos— y la gresca partidista de líneas rojas y vetos cruzados. No es tarea de un periódico elaborar unos Presupuestos. Pero sí contribuir con datos, opiniones y una visión de largo alcance al necesario debate. Nuestro propósito es aportar elementos para una conversación serena, constructiva y alejada de las pugnas partidistas. Pero es ahora a ellos, a los partidos políticos, a los que, desde las legítimas diferencias programáticas, les corresponde tomar el testigo con responsabilidad. Solo así, tanto si están en el Gobierno como en la oposición, recibirán el reconocimiento ciudadano.