A la intemperie

El grupo parlamentario socialista acordó con los de Unidas Podemos y EH-Bildu la derogación íntegra de la reforma laboral, además de otros compromisos políticos sobre Navarra y el País Vasco, en el contexto de la votación de la quinta prórroga del estado de alarma celebrada el miércoles. El acuerdo fue mantenido oculto hasta que el Gobierno obtuvo los apoyos de Ciudadanos y el PNV, anunciado una vez concluido el pleno, rectificado a medianoche y vuelto a ratificar a primera hora por el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Ni en el fondo ni en la forma tenía sentido un acuerdo que, a cambio de una abstención irrelevante, ha destruido el mermado crédito negociador del Gobierno, lo ha dejado parlamentariamente a la intemperie y ha concitado en su contra un sentimiento de estupor, tanto por el diletantismo de firmar lo que firmó, como por el desorden interno que evidenció la rectificación y la rectificación de la rectificación, llevando al paroxismo la inseguridad jurídica.

Este movimiento político no puede ser despachado por el Gobierno como una simple torpeza o un error de coordinación, puesto que ha comprometido gravemente su capacidad de articular cualquier mayoría parlamentaria que no pase por el reconocimiento de su extrema debilidad ante socios ávidos de explotarla sin límites. La tentación de llevar al Gobierno por este camino, relativizando las eventuales concesiones a unos socios conscientes de su inmejorable oportunidad, podría colocar a la totalidad del país ante una fractura política y social inmanejable. Entre otras razones porque, a pesar de la extraordinaria gravedad de la situación, el principal partido de la oposición está actuando como aprendiz de brujo y empujando a las calles un malestar y unas emociones contra el Gobierno que debería reconducir a la razón y las instituciones.

El Gobierno no puede seguir basando su estrategia en cerrar filas contra esa oposición montaraz para excusarse de lo que no hace y debería haber hecho, que era buscar un acuerdo parlamentario acorde a la magnitud de los desafíos. Si no con la esperanza de lograrlo, vista la irascibilidad de los discursos, sí con la determinación de cerrar los flancos evidentes de una acción política en minoría y de una coalición que es una mera yuxtaposición de partidos mal avenidos. En lugar de ello, los flancos se han agrandado a raíz de este episodio, puesto que ha quedado en evidencia una fractura sin precedentes entre el vicepresidente Iglesias y el resto del Gobierno, incluidos algunos ministros procedentes de Unidas Podemos.

Un Ejecutivo de coalición no puede ser el cuadrilátero político donde dirimir mediante golpes de efecto las disputas entre socios. Mucho menos bajo un estado de alarma prorrogado durante meses y con una amenaza sanitaria sin conjurar, tras la que, además, se avecina una crisis económica sin precedentes. En otras circunstancias, tal vez el Gobierno podría minimizar el coste político con una explicación de lo sucedido. Pero esta vez las cosas han ido demasiado lejos, y la única manera en la que podría contener la hemorragia política provocada por el acuerdo sobre la reforma laboral en un contexto impropio y con un socio inadecuado es depurando responsabilidades. De no hacerlo con urgencia, será el propio presidente Sánchez el que se arriesgue a perder toda cobertura, llevando al país a una vía muerta institucional cuando lo que requiere es emprender cuanto antes el largo y doloroso camino que le queda por recorrer.