¿Por qué la 4T quiere desaparecer el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas? Jatii
La Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de México es unos de los instrumentos más potentes para la defensa de la diversidad lingüística, pero es el Estado quizá el mayor violador de esos derechos
En México no hay una lengua oficial. Todas las lenguas indígenas junto con el español son consideradas lenguas nacionales. Así lo dice la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de México, unos de los instrumentos legales más potentes para la defensa de la diversidad lingüística. Esta ley fue promulgada gracias a una larga lucha sostenida por activistas, comunidades y escritores indígenas quienes participaron activamente en la redacción de un documento que, con algunos cambios, terminó siendo ley en 2003. La creación de esta ley se dio también en el marco de las luchas por el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés.
Este potente instrumento legal es producto de un fuerte movimiento social; lamentablemente yace casi como letra muerta porque el Estado Mexicano no ha tenido voluntad de hacerla cumplir, es más, el Estado es quizá el mayor violador de estos derechos lingüísticos. Sabemos que una cosa es lo que dice la ley y otra la realidad, aunque no hay lengua oficial legalmente hablando, es un hecho que el proceso de castellanización forzada ha hecho del español la lengua que el aparato estatal utiliza e impone; de facto, el español es lengua de Estado. Aún así, muchos activistas y organizaciones han tenido en la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de México un importante instrumento de defensa ante la violencia lingüística en este país.
De esta ley, se desprendió la creación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) en 2005. Como bien apunta el abogado mixteco y experto en el tema Tomás López Sarabia, el INALI es de las pocas instituciones creadas e ideadas por personas que pertenecen a pueblos indígenas. Lamentablemente, tal vez a causa de eso, ha sido una de las más abandonadas y despreciadas. Poco a poco, el INALI ha sido desmantelado y minimizado, no sólo en cuanto al presupuesto asignado sino también en cuanto a la atención y el seguimiento necesario para que pueda implementar políticas lingüísticas de manera transversal en todo el aparato estatal. No hay dependencias, secretarías o instituciones en los que no se use lenguaje por lo tanto en todas hay que hacer planificación lingüística para evitar lo que está sucediendo ahora mismo ante nuestros ojos: la rapidísima desaparición de la diversidad lingüística del país.
Aunque en un principio, el INALI realizó importantes tareas como promover la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, integrar un padrón de intérpretes y traductores, crear espacios de capacitación para quienes realizaban esta importante labor, impulsar proyectos de documentación y atención a lenguas en inminente riesgo de desaparición entre otras tareas, pronto el abandono y el mal manejo de esta institución fue atrayendo severas y justas críticas. Sabemos que es necesario reformar profundamente al INALI, fortalecerlo para que pueda enfrentar la grave situación por la que atraviesa la diversidad lingüística en el país, se trata de enfrentar una emergencia.
Por desgracia, la llamada Cuarta Transformación no alcanzó al INALI, en vez de hacer lo necesario para transformarlo y fortalecerlo siguió con el desmantelamiento. Sabemos que el presidente de la república ama el beisbol y, al parecer, por el presupuesto que se le ha asignado a PROBEIS para promover su deporte favorito, le interesa muchísimo más que la alarmante desaparición de las lenguas indígenas. En 2021, PROBEIS recibió 264 millones mientras que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) recibió solo 68 millones de los cuáles nada más quedaron 10 millones para operar programas.
Ahora, la Cuarta Transformación pretende dar la última estocada: el Poder Ejecutivo envió una iniciativa a la Cámara de Diputados en la cual plantea que el INALI se fusione con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). El INALI ha estado sectorizado en la Secretaría de Educación Pública y después en la Secretaría de Cultura aunque su trabajo es necesario en todas las secretarías y dependencias del aparato estatal. Si por lo menos el INPI tuviera un programa de trabajo claro para combatir la desaparición de la diversidad lingüística, alguna esperanza habría pero no hay plan alterno, sólo se propone desaparecer el INALI por fusión, un eufemismo menos escandaloso.
La desaparición del INALI es sumamente grave considerando la alarmante situación en cuanto a la vitalidad de las lenguas indígenas como los estudios del Colegio de México y de investigadores expertos han arrojado. Es gravísimo considerando también los compromisos internacionales adquiridos por el Gobierno mexicano en esta materia consignados ya en la famosa “Declaración de Los Pinos (Chapoltepek). Construyendo un decenio de acciones para las lenguas indígenas” que realizaron junto con la UNESCO, una declaración lanzada en vísperas del “Decenio internacional de las lenguas indígenas (2022-2032)” que actualmente está en transcurso.
Es urgente que la comisión legislativa que dictamine esta iniciativa escuche las voces disidentes, las voces de izquierda y del movimiento indígena cuyas luchas crearon la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de México y el INALI, una institución que necesita urgentemente ser fortalecida y no eliminada, una institución necesaria ante la emergencia que vive la diversidad lingüística de México. Ante esta necesidad apremiante, la desaparición del INALI no es lo que se esperaría de un gobierno de izquierda, ¿por qué la 4T quiere desaparecer el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas?.
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