‘Que sepan que sabemos’: traducen los megaproyectos de López Obrador a lenguas indígenas
En México se hablan decenas de lenguas, pero los grandes proyectos se difunden solo en español, lo que impide que los pueblos originarios se informen
EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí.
En México hablamos español, pero también 68 lenguas más. De acuerdo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, casi seis millones de mexicanos hablan alguna de las 364 variantes lingüísticas asociadas a 68 lenguas, que a su vez pertenecen a 11 familias lingüísticas distintas. El náhuatl, el chol, el totonaca, el mazateco, el zapoteco, el otomí, el tzotzil, el tzeltal, el maya y el mixteco son las más habladas. ¿Cómo llegar a los pueblos afromexicanos y a las comunidades indígenas para comunicarles, por ejemplo, los megaproyectos del Gobierno si no se les habla en el idioma que dominan? ¿Cómo hacer que participen, tomen decisiones sobre sus territorios y sus derechos colectivos?
Con esa premisa surgió Que sepan que sabemos, una iniciativa de Cohesión Comunitaria e Innovación Social, una organización civil formada por personas que trabajan para fortalecer la cohesión comunitaria y fomentar la innovación en México. El grupo lanzó 13 videos de animación sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas ante megaproyectos en 12 lenguas indígenas y variantes lingüísticas. La campaña busca reducir las asimetrías de información y poder entre personas que habitan México para aumentar la participación informada de las mujeres, jóvenes, pueblos indígenas y afromexicanos, discapacitados y migrantes en la toma de decisiones sobre sus territorios. La iniciativa se ha hecho en el marco de la creación o desarrollo de más de 329 megaproyectos del país y abarca proyectos o megaproyectos agroindustriales, energéticos, extractivos, de infraestructura y servicios, turísticos, inmobiliarios, de residuos o industriales en 24 entidades de interés. El objetivo es que quienes viven en los territorios susceptibles de ser afectados por estos megaproyectos puedan decidir sobre ellos.
“Cada uno de estos megaproyectos tiene impactos de carácter social, cultural, ambiental y económico que no suelen informarse antes a quienes viven y transitan en los territorios en los que se hacen o se pretenden hacer para que puedan participar en la toma de decisiones sobre si se hacen o no, o cómo se hacen”, explica Suhayla Bazbaz, directora del proyecto, en entrevista con EL PAÍS. Pese a que la Constitución, varios pactos Internacionales, declaraciones de derechos o el Acuerdo Regional de Escazú reconocen el derecho a la participación informada de todas las personas en la toma de decisiones que les afectan, las que se hacen en los territorios “las suelen tomar quienes tienen poder político, poder económico o son propietarios de las tierras sin involucrar al resto de la población”, afirma Bazbaz.
De los 329 proyectos identificados, 200 corresponden al sector de infraestructura y servicios, 21 al energético y cinco al agroindustrial. 103 corresponden a otras áreas. “El proyecto no solo busca hacer llegar la información, sino que se acerca a la comunidad para saber cómo entiende este tipo de proyectos. Sobre todo porque hay mucha información, pero hay que adecuarla a los contextos y realidades de cada pueblo indígena. Es por eso que lo encuentro muy valioso, pues abraza la especificidad de cada comunidad, para que cada quien pueda tomar decisiones más informadas”, le dice a América Futura Sasil Sánchez Chan, intérprete de Maaya ta’an (maya, de la región sur de Yucatán).
La iniciativa cubre 24 de los 32 estados de México. La mayoría de proyectos traducidos están en Oaxaca (46), la Ciudad de México (38), Quintana Roo (23), el Estado de México (22) y Chiapas (21). “Es necesario que la información puesta a disposición de los pueblos sea en sus propios idiomas y considere su identidad, cultura, costumbres, tradiciones y cosmovisiones”, dice Bazbaz. “Se les debe informar quiénes harán los proyectos, en qué ubicación, durante cuánto tiempo, con qué tecnología y cuáles serán los impactos sociales, culturales, ambientales y económicos que tendrán los proyectos, desde su planeación y construcción hasta su operación y cierre. Esto contribuye no solo a los derechos lingüísticos de los pueblos sino también a su derecho al territorio y a la libre determinación y autonomía”.
Las lenguas a las que han traducido los proyectos son el Ralámuli (Tarahumara del centro), P’orhepicha (Purépecha), Jñatjo (Mazahua del Oriente), Mexikatlahtolli (Náhuatl de la Huasteca Hidalguense), Náhuatlahtolli (Náhuatl del Centro Alto), Nahwatlahtolli (Náhuatl de la región de la montaña de Guerrero), Nawatlajtolli (Náhuatl de la Huasteca Potosina), Maseual (Náhuatl de la Sierra Nororiental de Puebla), Tu’un da’vi (Mixteco del Oeste Alto), Bats’il k’op (Tseltal del Norte), Maaya t’aan (Maya) y Teenek (Teenek Región Huasteca Potosina). La traducción e interpretación a cada lengua fue responsabilidad de ocho mujeres y cuatro hombres integrantes de los pueblos y hablantes de cada una de las variantes. En total se involucraron más de 30 personas. “La importancia que tiene este tipo de materiales es muy grande, porque ahorita sabemos cuál va a ser el impacto total de los megaproyectos, no sólo para el pueblo rarámuri, sino para el pueblo maya y para los diferentes idiomas que se hablan en los pueblos de México”, afirma a América Futura Jose Isidro Morales Moreno, hablante del idioma rarámuri, también conocido como tarahumara.
La iniciativa trabaja sobre cuatro estrategias: documentos y acciones de comunicación tradicional, alternativa y disruptiva; Información accesible para pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos y para personas con discapacidad, para que puedan ejercer su derecho a la participación informada e Interlocución con autoridades y empresas para incidir en la generación y publicación de información relacionada con proyectos que los afectan de alguna manera. Cada material audiovisual cuenta una historia.
En los próximos meses Que sepan que sabemos ejecutará una estrategia de interlocución e incidencia con autoridades para que generen y publiquen información relacionada con la realización de megaproyectos. Se han revisado 81 instrumentos normativos en los que se identificaron 350 obligaciones aplicables a partir de las cuales se determinaron 50 propuestas concretas en el corto y mediano plazo. Además, buscarán una interlocución con empresas de los sectores a los que corresponden los megaproyectos para incidir en el conocimiento y cumplimiento de su responsabilidad de respetar los derechos humanos de quienes pueden ser afectados por sus actividades empresariales, incluido el derecho a la información para la participación en la toma de decisiones sobre megaproyectos que promuevan.
En la estrategia de información accesible, la iniciativa también va a crear materiales en formatos accesibles para personas con discapacidad sobre su derecho a la participación informada en la toma de decisiones sobre megaproyectos. Estos serán en formato de lectura fácil, braille, audio texto y lengua de señas mexicana.
Sobre la firma
