La Suprema Corte de México conmina a Salinas Pliego a pagar otros 67 millones de pesos a Hacienda

La Suprema Corte ha resuelto este miércoles el octavo pleito que Ricardo Salinas Pliego tenía abierto contra el sistema tributario mexicano (SAT) en el Alto Tribunal, que se suma a los otros siete que concluyeron la semana anterior, con el mismo resultado. El magnate deberá sumar 67,16 millones de pesos a los cerca de 50.000 millones que el Constitucional le conminó a pagar el jueves anterior, un apéndice menor que no modifica sustancialmente el monto de las deudas. Esta vez, sin embargo, no ha habido unanimidad en el pleno, que ha contado con los votos en contra de tres ministros. El Constitucional, además, ha decidido aplazar la revisión del último amparo pendiente por un crédito fiscal al millonario, que tenía un valor inicial de 645,76 millones de pesos. Los dos asuntos relativos a este juicio, promovido por la empresa Total Play, cuentan con proyectos contradictorios de las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel, pues la primera propone entrar en el fondo del asunto y la segunda, no hacerlo.

En un comunicado emitido poco después de que la Corte terminara la sesión, el Grupo Salinas ha lamentado que el tribunal fallara, “por segunda vez en menos de una semana”, en contra de sus intereses. El conglomerado empresarial ha acusado al Alto Tribunal de “cumplir con el mandato del Gobierno”, “violando principios fundamentales y contradiciendo incluso sus propios criterios”, ha agregado. Como ya lo hizo la semana anterior, ha anunciado de que seguirán defendiendo sus causas en las instancias nacionales e internacionales que puedan.

El juicio que ha quedado resuelto este miércoles, que protagoniza Nueva Elektra del Milenio y que corresponde al ejercicio fiscal de 2012, rompe la tendencia que siguieron los ministros la semana pasada. Entonces decidieron no entrar en el fondo de los asuntos planteados por Elektra, la empresa que promovía los amparos, por ausencia de cuestiones relativas a la constitucionalidad o porque, aun tocando esta materia, carecían de interés excepcional y, por tanto, no requerían de un pronunciamiento nuevo de la Corte. Esta vez, el proyecto que resolvía la revisión del amparo, cuya ponencia ha recaído en Lenia Batres, sí ha entrado al fondo de algunas cuestiones, en contra de la opinión de los ministros Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel e Irving Espinosa. Los juzgadores se han mantenido en la línea de los anteriores pleitos y han argumentado que se trata de cuestiones meramente de legalidad y no de constitucionalidad.

En este caso, a diferencia de los juicios que abordó el Alto Tribunal la semana pasada, el amparo había sido interpuesto por Hacienda, que había ganado al empresario en la primera instancia pero perdió en la segunda. La ministra Batres ha propuesto revocar esta última sentencia y conminar al Tribunal Colegiado a dictaminar de nuevo con lo resuelto por la Corte esta mañana. Sobre este giro también ha tenido un pronunciamiento el grupo empresarial. “Resulta paradójico y muy preocupante que, mientras que apenas la semana pasada este grupo de ministros ilegítimos rechazaron revisar el fondo de nuestros amparos por falta de cuestiones de constitucionalidad, ahora se contrapongan al admitir entrar al fondo de las sentencias solo porque las autoridades fiscales se los instruyen”, ha esgrimido.

El debate tiene que ver con si las autoridades fiscales pueden ejercer las comprobaciones pertinentes sobre empresas que forman parte de una mayor en un régimen de consolidación fiscal. Este marco jurídico, vigente de 1982 a 2013, permitía a los conglomerados empresariales agrupar las declaraciones fiscales de todas sus compañías para evitar tener que pagar impuestos elevados por aquellas que tenían ganancias cuando otras estaban generando pérdidas. Con ese contexto de fondo, Salinas Pliego ha argumentado que las autoridades no podían, bajo ese régimen, fiscalizar a una de las empresas que la componen ―en este caso, Nueva Elektra del Milenio―, sino solo a la que la contiene, que aquí sería Elektra.

Tras las sentencias de las instancias inferiores, que se pronunciaron en distintos sentidos, la mayoría de los ministros ha considerado que en este debate subyace una cuestión de constitucionalidad de interés excepcional y, por tanto, deben entran al fondo del asunto. El Pleno ha resuelto que las autoridades sí pueden ejercer sus facultades sobre las empresas controladas por otra mayor y han ordenado al Tribunal Colegiado dictar una nueva sentencia teniendo en cuenta esta nueva jurisprudencia, que implica ratificar la multa de 67 millones.

Los pleitos que el empresario enfrenta en la Suprema Corte son de vital importancia para el Gobierno de Claudia Sheinbaum que, siguiendo a su predecesor, el morenista Andrés Manuel López Obrador, ha hecho del combate contra los grandes deudores uno de sus caballos de batalla. La presidenta necesita aumentar la recaudación para financiar los programas sociales que vertebran su proyecto sin recurrir a una reforma fiscal que busca evitar a toda costa. Para sortearla, está cerrando los agujeros por los que se continúa escapando el dinero que ya debería estar entrando en las arcas públicas. Hay dos billones de pesos atorados en los tribunales por créditos fiscales impugnados, un extraordinario botín del que el empresario forma parte con un porcentaje menor, pero que sin embargo concentra la mayor carga simbólica.

Salinas Pliego está enfrentado al Ejecutivo también en el plano político. El empresario tontea con la idea de entrar de lleno en esta arena para encarar directamente al partido en el poder, cuyas disputas son retransmitidas en tiempo real en las redes y acaban con frecuencia en las conferencias matutinas de la presidenta. Además de las deudas, se juegan en el debate público ganar o no el favor de la ciudadanía.