Pën. Candidaturas indígenas: ¿basta la autoadscripción?

¿Cómo sabemos que alguien es indígena? En un país que ideológicamente se ha asumido como mestizo es una pregunta difícil de responder. Legalmente, basta con el llamado principio de autoadscripción, basta con reconocerse como tal; sin embargo, varios fenómenos han puesto en entredicho ese criterio y han evidenciado que, en los hechos, las políticas de reconocimiento son mucho más complejas y varían en cada país del mundo. Una amiga de un pueblo zapoteca del Istmo me contó cómo, ante el escenario de la instalación de un megaproyecto energético en su territorio, los funcionarios encargados de las gestiones trataron de evadir la consulta que debe hacerse a los pueblos indígenas con el argumento de que no constituían un pueblo indígena pues ya casi nadie hablaba zapoteco en el lugar. En un juicio sobre el reconocimiento de derechos de una persona que atraviesa un proceso judicial, es posible que, en el mejor de los casos, antes de activar los protocolos necesarios para atender a personas indígenas, los jueces ordenen una investigación que, curiosamente, se conoce como “peritaje antropológico”, mediante el cual un grupo de expertos determina si una persona es indígena o no. El propio establecimiento de un grupo de expertos que sea quien determine qué tan indígena es una persona genera ya problemas de entrada y pone en evidencia los entramados que sostienen la categoría que nombramos como indígena.

Mientras que, por mencionar un ejemplo, mi pertenencia al pueblo mixe se puede evaluar con respecto de una serie de criterios de reconocimiento de la colectividad mixe a la que pertenezco, ser indígena se juega en otra red de implicaciones y significados. Durante el censo del 2000, un amigo que fue encuestador del Inegi decidió preguntar en mixe si las personas hablaban “ayuujk” (lengua mixe en mixe)” porque, si hacía la pregunta en español “¿habla una lengua indígena?” las respuestas eran frecuentemente negativas pues la palabra “indígena” les parecía ajena. Ante diferentes tipos de encuestas en instituciones públicas, mi abuela siempre respondía “yo soy mixe, no sé qué es eso de “indígena”. La palabra indígena, que se utiliza sobre todo en español, no forma parte de la experiencia identitaria de todas las personas que son consideradas como tales por el Estado mexicano. Cuando migré a la ciudad, la palabra “indígena” tomó una relevancia que jamás había tenido para mí durante la infancia y la adolescencia en el que las experiencias identitarias me dejaban claro que yo era mixe: una niña decididamente distinta de las niñas zapotecas que acompañaban a su mamá a vender en el tianguis de mi comunidad, de las niñas chinantecas que llegaban en peregrinación a ciertas fiestas religiosas o de las niñas que venían de la ciudad y a las que enseñaba a diferenciar entre las flores silvestres del patio que podíamos cortar para jugar y las cultivadas que eran intocables. Con el paso del tiempo, me queda claro que, más que una categoría cultural o identitaria, indígena es una categoría política que nombre a una serie de pueblos que sufrieron colonialismo y que quedaron encapsulados dentro del Estado mexicano, que ha querido desaparecerlos por asimilación o eliminación. A los pueblos y personas indígenas nos une una situación en la historia, ser indígena no es un rasgo esencial, el pueblo mixe ha sido mixe sin ser categorizado como indígena durante cientos de años.

En el contexto de las elecciones intermedias, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó garantizar candidaturas a diputaciones federales para pueblos indígenas y afromexicanos. Esta acción afirmativa y las artimañas de los partidos políticos para evitar dar cumplimiento a la orden del Tribunal Electoral ha vuelto a poner de relieve las complicaciones de la adscripción a pueblos indígenas. De los candidatos indígenas que los partidos políticos postularon para ocupar un espacio en el Congreso de la Unión, 132 no pudieron acreditar que realmente pertenecen a un pueblo indígena como lo informó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El comportamiento de los partidos políticos sobre este asunto ha sido muy vergonzoso, Manuela del Carmen Obrador Narváez, prima del presidente de la república, se postuló como candidata dentro de las posiciones reservadas para personas indígenas, el Tribunal Electoral consideró que sí cumple con este rasgo.

En Morelos, Daniel Martínez Terrazas, candidato a diputado federal por el Partido Acción Nacional, dijo en entrevista que había obtenido una constancia de pertenencia a una comunidad indígena de Guerrero para poder cumplir así con las acciones afirmativas para pueblos indígenas, aunque no pudo mencionar el nombre de la comunidad nahua que lo reconoce como indígena. Aclaró además que es discriminatorio considerar que una persona indígena debe medir un metro de estatura y que debe tener determinado color de piel, aludiendo a que él es alto y su piel es clara. Estos comportamientos y lamentables declaraciones ponen en evidencia la dificultad que ha tenido el Estado mexicano para determinar quién es indígena y quién no lo es. Tener el poder de hacer esta clasificación evidencia ya la realidad de una opresión que tiene dos principales tipos de consecuencias: por un lado se somete a personas de pueblos indígenas a procesos de validación de diversos tipos, entre ellos los peritajes antropológicos y, por otro lado utiliza el criterio de autoadscripción para asaltar lugares destinados a personas indígenas en acciones afirmativas diseñadas por el estado mismo. En ambos casos, es el Estado quien tiene el poder de clasificar; las únicas ocasiones en las que he tenido que probar que soy indígena (mostrar que soy mixe sucede en otras situaciones) es en contextos en el que el Estado está involucrado. ¿Ante quiénes y por qué debemos probar que somos o no indígenas cuando históricamente se nos ha hecho creer que ser indígena es indeseable?

Por estas situaciones y el problema que plantea el criterio de la autoadcsripción cuando se trata de acciones afirmativas, el INE determinó ciertos criterios para probar la pertenencia, entre ellas el reconocimiento de una comunidad indígena. Este criterio es también engañoso pues no toda la población indígena pertenece a una comunidad; estructura comunitaria y pueblo indígena no son categorías intercambiables. Una amiga mixe, de padre y madre mixes, nació y habita en una gran ciudad, no habla la lengua de sus padres y vive en una pequeña casa adjunta a la casa en la que su madre hace trabajo doméstico. ¿Quién puede determinar si ella es indígena o no? ¿Bajo qué criterios?

Cuando nació el Estado mexicano, aproximadamente el 70% de la población hablaba una lengua indígena y pertenecía a un pueblo indígena, ahora somos el 6,1%. ¿Qué sucedió con ese 64%? El Estado mexicano los desindigenizó arrebatándoles la lengua, desidentificándolos con los pueblos de los que provenían históricamente y adscribiéndolos a una identidad distinta y nueva que llamó “identidad mexicana”. El porcentaje de personas que se reconoce como morena en este país corresponde muy cercanamente a ese 70% que hablaba una lengua indígena a comienzos del siglo XIX. Ante esta realidad y paradójicamente, el Estado ha utilizado el criterio lingüístico durante mucho tiempo como prueba irrefutable de pertenencia a un pueblo indígena, al mismo tiempo que ejerce una opresión estructural para que estas lenguas dejen de hablarse. En muchas instituciones y para fines de sus estadísticas, indígena sigue siendo aquel que tiene una lengua indígena por lengua materna. El criterio de autoadscripción parece tambalearse en los hechos, una gran mayoría que reconoce descender de pueblos indígenas podría reclamar la autoadscripción y reclamar al Estado la violencia que ejerció sobre sus padres, madres, abuelas y abuelos para integrarlos a la nación mexicana, arrebatándoles lenguas y rasgos asociados a los muchos y diversos pueblos indígenas de este país. En todo caso, la clasificación y acreditación de personas como indígenas o no, puede compararse con procesos en otros países en los que, desde hace tiempo, se emiten cédulas de identidad indígena que conllevan también muchos problemas. La pregunta de fondo sigue siendo la misma, ¿por qué se necesita probar que alguien es indígena?

Otro asunto interesante a discutir, es que las acciones afirmativas como las que plantea el INE para pueblos indígenas encubren una problemática mayor: la inclusión y la participación de individuos indígenas que responderán a sus partidos políticos más que a las colectividades a las que supuestamente pertenecen oculta la falta de participación como entidades colectivas de los pueblos indígenas en el Congreso de la Unión. Un diputado indígena, por más que lo sea, pertenece y representará sobre todo los intereses de su partido político; su voto y comportamiento legislativo no responderá a una representación del pueblo, o comunidad si es el caso, a la que pertenece. La acción afirmativa para individuos indígenas oculta la falta de reconocimiento como sujetos políticos de entidades colectivas como son los pueblos indígenas de este país. No basta con tener un diputado indígena si el pueblo indígena completo no tiene representación legislativa.

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