Una ministra de la Corte niega al INAI un recurso que le permitiría sesionar con cuatro integrantes

La ministra de la Suprema Corte de Justicia Loretta Ortiz ha negado este lunes conceder al INAI, el Instituto de Transparencia de México, un recurso legal que le habría permitido sesionar con cuatro de los integrantes de su pleno, incompleto desde hace varias semanas debido a que el Senado no se ha puesto de acuerdo para nombrar a tres nuevos comisionados. Los recursos para dar la vuelta al atasco legislativo y conceder margen de maniobra a la institución que garantiza a los mexicanos su derecho al acceso a la información se agotan. El Supremo no ha hecho públicos los argumentos de la ministra Ortiz para rechazar la suspensión solicitada por el INAI en una controversia constitucional por el incumplimiento del Senado. El Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales —el nombre oficial del INAI— ha anunciado esta tarde que promoverá un nuevo recurso de reclamación ante la propia Corte contra la decisión de la ministra Ortiz.

Aunque ahora se ha abierto una pugna entre el INAI y la Suprema Corte de Justicia, el conflicto tiene su origen en el Senado mexicano, que ha incumplido su obligación de designar a las personas que deben reemplazar la ausencia de tres comisionados que ya concluyeron sus periodos. Idealmente conformado por siete integrantes, el pleno del INAI se ha quedado con solo cuatro de ellos desde el 31 de marzo, lo que ha llevado a la institución a un punto en el que no puede resolver recursos de revisión, que son los reclamos ciudadanos en contra de la opacidad de dependencias gubernamentales, cada vez más dadas a no transparentar información pública.

La legislación vigente establece que, para que sus actos tengan validez, el INAI debe sesionar con al menos cinco integrantes. La Cámara alta había logrado en marzo nombrar a dos de los tres comisionados faltantes, pero pocos días después el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, vetó las designaciones, lo que devolvió al INAI a su situación de inoperancia. Recientemente, el portal de noticias Latinus reveló un audio en el que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo a senadores de Morena, el partido oficialista, que para el Ejecutivo la parálisis del INAI era el “mundo ideal”.

El INAI promovió el 27 de marzo una controversia constitucional contra el Senado por su omisión en nombrar a los comisionados faltantes. El instituto acusó que la Cámara alta atentó contra su autonomía constitucional, pues con sus omisiones le ha impedido sesionar conforme la ley, esto es, con al menos cinco de sus siete integrantes. El INAI pidió a la Suprema Corte aplicar una interpretación a la ley según la cual el requisito de quórum mínimo de cinco votos solo sería posible cuando el pleno estuviera efectivamente integrado por siete comisionados nombrados. El razonamiento del INAI implicaría que, tomando en cuenta la actual integración, el quórum mínimo no podría ser el mismo, sino que tendría que reinterpretarse con base en la cifra de los cuatro comisionados que sí hay nombrados.

“En la demanda se solicitó la suspensión para el efecto de que se realizara una interpretación a la norma que prevé la integración y quórum mínimo del pleno (artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública), frente a lo que dispone el artículo 6º de la Constitución, que únicamente precisa que el Pleno del Instituto se integrará por siete comisionados”, ha explicado el INAI este lunes. “La única finalidad es que el organismo garante nacional esté en posibilidad de cumplir con su mandato constitucional y garantizar los derechos humanos de acceso a la información y de protección de datos personales, permitiéndole sesionar con los cuatro integrantes en funciones, hasta en tanto concluya el proceso de nombramiento por parte del Senado de la República”, ha agregado.

La puerta para sacar al INAI de su obsolescencia se cierra. El Senado concluye el periodo ordinario de sesiones el 30 de abril, y el recurso de reclamación promovido por el instituto ante el Supremo puede tomar varias semanas y podría, incluso, no ser despachado antes de que el poder Judicial se vaya a receso vacacional, el 15 de julio.

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