Unos 18.000 establecimientos de Ciudad de México han obtenido permisos para expandir sus negocios en las calles

¿Sortear coches aparcados en la calle o sortear mesas colocadas en la acera? ¿El estruendo de los cláxones o el runrún de comensales yendo y viniendo y la música en las bocinas? ¿Pasar de ladito por mesas y toldos, entre gente con carriolas, sillas de ruedas, bicicletas y perros con correa, o bajar al arroyo vehicular y cambiarse de acera para poder avanzar? Es el nuevo dilema del habitante capitalino y en general de cualquier peatón que camine por los barrios turísticos de Ciudad de México. En la pandemia, el Gobierno local permitió a los establecimientos sacar sus mesas a las calles para que pudieran seguir dando servicio y así proteger el empleo. Esa medida, alguna vez emergente, ha sido incorporada en enero a la Ley de Establecimientos Mercantiles de la ciudad, con cuotas de pago y lineamientos que deben cumplir los restauranteros. Las terrazas al aire libre son la nueva normalidad. De junio de 2020 a marzo de 2023, 17.694 establecimientos han obtenido un permiso para poner terrazas al aire libre, de acuerdo con cifras oficiales obtenidas por EL PAÍS. El 70% de los permisos los concentran negocios en cuatro de las 16 alcaldías, a su vez las más afectadas por el turismo, el ruido y el encarecimiento de rentas.

Para las autoridades capitalinas, el programa “Ciudad al Aire Libre”, como se llama oficialmente, no solo ha contribuido a la economía local desde que irrumpió la pandemia, sino que “embellece” el panorama urbano y confiere seguridad a las calles gracias a la iluminación y la presencia de consumidores. Para los vecinos, se trata de una forma de privatización del espacio público a favor del sector restaurantero y un foco de ruido, estrés e inseguridad. Para los urbanistas, es una medida que debió ser consensuada con los habitantes de la ciudad, en una consulta general, y no solo con los dueños de los negocios. Una organización vecinal, La Voz de Polanco A. C., ha promovido un amparo contra esa reforma a la ley que ha normalizado la expansión territorial de los negocios hacia las calles. Los vecinos han advertido de varias irregularidades en la nueva ley: que los negocios pagan cuotas muy bajas por los permisos; que los recursos obtenidos por la ciudad como contraprestación no se aplican en remediar los impactos negativos del programa; que muchos establecimientos no respetan los nuevos lineamientos; que no se previeron penalizaciones por el incumplimiento y que no hay suficientes verificadores para vigilar su aplicación.

Tan solo un tercio de los permisos otorgados por el Gobierno de Claudia Sheinbaum en los últimos tres años se localiza en la alcaldía Cuauhtémoc, el corazón financiero y político de la ciudad, hogar de los barrios clasemedieros de la Condesa, Roma, Juárez y Centro, los más duramente azotados por el fenómeno del turismo digital. Según datos proporcionados a este medio por la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), en esa alcaldía, más de 6.100 establecimientos —restaurantes, bares, fondas y cafés— han obtenido autorización para colocar “enseres en la vía pública”, nombre que se le ha dado a esa nueva práctica de poner en la acera o la calle desde mesas, sillas y macetas hasta estructuras de madera con techos, mamparas y luces. Otra alcaldía en la que han proliferado dichos permisos —casi 2.800— es Benito Juárez, donde están los barrios, también clasemedieros y cada vez más gentrificados, de Narvarte, Del Valle y Portales. Siguen en orden descendente la alcaldía Miguel Hidalgo, sede del barrio rico de Polanco, con alrededor de 1.900 autorizaciones, y Coyoacán —con casi 1.300—, alcaldía de estilo porfiriano donde alguna vez vivieron Octavio Paz, Frida Kahlo, Diego Rivera, Jorge Ibargüengoitia y León Trotsky.

“Las autoridades alegan que es mejor tener unas mesas que un coche estacionado. Y nosotros decimos que sería mejor tener un área verde que un coche, para que la ciudad tuviera más árboles. Eso sería una ganancia para todos. Pero, en este caso, ¿quiénes son los que ganan? Los únicos que ganan son los propietarios o arrendadores de los restaurantes. Ni el vecino ni la comunidad ganan nada. O sea, ¿por qué nos quitan el espacio público y, en vez de hacer algo para el bien público, lo hacen para unos cuántos? Ese espacio se convierte en la extensión de un restaurante”, afirma en entrevista Mayte de las Rivas, presidenta de La Voz de Polanco.

La nueva normalidad

El programa “Ciudad al Aire Libre” nació a comienzos de la pandemia de covid-19, el 26 de junio de 2020, como una medida emergente para ayudar a los establecimientos mercantiles que habían estado tres meses cerrados al público a causa del lockdown y solo hacían ventas a domicilio. Por tratarse de una política de reactivación económica, desde esa fecha y hasta abril de 2021 los establecimientos registrados no tuvieron que pagar contraprestación al Gobierno capitalino. En esa primera etapa del programa se otorgaron 12.935 permisos de terrazas al aire libre, de acuerdo con los datos proporcionados a este periódico. Es decir, la ciudad —y por tanto la comunidad— no obtuvo ingresos de la enorme mayoría de los negocios a los que otorgó permisos para expandirse a la calle durante la pandemia.

El 30 de abril de 2021, cuando las restricciones sanitarias ya comenzaban a relajarse, se publicó un decreto en el que se introdujo un cobro de 3.000 pesos anuales para los “establecimientos de impacto vecinal” (restaurantes y bares) que solicitaran el registro a partir de esa fecha. El resto de los comercios, considerados de menor impacto —fondas y cafés—, no tendría que pagar cuota alguna. En esta segunda fase se otorgaron 4.759 permisos, con corte a marzo de 2023. Sin embargo, de esa cifra no se conoce qué proporción corresponde a los negocios que pagaron una cuota y cuántos son los que no.

El pasado 19 de enero finalmente entró en vigor una reforma a la Ley de Establecimientos Mercantiles en la que se determinaron las reglas urbanísticas que deben seguir los comercios que obtengan autorizaciones para instalar terrazas en la calle, es decir, qué y cómo instalar “enseres” en la vía pública. Los negocios que estaban amparados en las versiones anteriores del programa tendrán que revalidar sus permisos. A partir de ahora, tanto ellos como los nuevos solicitantes deberán pagar, ahora sí, cuotas establecidas en el Código Fiscal, que van de los 1.900 a los 3.800 pesos al año. Un monto poco ajustado a la realidad si se toma en cuenta que la industria restaurantera genera el 1,1% del PIB nacional, unos 13.000 millones de dólares, y es uno de los principales motores de la economía turística, según datos del INEGI.

Existen dos diferencias sustanciales entre lo que fue el programa emergente y lo que quedó plasmado en la reforma, de acuerdo con los especialistas. En la pandemia, cuando los negocios estaban completamente cerrados, el programa les permitió sacar a las calles las mesas que, por la política de sana distancia, no podían tener dentro de sus locales. No hubo un aumento de mesas sino una redistribución. Ahora, en virtud de la reforma, los negocios pueden tener dentro de sus locales las mesas que quepan y, además, poner hasta un 75% más en el exterior, con lo que prácticamente pueden duplicar su aforo, con cargo al espacio público. Por otra parte, los precios a pagar por los permisos proceden de un Código Fiscal que no se ha reformado desde 2019, antes de la pandemia, lo que significa que la expansión de esos negocios a las calles no ha ido de la mano de un gravamen adecuado, en un momento en que ya no hay restricciones sanitarias y que las industrias están en franca recuperación.

“Resulta ser que nosotros les regalamos el espacio público a los restauranteros, porque lo que pagan es muy poco”, critica De las Rivas. “Un ejemplo: aquí, en Polanco, el precio de renta de un local para restaurante oscila entre 30 y 35 dólares por metro cuadrado al mes. ¿Cuánto pagan por la calle? ¡Es una estupidez lo que pagan al año por todo lo que se agarran de aceras y calles! Les regalaron el espacio público a los restauranteros. La calle es de todos. La ciudad no se puede regalar a un sector a cambio de nada, causándoles a los vecinos todas las molestias que hay en temas de libre tránsito y de seguridad. ¿Por qué estamos regalando el espacio público?”.

Norma Solano Rodríguez, directora general de Asuntos Jurídicos y Normatividad de la ADIP, aclara que el dinero recaudado por esos permisos no se destina específicamente al mejoramiento de banquetas o calles, la instalación de alumbrado o la limpieza de vías, sino que forma parte de la bolsa general del erario y se reparte a las alcaldías y otras instituciones gubernamentales siguiendo los criterios usuales de cada año fiscal. Es decir, no existen lineamientos para remediar presupuestalmente los impactos generados por la proliferación de las terrazas.

Reglas flexibles e ignoradas

Solano Rodríguez expone que la posibilidad de poner mesas al aire libre ya existía en la legislación capitalina años antes, pero que con la nueva reforma se han delineado “reglas más claras” para los restauranteros.

Pero las reglas, a la vista de cualquier paseante de la ciudad, están lejos de cumplirse a cabalidad. Según la reforma, un negocio puede poner mesas en la acera siempre y cuando deje un espacio libre de dos metros para el paso de los peatones. Eso requiere de una acera de al menos tres metros de ancho. La realidad es que en la ciudad coexisten aceras de todos los tamaños y aquellas que miden entre uno y dos metros también son utilizadas para colocar “enseres”. En las calles de Roma, Juárez y Condesa numerosos establecimientos colocan mesas a ambos lados de la acera y dejan en medio un estrecho pasillo para los viandantes, que deben fijarse para no chocar con los comensales. Otra regulación es que las terrazas que se coloquen sobre el arroyo vehicular deben ser “desmontables”, una ambigüedad de la ley que ha permitido que esas estructuras de madera permanezcan todo el tiempo en la calle, incluso en los días en que el establecimiento no da servicio, y ya han quedado como parte del paisaje urbano.

La reforma indica que no puede haber mesas al aire libre cuando el negocio esté en una esquina, por tratarse de una intersección de mayor riesgo vial, a menos de que se despeje un espacio de dos metros en cada lado, otra restricción poco cumplida. Hay un caso extremo de restaurantes y bares —por ejemplo, en las calles Emilio Castelar y Virgilio, en Polanco— que, además de recibir comensales dentro de sus locales, han instalado mesas sobre la acera y adicionalmente en el arroyo vehicular, todo dentro de grandes toldos, dejando un pasillo estrecho, como un túnel, para el tránsito de los peatones.

Las autoridades encargadas de vigilar el cumplimiento de la norma son las propias alcaldías y el Instituto de Verificación Administrativa capitalino (Invea). Solano Rodríguez, directora jurídica de la ADIP, señala que, si un comercio infringe los lineamientos en materia de enseres, se hace acreedor a alguna sanción, aunque sin llegar al extremo del cierre del establecimiento. Para De las Rivas, la laxitud de las sanciones abre la puerta a la corrupción de las autoridades. “Hay que dejar las menos atribuciones a la autoridad ejecutiva para que haya menos corrupción. Y que haya sanciones fuertes en la ley, como perder la licencia para el que incumpla”, dice la activista.

Solano Rodríguez sostiene que la reforma a la ley fue “acordada” entre la autoridad, el sector restaurantero y vecinos de varias colonias afectadas mediante “mesas de trabajo” realizadas entre noviembre de 2021 y enero de 2022. Señala que varios ciudadanos dijeron estar satisfechos con el programa. “Es importante señalar que es un programa que fue bien recibido por los vecinos. No solamente porque beneficia a la reactivación y recuperación de empleo, sino también porque embelleció las calles de esta ciudad, es un programa que los vecinos mismos decían: ‘Yo sé que llego por la noche de mi trabajo y sé que va a haber luz; sé que ahora, en lugar de que haya una fila de autos estacionados, hay personas conviviendo en la calle’. Es otra forma de apropiarse, disfrutar el espacio público para todos”, dice la funcionaria en entrevista.

De las Rivas asegura que, al menos en el caso de Polanco, esas “mesas de trabajo” no se llevaron a cabo con su agrupación vecinal. El arquitecto Armando Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas en la capital, señala que el Gobierno debió convocar a una discusión colectiva de la reforma, pues sus efectos impactan el desarrollo urbano de la ciudad y en la manera como las personas se relacionan con el espacio público. “El Gobierno de ciudad hubiera tenido que hacer una consulta en gran escala con los ciudadanos, pero con información previa, de manera deliberativa y habiendo dado tanto los argumentos a favor como los argumentos en contra: ¿Cuál es el verdadero impacto económico positivo?, ¿cuánto está recaudando el Gobierno?, ¿cuánto afectará en el largo plazo al incremento de precio del suelo y de las rentas este programa? Y decretar en qué zonas sí se pueden autorizar enseres en la vía pública y en cuáles no”, refiere el especialista.

Rosales considera que el mayor riesgo de esta reforma que no fue planeada colectivamente es su potencial contribución al encarecimiento del suelo y de las rentas en la capital. “Si esto no se cuida, vamos a tener zonas más caras de la ciudad y apoyar los procesos de gentrificación. Si el programa tiene un gran éxito, va a haber un encarecimiento del valor del suelo, y como el Gobierno no le está entrando a regular los mercados de vivienda en renta en la ciudad, el programa puede ocasionar este encarecimiento y la subsecuente expulsión de población que renta y vive a zonas centrales de la ciudad”, señala.

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