Un juez procesa a dos peritos por el presunto montaje del río San Juan en el ‘caso Ayotzinapa’

Un juez ha procesado a los peritos que habrían participado en el presunto montaje del río San Juan, uno de los escenarios principales en la narrativa del caso Ayotzinapa impulsada por el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Centrado en el basurero de Cocula, el relato de los funcionarios señalaba que los estudiantes normalistas fueron llevados al vertedero. Los atacantes habrían quemado allí sus cuerpos y luego habrían arrojado sus restos al río. Desde hace años, el trabajo de investigadores independientes ha señalado sin embargo fallas, omisiones y corruptelas en la construcción de esa versión. El tiempo y la acumulación de pruebas empiezan a llevar a algunos de sus artífices ante la justicia.

La actual administración de la Fiscalía General de la República (FGR) insiste desde hace tiempo en que el trabajo en el caso Ayotzinapa comprende varias capas. No se trata solo de conocer el destino de los estudiantes, de buscarlos en vida o enterrados en fosas, de saber qué paso y por qué. Parte importante del trabajo consiste también en saber qué no pasó, cómo se construyó la versión del basurero de Cocula y el río San Juan, quienes la orquestaron y quienes colaboraron. En este último apartado, los investigadores celebran sus mayores avances, más esta semana con el procesamiento de los peritos.

Identificados como Mauricio C. y Patricia G., la FGR acusa a los especialistas de “obstaculizar la investigación”, delito que no amerita prisión preventiva. Ambos seguirán su proceso en libertad. El primero ya no trabajaba en la dependencia, la segunda sí. Según ha explicado la FGR en un comunicado, los peritos “realizaron actividades en el río San Juan el 28 de octubre de 2014, lo cual derivó en la obstaculización de la investigación acerca del paradero de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa”.

Esa fecha, 28 de octubre de 2014, resume las malas prácticas del viejo equipo de investigadores, dirigido por Tomás Zerón, hoy prófugo de la justicia. Aquel día, Zerón cometió el error que le costaría el cargo y que abriría una ventana a las presuntas corruptelas cometidas por él y su equipo. Una brecha en la narrativa oficial, que hirió de muerte los esfuerzos del Gobierno por contener el escándalo del ataque contra los normalistas un mes antes en el municipio de Iguala, en Guerrero.

Para entonces, la presión sobre los investigadores era enorme. La opinión pública exigía explicaciones a las autoridades, incapaces de dar respuesta a la indignación por el ataque. La caza de estudiantes normalistas en Iguala enlazaba con otras vergüenzas nacionales, como las matanzas de Aguas Blancas, también en Guerrero, de Atenco, en el Estado de México, o incluso la de Tlatelolco, décadas atrás. El día del ataque, 26 de septiembre, los estudiantes habían acudido precisamente a Iguala a tomar autobuses para acudir a la marcha conmemorativa del 2 de octubre, en Ciudad de México.

Apuradas, las autoridades detuvieron a un buen puñado de sospechosos en octubre. En esa lógica, el día 27 aprehendieron a dos personas clave para la construcción de su relato, Agustín García Reyes, alias El Chereje, y Jonathan Osorio Cortez, alias El Jona. Los dos eran supuestamente parte del grupo criminal que había organizado el ataque contra los normalistas, Guerreros Unidos. El 28 de octubre, Zerón viajó con El Chereje al río San Juan, diligencia que nunca se integró en la investigación. El Chereje y Zerón se acercaron al cauce y poco después se fueron. Reporteros presentes grabaron o fotografiaron su presencia junto al río. En las imágenes aparecen dos bolsas, una negra y una blanca. También aparecen los peritos Mauricio C. y Patricia G.

Controvertido desde el principio, la actual administración de la Fiscalía asume que aquel 28 de octubre se orquestó el montaje del río San Juan. El objetivo de aquella visita invisible, defienden los investigadores, era plantar restos de al menos uno de los estudiantes en el río, tejiendo así las líneas maestras de su versión. De manera oficial, aquella visita nunca existió, pero sí una al día siguiente, con los mismos protagonistas además de El Jona, con el feliz resultado del hallazgo de una bolsa negra con restos óseos dentro. Analizados, los huesos habían sido en vida de uno de los 43, Alexander Mora. Las familias de los estudiantes nunca creyeron que los restos de Mora hubieran sido arrojados allí por los perpetradores del ataque un mes antes.

Fuentes cercanas a la investigación explican que aquel 28 de octubre los dos peritos acudieron al río desde La Parota, cerca de Iguala, donde trabajaban en el rescate de unas fosas clandestinas. “Su jefa, Sara Mónica Alegría, coordinadora de Servicios Periciales de la procuraduría, les llamó por indicación del propio Zerón”, explican estas fuentes. La lógica de los investigadores, que consideran probada su presencia allí, es que participaron en la colocación de las bolsas en las sombras del 28 de octubre, para encontrarlas oficialmente al día siguiente. “Se les va a imputar el hecho de que alteraron la escena del crimen. En la escena, además de que no quedó registrada, no había agentes del Ministerio Público, ni el resto de peritos necesarios para una escena de ese tipo, fotográfico, etcétera”, añaden.

El procesamiento de los dos peritos se une al de la agente del Ministerio Público que elaboró y firmó las actas que constan en la vieja investigación, Blanca Alicia N. La Fiscalía la acusa de tortura y desaparición forzada. En la cadena de mando aparecen todavía algunos nombres, caso de Gualberto Ramírez, titular de la unidad antisecuestros de la subprocuraduría de Delincuencia Organizada, y el propio Zerón.

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