Las tres grandes incógnitas del ‘caso Ayotzinapa’ siete años después del ataque

Pasan los meses y la investigación del caso Ayotzinapa sigue envuelta en nieblas y rumores, ajena a avances concretos, sostenida en un éxito incontestable: la identificación de restos de dos de los 43 estudiantes desaparecidos, Christian Rodríguez y Jhosivani Guerrero, este año y el pasado. Con ellos dos, son tres los estudiantes identificados en total, aunque los restos del primero, Alexander Mora, fueron hallados en circunstancias extrañas en 2014 y se han convertido, con el paso de los años, en la imagen del ocultamiento orquestado por el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Se cumplen siete años del ataque, algo menos de tres desde que el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a hacer justicia con las familias. Si las identificaciones representan el buen hacer de los investigadores, la escasa claridad sobre lo ocurrido durante los ataques, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, ilustra sus dificultades. Empieza a saberse lo que no pasó, pero no lo que ocurrió, situación que tensa a las familias de los 43. El jueves, un grupo protestó frente a la sede de la Fiscalía, exigiendo avances concretos. Este viernes, después de una reunión con López Obrador previa al séptimo aniversario del ataque, su abogado, Vidulfo Rosales, dijo: “Reconocemos que hay avances, pero hay obstáculos que presentan instituciones como la Fiscalía o la Secretaría de la Defensa”.

La lentitud de la Fiscalía General de la República (FGR) para detener a algunos de los implicados enfada a madres y padres de los 43, que estos últimos meses han perdido a dos de sus integrantes, Saúl Bruno García y Bernardo Campos, padres de dos de los estudiantes. La FGR tiene pendientes una treintena de detenciones, entre ellas la de Tomás Zerón, jefe de los investigadores durante la primera etapa de la investigación, hoy considerado el artífice de una tapadera construida a base de torturas. En rueda de prensa tras el encuentro con las familias, el fiscal del caso, Omar Gómez, ha explicado que el Centro Nacional de Inteligencia les ha entregado 40 vídeos donde se observa a sus antecesores torturar a detenidos por el caso. Zerón se refugia en Israel, quedando la pelota en los tejados de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la FGR, que en meses no han informado de avance alguno en la entrega del exfuncionario.

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No ha sido tarea fácil la de los actuales investigadores, que lejos de iniciar su labor desde cero lo hicieron varios metros bajo el piso de las trampas construido por el régimen anterior. Esta misma semana, en una visita al paraje donde se encontraron los restos de Rodríguez y Guerrero, la barranca de la Carnicería, el fiscal Gómez señalaba lo que para él es un hecho ya incontrovertible. El acta del hallazgo de los huesos de Alexander Mora es falsa, hecho que suponían, pero que ahora pueden probar con documentos y testimonios.

Controvertido desde el principio, el hallazgo de los restos de Mora cerraba del puzzle de la narrativa de la Administración anterior. El Gobierno, representado entonces por el procurador, Jesús Murillo Karam, y el propio Zerón, señaló que el grupo delictivo Guerreros Unidos atacó a los muchachos en colusión con policías locales. Según los funcionarios, los atacantes mataron y quemaron a los muchachos en el basurero del pueblo vecino de Cocula y echaron los restos a un río cercano.

En octubre de 2014, los restos de Mora aparecieron convenientemente en ese río. En aquella época, la Fiscalía trabajaba codo con codo con el equipo de antropología forense argentino, a petición de las familias de los 43. Pero justo el día en que los huesos de Mora aparecieron supuestamente en el río, los antropólogos argentinos fueron retenidos. No les dejaron pasar. Nadie que no fuera Zerón o integrantes de su equipo atestiguaron el hallazgo, asentado en un acta que hoy se sabe que es falsa.

El embuste de la escena del río provoca muchas preguntas. Si los huesos no estaban en el río, ¿quién los puso allí? ¿Por qué? ¿Dónde mataron entonces a Mora? ¿Mataron a los demás? ¿Dónde, cómo? Y por supuesto quedan en el limbo el resto de piezas del viejo rompecabezas, tanto las que lo integraron, caso por ejemplo de la gran hoguera homicida del basurero, como las que quedaron fuera, la importancia de escenarios y actores, etcétera.

A la espera del Ejército

Conocedor como pocos de las pesquisas efectuadas por el fiscal Gómez, por la comisión presidencial que se dedica al caso, al mando del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y por el grupo de investigadores enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, el abogado Rosales ha señalado también al Ejército. Varias fuentes cercanas a los grupos de investigación mencionados arriba apuntan que el próximo vuelco en el caso tendrá que ver precisamente con la Secretaría de la Defensa.

Una de las fuentes, cercana al grupo de expertos de la CIDH, explica que la presencia de los militares en la noche de los hechos es mayor y más profunda de lo que se sabía hasta ahora. Desde mayo, integrantes del grupo de la CIDH y la comisión presidencial han visitado cuarteles y bodegas militares en Iguala, Chilpancingo y Acapulco, recopilando información sobre el quehacer castrense durante el ataque, antes y después. La conclusión es que los militares tuvieron información en tiempo real sobre el ataque y que estuvieron en más escenarios de los que reconocieron en un primer momento, información que ocultaron.

Esta fuente señala que el asunto es muy grave. “Si tú -en referencia a los militares- tienes información de quiénes se llevaron a los estudiantes y por dónde, tienes la obligación de contarle a la PGR [vieja fiscalía]”, dice, “por eso es muy relevante”. La duda es el motivo del ocultamiento. ¿Se trata de una rutina castrense, ocultar por defecto? ¿De una actitud genuina de encubrir datos? ¿De una combinación de ambas? Al capitán José Martínez Crespo, el militar de mayor rango encarcelado por delitos vinculados con el caso, le han señalado por tener vínculos supuestamente con Guerreros Unidos. Testigos de la Fiscalía señalan igualmente a otros militares del batallón de colaborar con el grupo criminal.

Hasta ahora, el Ejército ha mantenido que militares del cuartel de Iguala acudieron a uno de los lugares del ataque, la esquina de las calles Juan N. Álvarez y Periférico, después de la primera emboscada, orquestada principalmente por policías de Iguala. También ha reconocido que un elemento de inteligencia del cuartel estuvo en el otro escenario del ataque en el pueblo, el puente frente al Palacio de Justicia. Y que el primer grupo, al mando del capitán Crespo, acudió al escenario del Palacio de Justicia después del ataque. Los investigadores saben ahora que hubo otro grupo de militares patrullando por Iguala durante el ataque, al mando de otro militar de mayor graduación que Crespo.

Huitzuco y Los Tilos

Más allá del golpe de efecto que supondría la detención y llegada de Tomás Zerón a México, la cantidad de órdenes de detención pendientes de judicializar y ejecutar por parte de la FGR es inmensa. En la reunión de este viernes con López Obrador, las familias protestaron por ello y señalaron incluso el operativo fallido para la detención de Juan Salgado Guzmán, alias El Indio o El Caderas, el miércoles en el Estado de México. Cuando trataban de detener a El Caderas, presunto integrante de Guerreros Unidos, agentes de la FGR lo mataron, respondiendo supuestamente a una agresión del primero.

Fuentes cercanas a la investigación de la propia FGR señalan que El Caderas era “un testigo clave. Era operador [de Guerreros Unidos] en Iguala la noche del ataque. Fue de los que ejecutó la orden”, señalan estas fuentes, en referencia al ataque y la desaparición de los 43. Su testimonio habría sido importante para profundizar en el conocimiento de la estructura y las relaciones de Guerreros Unidos en la región, antaño entendida como piramidal y jerárquica, hoy asumida como compleja, heterogénea y caótica, partida en células que actuaron con cierta independencia.

Entre las detenciones pendientes están al menos las de cinco policías municipales del pueblo vecino de Huitzuco, uno de los vértices del polígono que fue escenario del ataque, junto a Iguala, Cocula y Tepecoacuilco, principalmente. Entre ellos, el que fuera jefe de la policía, Javier Núñez Duarte y su hijo, Celedonio. Desde hace años se sabe -esto gracias al trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH- que la policía de Huitzuco participó del ataque contra los muchachos, principalmente en el escenario del Palacio de Justicia. La fiscalía trabaja para obtener finalmente las órdenes de detención por parte del juez.

Otro de los grupos pendientes de detener es el de Los Tilos, considerado siempre bajo la órbita del clan Casarrubias, líderes de Guerreros Unidos, noción que desde hace un tiempo es objeto de discusión. No está claro el nivel de independencia con el que actuaron Los Tilos en la noche de los hechos, ni su cercanía con los Casarrubias. Desde hace años se ha apuntado a este grupo como perpetradores del ataque contra Julio César Mondragón, parte del contingente de normalistas, cuyo cuerpo apareció el 27 de septiembre de 2014, torturado, en Iguala. Pero su participacion en la noche de los hechos pudo ser mayor.

Según uno de los testigos de la Fiscalía, viejo integrante de Guerreros Unidos, Los Tilos, integrados por los hermanos Benítez Palacios y sus secuaces, habrían asesinado a los 43 en colaboración con militares, hecho que de momento queda en conjetura: no hay más testigos que digan lo mismo. En todo caso, las declaraciones de este testigo, de nombre reservado Juan, deben tomarse con pinzas, pues no está claro si él y Los Tilos juegan o han jugado en el mismo bando criminal y si el propio Juan tendría algún interés en inculparlos. Los Tilos son parte de las decenas de personas detenidas durante el Gobierno pasado, que dejaron la cárcel por defecto de forma o por delitos cometidos por los investigadores.

Las rutas de desaparición

Los testimonios de los policías de Huitzuco se antojan importantes, porque podrían arrojar luz sobre el destino de uno de los grupos de muchachos desaparecidos, atacados frente al Palacio de Justicia. Es esto, las rutas de desaparición tras el ataque, el aspecto más verde de la investigación actual, debido, como ha explicado el fiscal Gómez este viernes tras la reunión en Palacio Nacional, a la cantidad de evidencia supuestamente destruida por el tiempo.

Hasta ahora se sabe que hubo al menos dos grupos de desaparecidos. El primero, de unos 15 estudiantes, levantados en una emboscada entre Juan N. Álvarez y Periférico el 26 de septiembre por la noche. Este grupo fue conducido posteriormente a la barandilla, una especia de bodega gestionada por la policía de Iguala. Allí se les pierde el rastro. Un testigo de lo que pudo ocurrir allí, Ulises Bernabé, encargado de la instalación aquella noche, siempre ha negado que los estudiantes llegaran allá. Bernabé huyó a Estados Unidos, donde consiguió asilo político.

Fuentes de la investigación señalan que la petición de extradición contra Bernabé es inminente. “Tenemos dos evidencias muy claras de que los estudiantes llegaron allí. Dos personas lo dicen, dos testigos reservados. Eso nos da para imputar a Bernabé por desaparición forzada y pedir la extradición. Él falseó información frente a los americanos, porque dijo que él no vio a los estudiantes”, señalan estas fuentes.

El otro escenario, el Palacio de Justicia, se antoja incluso más misterioso. La CNDH señaló en su día que el grupo de estudiantes desaparecidos allí fue conducido junto a los otros, del lado contrario del municipio, quizá por el rumbo de Pueblo Viejo, donde se han encontrado decenas de fosas clandestinas, o incluso por el lado de Cocula, hacia el camino de la Barranca de la Carnicería.

Además de los policías de Huitzuco, otras personas presentes en ese lugar durante el ataque, obviados hasta ahora, podrían aportar información. De la misma manera, los investigadores guardan esperanzas de encontrar pruebas que se creían perdidas, concretamente vídeos de seguridad del propio Palacio de Justicia, cuya aparición podría ampliar el conocimiento sobre este escenario.

En la Fiscalía cuentan igualmente con la idea de que hay un tercer grupo de muchachos desaparecidos que llaman “recolectados”, estudiantes que, como Julio César Mondragón, huyeron de uno u otro escenario. Su destino resulta igual de incierto que el de los otros, más si cabe, pues en este caso ni siquiera hay un lugar concreto, quedando Iguala entera y sus alrededores como escenario de su tragedia.

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