México persigue la verdad del ‘caso Ayotzinapa’ en la barranca de la Carnicería

Vigilada por enjambres de moscos y por la Guardia Nacional, la barranca de la Carnicería es un lugar hostil. Este predio de la sierra de Guerrero es el escenario central de la Fiscalía mexicana en la búsqueda de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014. En esta tierra, entre arbustos espinosos, se recuperaron dos restos que pertenecieron a Christian Rodríguez y Jhosivani Guerrero. Del primero fue un fragmento del pie —pesaba apenas un gramo—, de Guerrero una vértebra lumbar. En la hipótesis que maneja el Gobierno, los jóvenes no murieron aquí. Sus restos fueron arrojados en la barranca después de la noche del 26 de septiembre, cuando sufrieron junto a sus compañeros un ataque coordinado de las fuerzas de seguridad y del crimen organizado en la ciudad de Iguala. ¿Qué pasó con los estudiantes esa madrugada de hace siete años? ¿Por qué fueron cazados y desaparecidos? Y, sobre todo, ¿dónde están? En este paraje de matorrales y hojarasca, mostrado por primera vez a la prensa, la Fiscalía ha estado buscando las respuestas.

El acceso es terco y la comitiva avanza despacio por el camino de terracería. Omar Gómez, el fiscal encargado del caso Ayotzinapa, y su equipo han estado un año y medio trabajando sin cesar en la barranca. Hasta este martes no lo habían abierto nunca a personas de fuera de la investigación. Lo hacen porque han terminado sus labores aquí y ahora centran la búsqueda en dos nuevos escenarios —EL PAÍS reveló que uno de ellos es el camino que va del municipio de Mezcala, también en Guerrero, a las minas de Carrizalillo y alrededores—.

La unidad especial de la Fiscalía para el caso, constituida con la entrada a Palacio Nacional de Andrés Manuel López Obrador, se ha desmarcado por completo de la investigación que llevó a cabo el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Gómez califica la versión del anterior Ejecutivo como un montaje creado para dar carpetazo al asunto. Al ponerse ellos al frente del caso, cuenta, se reactivó la búsqueda de los estudiantes y se abrieron nuevas líneas de investigación para saber qué pasó con ellos. En el centro de ambas pesquisas, colocaron a la barranca de la Carnicería.

Los investigadores llegaron por primera vez el 19 de noviembre de 2019. Una serie de fuentes apuntó a que en esta área, situada a unos 28 kilómetros de Iguala, “hubo una actividad intensa esa noche de 2014”. El fiscal explica que varios testigos —ahora protegidos y en su momento participantes en la desaparición de los muchachos— les dijeron: “Busquen en esta zona”. Desde lo alto del camino que se dirige al basurero de Cocula y en varios puntos, según contaron a la Fiscalía, habían arrojado a la barranca restos de algunos normalistas en un costal.

Esa bolsa, de color blanco y material sintético, era toda la señalización que recibieron los investigadores, por ahí debían empezar a buscar. No encontraron nada ni el primer ni el segundo día. El 26 de noviembre, junto a un árbol, localizaron un pequeño rastro de esa costalilla blanca, que ya no estaba completa después del paso de los años. Ahí estaban los primeros fragmentos óseos, eran unos 70, pero ninguno de ellos contenía material genético suficiente para ser identificado. A partir de ese punto central trazaron el área a examinar.

“La barranca de la Carnicería para nosotros representó una esperanza de seguir trabajando en la búsqueda de los estudiantes”, cuenta el fiscal. Desde su desaparición en 2014 y hasta la llegada a la barranca, en 2019, solo se había encontrado el rastro de uno de los 43: una bolsa con restos de Alexander Mora, presentado a principios de la investigación con Peña Nieto y presuntamente hallado en el río San Juan. “Ha sido superimportante poder llegar a la barranca”, dice Omar Gómez que atribuye el hallazgo a haber conseguido “romper el silencio” que había alrededor del caso.

Peritos y arqueólogos peinaron ocho kilómetros cuadrados. Arrancaron maleza a machetazos, desplazaron una a una cada piedra que entorpecía el terreno, marcaron unidades de 20 metros, que después dividieron en cuadrículas, y escarbaron, cribaron kilos de tierra, y encontraron. En total, 187 fragmentos óseos, de los cuales 22 mandaron al laboratorio de Innsbruck, en Austria, para analizar su material genético, dos dieron positivo: pertenecían a los estudiantes. “Cuando aparecieron, te das cuentas de que todo el trabajo de meses y meses mereció la pena”, cuenta a EL PAÍS una de las arqueólogas del equipo, mientras avanza rápido familiarizada con el terreno.

Christian tenía 19 años cuando desapareció en Iguala. Un fragmento de un centímetro de su talón de Aquiles fue localizado en la barranca a finales de 2019. Era tan pequeño que los arqueólogos solo lo descubrieron cuando cribaron un montón de tierra. “Es una aguja en un pajar”, apunta el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, señalando con los brazos un monte complejo y poblado en el que se encontró un hueso minúsculo. Estaba a mitad de la loma del barranco, a unos 60 metros del punto de búsqueda inicial, no había sido quemado pero sí estaba craquelado por la exposición al sol y a la intemperie; fue denominado indicio número 15.

El 22 de octubre de 2020, y tras unas trombas de agua que habían revuelto una parte del terreno, se localizó el único hueso completo de toda la barranca: una vértebra lumbar. Tampoco había sido quemada. El fiscal Omar Gómez la llevó personalmente a Innsbruck. Con el 99% de probabilidades, ese hueso había pertenecido a Joshivani Guerrero. El hallazgo orilló a los familiares a asumir lo que apuntaban las pistas. “Sin un pie se puede vivir, pero encontrar una vértebra implica que esa persona, necesariamente, ya no está viva”, dicen firmes los investigadores.

Al cobijo de una precaria sombra, el subsecretario se sienta esta mañana bochornosa de septiembre en una piedra negruzca, dice que es ya la suya. En este mismo punto —a un par de metros de donde se localizó el fragmento de Christian Rodríguez—, el 13 de mayo de este año, el equipo del fiscal reunió a las familias y juntos recorrieron la barranca para compartirles los resultados. “Vinieron los padres de Christian; los de Joshivani no, porque ya están grandes. Fue muy emotivo”, coinciden Encinas y Gómez.

Los restos de los dos muchachos aparecieron en la superficie, no enterrados, lo que para la Fiscalía confirma los testimonios de que habían sido aventados desde lo alto de la barranca. Son las dos únicas pruebas de los estudiantes en las que se ha respetado la cadena de custodia. Sobre el hallazgo del hueso de Alexander Mora, en 2014, todavía pesan las dudas de dónde procedía realmente.

Una nueva investigación sin “verdad histórica”

Subiendo el camino que lleva a la barranca de la Carnicería está el basurero de Cocula. A 800 metros. Aquel fue el escenario clave en el que la Procuraduría General de la República (PGR) —la antigua fiscalía— basó lo que llamó la “verdad histórica”. Esta afirmaba que el grupo criminal Guerreros Unidos coludido con fuerzas de seguridad municipales, estatales y ministeriales quemó a los 43 muchachos en el basurero y después tiró los restos al río San Juan. Para sostener esta versión, el director de la PGR, Jesús Murillo Karam, y el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, —hoy prófugo de la justicia—, mostraron confesiones en vídeo de miembros de cartel y el hallazgo del hueso de Alexander Mora.

Esta versión ha sido calificada de invención por el fiscal Gómez, que considera que las declaraciones de los sicarios fueron obtenidas por medios ilícitos, como la tortura, y que las pruebas fueron “sembradas”. Al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que estaba esos días de 2014 trabajando en el caso con la PGR, no se le permitió estar presente cuando supuestamente sacaron el hueso de Alexander del río; tampoco estaba allí el funcionario del Ministerio Público que supuestamente firmó el acta de extracción del fragmento.

El río San Juan queda lejos de la barranca de la Carnicería. Y tampoco está cerca el basurero. El ascenso por la senda que une estos dos puntos es lento y costoso. Las ramas y las piedras que han invadido el espacio golpean las camionetas. Y eso que la zona está ahora más limpia y aclarada después de año y medio de trabajos de búsqueda, apostillan los investigadores. La Fiscalía dirigida por Gómez lo tiene claro: los perpetradores nunca llegaron hasta el basurero a tirar los restos de los estudiantes. Se quedaron antes, más abajo.

El nuevo equipo investigador tiene una hipótesis de lo que ocurrió en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, pero todavía trabaja en verificarla. Se han desplegado en 53 escenarios y ahora están profundizando en una línea de investigación centrada en incineradoras, unos “lugares de quema controlada”, como los define el fiscal, donde se pudo haber incinerado los cuerpos de los estudiantes. “Han pasado casi siete años de que se utilizaron estos espacios, ¿qué hallazgos podemos encontrar? Posiblemente ninguno, pero es una línea que mantenemos abierta”, ha apuntado Gómez. No especifica dónde están estos sitios, pero en su momento en 2014 se habló de las funerarias de Iguala.

El fiscal es consciente de que es posible que nunca logren reconstruir exactamente qué pasó desde que los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos fueron obligados a bajar de dos de los autobuses en los que estaban, fueron montados en las patrullas de la policía y se esfumaron. Pero mientras tratan, dice, de que “se avance en el acceso a la justicia y la verdad del caso Ayotzinapa”.

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