“No había interés en que nosotros fuéramos a La Carnicería”

La historia procesal del caso Ayotzinapa ofrece pistas de los vicios de la investigación. La fiscalía de Guerrero se encargó inicialmente del ataque contra los estudiantes normalistas el 26 de septiembre de 2014 en Iguala. A principios de octubre, la unidad de secuestros de la SEIDO, la fiscalía federal de delincuencia organizada, asumió las pesquisas. Los fiscales de la SEIDO unieron fuerzas con la Agencia de Investigación Criminal. El director de la agencia, Tomás Zerón, coordinaba los trabajos. Zerón venía del Estado de México, igual que el entonces presidente, Enrique Peña Nieto, que había gobernado la entidad entre 2006 y 2012.

En poco más de un mes —33 días— Zerón y su equipo ya tenían una teoría. En noviembre de 2014, el fiscal federal, Jesús Murillo Karam, informó de que los 43 estudiantes desaparecidos habían sido asesinados, quemados en un basurero en el municipio de Cocula y sus restos arrojados a un río. En enero del año siguiente, la fiscalía abundó en esta teoría, dando el caso prácticamente por cerrado. Testimonios obtenidos por los investigadores coincidían en el relato del basurero. Restos óseos rescatados en el río apuntaban en la misma dirección.

Atentos al desarrollo de la investigación, los familiares de los 43 pidieron ayuda independiente. Cuando la teoría del basurero empezaba a cobrar forma, a finales de octubre de 2014, el Equipo Argentino de Antropología Forense, EAAF, llegó en ayuda de las familias. Meses después, en marzo de 2015, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, amparado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aterrizó en México. El GIEI y el EAAF acabaron por desbaratar la teoría oficial.

Vistas las últimas novedades del caso Ayotzinapa, Mercedes Doretti, cabeza del EAAF, recuerda con extrañeza aquellas semanas finales de 2014. La actual administración de la fiscalía ha ubicado restos de uno de los 43 en la barranca de La Carnicería, un área donde la vieja fiscalía encontró cientos de fragmentos óseos que ocultó durante años y nunca mandó a analizar, como ha informado EL PAÍS. Zerón ya no es el superpolicía de México, sino prófugo de la justicia. La fiscalía lo acusa ahora de una serie de delitos e irregularidades supuestamente cometidos durante la investigación del caso Ayotzinapa. El ejemplo más claro es el hallazgo de los huesos del primer estudiante identificado, Alexander Mora, punto de quiebre de la relación entre el equipo de Zerón y el EAAF.

El 7 de diciembre de 2014, la fiscalía anunció que los huesos que había encontrado a finales de octubre en el río San Juan, cerca del basurero de Cocula, eran de Alexander Mora, uno de los 43. El EAAF, que había trabajado con la PGR esos días en el basurero y en el río, denunció que no había estado presente en el momento del hallazgo de los huesos en el río. “Gente de la fiscalía me dijo que nosotros, por un purismo exagerado, estábamos poniendo en duda toda la investigación”, explica Doretti. “Empezó toda una campaña para desprestigiar al equipo. Querían trasladar la idea de que nosotros habíamos tenido un berrinche por puristas”.

Doretti cuenta que los fiscales dejaron de avisarles para diligencias. A diferencia de como habían trabajado hasta entonces, en los meses siguientes apenas trabajaron en conjunto. “Pero nos llamaron para ir a La Carnicería”, cuenta Doretti. Esto ocurrió en la segunda quincena de diciembre de 2014, después de que peritos oficiales fueron a levantar los restos ubicados allí por autodefensas del estado de Guerrero.

El relato que hace Doretti de este conato de viaje a La Carnicería, en el municipio de Cocula, ilustra las maneras de los investigadores entonces. “Llegamos al aeropuerto, al hangar de la PGR [el viejo nombre de la fiscalía]. Éramos dos o tres del EAAF. Y encontramos una escena extraña. Había un grupo de personas que decían que eran de una universidad, con gente de SEIDO. Decían que iban a colocar jaulas en La Carnicería. En las jaulas iban a poner comida, para atraer fauna cadavérica a la zona de la barranca”, explica la experta. “¿Con qué tiene que ver esto? SEIDO trataba de demostrar que la barranca y el basurero estaban vinculados. Y nosotros decíamos que no tenía que ver un lugar con el otro. Además, varios de los que se presentaron como biólogos de la universidad y peritos llevaban ametralladoras colgadas”.

El EAAF decidió no viajar, Doretti y los demás no se sintieron cómodos. “Después de esa vez, no nos avisaron de más diligencias. Nos quedamos en el laboratorio analizando restos. Yo creo que no había interés en que nosotros fuéramos allá”.

La barranca de La Carnicería era entonces uno de tantos nombres que aparecían día sí y día también en la prensa. Francisco Cox, abogado chileno y uno de los integrantes del GIEI, dice que el baile de nombres era una constante. Y también lo era, cuenta, la reacción de la fiscalía. “Era habitual que hubiera líneas de investigación sin agotar. La Parota, Pueblo Viejo, el autolavado de Los Tilos…”, menciona Cox, en referencia a puntos que surgieron como posible destino de los 43, en interrogatorios a detenidos.

En julio de 2015, Cox y el perito que contrató el GIEI en materia de dinámica de fuego, José Luis Torero, visitaron la coordinación de servicios periciales de la fiscalía. Iban a revisar evidencias recogidas en el río y el basurero. “Contra la pared estaban las bolsas y unas vasijas. Y en unas bolsas decía La Carnicería”, recuerda el abogado. Cox no sabe por qué estaban esas bolsas ahí, ya que el acuerdo con la fiscalía era ver evidencia del río y el basurero. Así que tomó unas fotos de esas bolsas. “Recientemente me di cuenta de que nos hicieron firmar que nos exhibieron lo de La Carnicería, pero estoy casi seguro de que no lo abrimos”, dice.

En efecto, en el expediente de la fiscalía sobre los restos recogidos en la barranca en 2014, del que EL PAÍS tiene una copia, figura un acta en la que la fiscal que acompañó a Cox y Torero dice que los expertos revisaron las bolsas de La Carnicería. Pero Cox insiste en que no recuerda haberlas abierto.

La presencia de las bolsas frente a los expertos aquel día integraba la evidencia de La Carnicería en el universo del basurero y el río, parte central de la narrativa de la fiscalía. Con el acta que firmó la fiscal, la dependencia dejaba registro de que el grupo de investigadores independientes habían revisado la evidencia de la barranca, certificando dos cosas, la unidad de los tres lugares y la transparencia de la fiscalía, tantas veces criticada por el GIEI.

El grupo de expertos pidió repetidas veces copia de la investigación oficial sobre la barranca, pero la SEIDO nunca la mandó. En noviembre de 2015, parte del grupo fue finalmente al lugar. En su último informe antes de salir de México, los investigadores independientes escribieron que en el lugar “no se observaban variaciones en la tierra o que existieran indicios de que ahí se había realizado una quema o remociones para extraer cuerpos”. O sea, el GIEI nunca pudo confirmar que el lugar que revisó en la barranca, fue el mismo de donde los peritos habían levantado los restos.