Organizaciones civiles alertan del alto riesgo de contagio en los centros de detención de migrantes en México

Varias organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado que el Gobierno de México guarda silencio sobre el impacto de la pandemia en los migrantes detenidos en el país. El informe que publicaron este miércoles recuerda que el riesgo de contagio en los lugares de detención migratoria se magnifica por las precarias condiciones de las instalaciones y pide al Ejecutivo que suspenda los ingresos a estos centros.

El Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) asegura que el Instituto Nacional de Migración (INM) no está cumpliendo con los protocolos sanitarios con los migrantes porque no existen las condiciones físicas en las estaciones para emplear los mecanismos de prevención sanitaria. “El INM ha manifestado en juicio que no ha registrado casos de covid pero podemos afirmar que la autoridad está falseando la información”, señala la coordinadora jurídica de IMUMI Lorena Cano con base en testimonios que han recogido. “Lo que sí que hay es documentación sobre muertes por covid. Un salvadoreño en la estación de Ciudad de México y una mujer haitiana en Tapachula, pero el INM sigue insistiendo en que no”, sentencia.

El INM ha emitido un comunicado en el que asegura que se están cumpliendo todos los protocolos en los centros de detención, algunos con habitáculos de solo tres metros cuadrados. “Cada día se implementan tareas de limpieza y acciones de desinfección, prevención, control y supervisión en todos los inmuebles del instituto” indicaba el documento. Sin embargo, el Informe de las organizaciones civiles han documentado que solo en dos de las 35 estaciones para migrantes se realizan controles de temperatura. “Las personas [migrantes] no tienen protección y el Gobierno mexicano no tiene un sistema para ellas frente al virus”, insiste la directora de IMUMI, Gretchen Kuhner. EL PAÍS ha intentado en varias ocasiones ponerse en contacto con el INM sin éxito.

Los centros de detención son instalaciones donde los migrantes indocumentados pueden pasar legalmente un máximo de siete días hasta resolver su situación en México. Los albergues, que recogen a los que cruzan por la frontera norte hacia EE UU y el sur desde Guatemala, ya advirtieron que no podrían hacer frente a la pandemia dentro de los centros. Las estaciones operan habitualmente por encima de su capacidad, especialmente desde que el Gobierno de EE UU implementara unilateralmente el programa “Quédate en México”. Este proceso de devolución de inmigrantes regresó a México a más de 60.000 personas tras su aprobación en 2019 para que esperaran en ese país la resolución de su caso.

Organizaciones sociales como Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humano han insistido en que la respuesta de salud pública en México “parece haber olvidado a las personas migrantes o solicitantes de protección internacional”. Uno de los reclamos del colectivo es que el Gobierno suspenda las detenciones de inmigrantes porque las estaciones no pueden garantizarles seguridad sanitaria. La falta de insumos alimentarios, agua, material desinfectante, espacios para garantizar la sana distancia, además de la falta de atención médica o psicológica en caso de ser necesaria, son algunos de los ejemplos que cita el informe para detener el proceso. Las condiciones de los centros pueden actuar como pólvora ante la chispa de un positivo.

Las mujeres representan el 41% de los detenidos en estos centros y sus casos son más vulnerables. “Son detenidas con sus hijos”, apunta Lorena Cano, y señala que encerrar a un niño es una violación de los derechos humanos. “Se las debería liberar por razones humanitarias. Si estás embarazada o requieres asistencia reproductiva o sanitaria no tienes acceso a atención médica", lamenta. El informe también advierte de varios actos de maltrato físico y psicológico, violación de los derechos humanos e incluso posibles casos de tortura en las estaciones.