La justicia de EE UU permite a Trump dejar a los demandantes de asilo bloqueados en México
Los jueces que cuestionan la política consideran que el protocolo es ilegal porque envía a los solicitantes a un lugar no seguro
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El Tribunal Supremo vuelve a dar la razón a la Administración de Estados Unidos. La justicia de EE UU ha permitido que siga activa la medida estrella del presidente del país, Donald Trump, para reducir la inmigración al obligar a los demandantes de asilo en la frontera a esperar la audiencia de su caso en territorio mexicano, lo que puede llevar meses o incluso años.
La medida, que oficialmente se llama Protocolo de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), aunque se conoce mejor por el sobrenombre de Quedarse en México, fue lanzada en enero de 2019. Durante 13 meses funcionó sin descanso, lo que supuso que el Departamento de Seguridad Interior devolvió a México a más de 60.000 inmigrantes para que esperaran en ese país vecino la resolución de su proceso.
En una nota breve y sin firmar, el máximo tribunal ha dictaminado este miércoles que la ley puede seguir adelante mientras los jueces deciden si tomar en consideración una apelación de un tribunal inferior que declaró el programa antinmigración ilegal. Tan solo la juez Sonia Sotomayor se pronunció en contra de la decisión.
El pasado 28 de febrero, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos emitió un fallo que bloqueaba la política, para luego suspenderla de inmediato mientras el Gobierno de Trump pedía al Supremo que interviniera. El Supremo permitió que se levantara el bloqueo parcial impuesto al programa, por lo que el presidente Trump suma así una nueva victoria en este terreno.
El Departamento de Justicia alegó entonces ante el máximo tribunal que bloquear el programa crearía problemas de “seguridad nacional y pública”, porque más de 25.000 extranjeros que ahora están esperando en México "se apresurarían inmediatamente a entrar en Estados Unidos”. “Una oleada de esa magnitud impondría una carga extraordinaria a Estados Unidos y dañaría nuestras relaciones diplomáticas con el Gobierno de México”, alertó el abogado del Gobierno, Noel Francisco, en su petición al Supremo.
En Estados Unidos todo el que se presenta en una frontera terrestre o un aeropuerto tiene derecho a pedir asilo y a exponer su caso ante un juez. La Casa Blanca considera que los inmigrantes se aprovechan de las leyes estadounidenses para entrar en el país y luego no se presentan a la audiencia de su caso y desaparecen sin papeles dentro de su territorio. La mayoría de los solicitantes de asilo sí se presentan al juzgado.
Activistas y abogados temen que el Supremo falle a favor del Gobierno de Trump, tal y como lo ha hecho recientemente con debates relacionados con la inmigración, como sucedió con la nueva regla de carga pública, que endurece los requisitos para obtener la residencia a los inmigrantes ilegales que reciben ayudas sociales y otra norma que permite a los Estados a que procesen a quienes utilicen números falsos de la seguridad social para trabajar.
Los jueces que cuestionan la política de Trump respaldan el argumento de que el MPP es ilegal porque envía a los demandantes de asilo a un lugar no seguro. Esta es un área que deja la aplicación de la ley en un limbo. En la práctica, al bloquear a los inmigrantes en la frontera sur, EE UU está considerando a México tercer país seguro, es decir, un país que no es el de origen ni el de destino, pero en el que los migrantes están a salvo de la violencia. México niega oficialmente ser tercer país seguro, pero su colaboración con el Gobierno de Trump ha sido plena a la hora de asumir a los migrantes.
La estrategia de Trump para reducir el número de inmigrantes en EE UU tiene abiertos varios frentes. Mientras que el muro fronterizo, el rocambolesco proyecto de su campaña que iba a pagar México, no ha avanzando, el Gobierno ha reducido drásticamente el número máximo de refugiados —el más bajo desde 1980—, ha restringido el acceso al sistema de asilo —deben haber sido rechazados en otro país antes de poder solicitarlo en EE UU— y ha aumentado la potestad de los agentes para detener y deportar a quienes carecen de estatus legal.
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