México moviliza a agentes de migración en la frontera sur ante el avance de la caravana

Un centenar de agentes de migración han sido desplegados en la orilla mexicana del río Suchiate (en Chiapas), que divide México con Guatemala, ante el avance de la caravana migrante. El operativo coincidía con un acto del jefe de Migración, Francisco Garduño, en este punto de la frontera para recordar que el Gobierno frenará el avance de los migrantes que traten de ingresar a México de forma irregular. Al terminar el evento, la presencia de los funcionarios ha disminuido y fuentes de Migración señalan a este diario que no hay ningún operativo en marcha todavía. El despliegue tiene una carga política importante en un momento en el que México se prepara para el arribo de un nuevo grupo de miles de migrantes centroamericanos que busca llegar a Estados Unidos a un mes de las elecciones presidenciales en ese país.

El presidente López Obrador ha dado pistas en su conferencia matutina de este viernes sobre cómo enfrentará el país el avance de la nueva caravana. “Es una provocación, es un asunto que yo creo que tiene que ver con la elección en Estados Unidos. Hay indicios de que esto se armó con ese propósito. Pero no nos estamos chupando el dedo”, ha declarado el mandatario.

Pero la caravana migrante ha vuelto a poner el dedo sobre el renglón de una tragedia que no cesa, independiente de comicios y pandemias. Los índices de violencia, de pobreza y de ausencia del Estado en los países centroamericanos, especialmente Honduras y El Salvador, donde las condiciones de aislamiento por la covid-19 han sido muy rígidas y los han agudizado, se suman ahora a una crisis económica global provocada por el coronavirus. La asfixia a la que estaban sometidos sus habitantes se agrava y la forma más segura de escapar parece ser la que idearon —con más éxito desde 2018— con las caravanas. Lo contrario, la migración individual o por pequeños grupos, los exponían al infierno migrante conocido: secuestros, violaciones, ejecuciones, trata de personas, asaltos a punta de machete, carne de cañón para el crimen organizado.

La estrategia del Gobierno mexicano desde que aceptó las peticiones de Estados Unidos para frenar la migración fue desplegar más soldados en las dos fronteras. El año pasado, el presidente estadounidense amenazó a México con imponer aranceles a sus exportaciones si no tomaba cartas serias en el asunto. Y el mandatario mexicano respondió con 15.000 militares, miembros del cuerpo de la Guardia Nacional, en la frontera norte y unos 6.500 en la frontera sur, según concretó el Secretario de Defensa Luis Cresencio Sandoval. Unos agentes que además tenían la capacidad de detener a los migrantes en el límite fronterizo con Estados Unidos, algo muy poco usual hasta ahora, e imágenes como la de una madre con su niña detenidas por la Guardia Nacional mientras cruzaban el Río Bravo dieron la vuelta al mundo.

Además, México firmó un acuerdo con su vecino del norte llamado Remain in Mexico (Quédate en México) por el que en su parte más polémica se comprometía a asumir que los miles de migrantes que esperan sus trámites de asilo en los tribunales estadounidenses permanecieran en México. Incluso cuando en este país no hubieran iniciado ningún proceso migratorio y tampoco cumple con las condiciones del llamado tercer país seguro, según las organizaciones de derechos humanos que criticaron la medida.

La última gran caravana que tocó las puertas del sur de México fue en enero. Los migrantes se toparon con un cerco de soldados de la Guardia Nacional reprimiendo a la fuerza su avance. Las imágenes de los militares persiguiendo duramente a migrantes que trataban de cruzar el río Suchiate, lanzó un potente mensaje de que el Gobierno de López Obrador no sería indulgente en su política migratoria. Y, sobre todo, de que las presiones de Estados Unidos y los exabruptos de Donald Trump para que todo el territorio mexicano se convierta en su gran muro del sur, habían surtido efecto. Casi ocho meses después, la política de mano dura sigue siendo la misma y aunque los focos y los recursos se han destinado estos meses a paliar los efectos de la pandemia, se espera que las autoridades frenen lo máximo posible la entrada de migrantes al país.

El primer grupo de esta caravana salió desde San Pedro Sula (Honduras) el miércoles por la noche, pero este jueves y viernes se han unido 3.000 personas en Guatemala, según lo estimado por el Gobierno de este país, que intenta frenar la ruta hacia el norte, como se comprometió también con Donald Trump. Algunos llevan mascarillas, pero la covid-19 parece ser la última de las preocupaciones de quienes escapan de amenazas concretas de muerte. Una masa migrante que le recuerda al mundo que la violencia y el hambre continúan acechándolos, con o sin pandemia.

En el sur de Guatemala, en Río Dulce, un grupo de cientos de ellos se ha topado con agentes de la Policía Nacional Civil que ha intentado sin éxito disuadirlos. El convenio de libre tránsito entre los países centroamericanos les permite circular sin otra documentación que la de su país de origen por toda la región. Y aunque el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, ordenó detenerlos en su afán por cumplir con lo acordado con Estados Unidos, no queda claro si esto entraría en conflicto con lo establecido por el convenio.

Este grupo está a más de 1.600 kilómetros del punto habitual de entrada a México, el puente que divide México con Guatemala en Ciudad Hidalgo (Chiapas). Pero muchos desde Centroamérica suelen moverse en autobuses o haciendo autoestop y tardan aproximadamente algo más de un día en reunirse todos en la ciudad guatemalteca fronteriza Tecún Umán, frente a Ciudad Hidalgo. Es aquí donde generalmente se observa la magnitud de la caravana y comienza la presión hacia México. Y es en este punto donde este viernes el Instituto Nacional de Migración mexicano ha movilizado a un centenar de agentes.