Robar agua resulta rentable

En España se perfora la tierra sin control para extraer agua. Los pozos ilegales se adueñan del campo. La opacidad de la Administración contribuye al caos porque no publica datos oficiales desde 2006, cuando el Gobierno reconoció la existencia de 510.000 excavaciones irregulares. En 2017, el Ministerio de Medio Ambiente admitió que la cifra de esas construcciones ilegales podía ascender a más de un millón, como señala Greenpeace. La ausencia de estudios actualizados dificulta la persecución de estas infracciones, que suelen producir beneficios superiores a las multas que se imponen. La avaricia se cuela por los agujeros subterráneos. Expertos y activistas coinciden en que robar agua resulta rentable.

El responsable de Agua de Ecologistas en Acción, Santiago Martín Barajas, suscribe esa estimación del millón de perforaciones ilegales en la actualidad, pero nadie sabe con exactitud la cantidad. Sí se conocen algunos datos de los que puede deducirse algo sobre la magnitud del problema. El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) ha detectado en lo que va de año 1.165 infracciones por la mala gestión de los recursos hídricos, principalmente de los acuíferos. La mayoría, a causa de distraer y defraudar agua y atentar contra el medio ambiente y los recursos naturales. 26 personas han sido investigadas o detenidas por utilizar infraestructuras irregulares.

Al margen de la ley, cuenta el ecologista, se riegan medio millón de hectáreas, lo equivalente a 500.000 campos de fútbol aproximadamente. “Los pozos ilegales consumen más que la población española en abastecimiento urbano”, afirma. La falta de derechos de agua y el consumo sin autorización de cantidades superiores a los siete millones de litros anuales, constituyen una infracción, aunque casi siempre resulta rentable saltarse la norma, según cree Martín Barajas. “Si extraer agua de forma ilegal no fuera barato, la gente no lo haría. Cuando en una zona de carga y descarga está la policía todos los días, nadie aparca”, añade.

Hay dos tipos de sanciones: penales y administrativas. Las primeras castigan los daños sustanciales al medio ambiente y contemplan multas y penas de cárcel de hasta cinco años. El profesor de Derecho Administrativo Pedro Brufao cree que nadie ha entrado en prisión hasta el momento. Resulta complejo atribuir la responsabilidad a cada persona en un escenario de pozos ilegales generalizado, según el abogado Jaime Doreste. El Seprona ha registrado 25 denuncias por infracciones penales este año. El resto, las administrativas, son aplicadas, generalmente, por las Confederaciones Hidrográficas en casos menos graves con multas de hasta 50.000 euros. El Consejo de Ministros puede imponer sanciones de hasta un millón de euros para incumplimientos de mayor importancia.

Uno de los acuíferos más sobreexplotados de España es el del Parque Nacional de Doñana, donde la superficie de regadío irregular en 2021 era superior a 4.700 hectáreas, lo equivalente a más de 5.700 campos de fútbol, según la organización WWF. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, a la que pertenece este humedal, ha registrado este año 132 expedientes, cada uno puede incluir más de un pozo ilegal. El total de las sanciones y el resarcimiento de los daños han supuesto aproximadamente 1,2 millones de euros, es decir, una media de 9.090 euros por expediente, cuando la multa máxima para infracciones leves es de 10.000 euros.

El jefe de Área de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Antonio Santos, explica que las penalizaciones suelen asumirse porque si no es posible que la administración tributaria proceda a los correspondientes embargos. “Por pronto pago se puede reducir la sanción hasta el 40%”, añade.

Cuando los expedientes provocan el cierre de algún pozo, la clausura puede prolongarse años si los denunciados recurren. En la cuenca del Guadalquivir se han sellado 722 pozos desde 2019 y se van a cerrar por ejecución forzosa otros 75, pendientes desde 2014. A veces, los agricultores riegan con el agua extraída ilegalmente hasta que se comunica la resolución final. Santos advierte de que los descubiertos son sancionados de nuevo, con otra factura añadida si se realiza el cierre obligado del agujero. Además, en los casos graves, o con sospecha de reincidencia, pueden precintar las tomas de los pozos como medida cautelar. En las últimas semanas se han sellado 25 tomas en el entorno de Doñana y siete en municipios de la Vega del Guadalquivir, en Sevilla.

Cada hectárea de fruto rojo producida por regadío aporta una ganancia de hasta 8.000 euros netos, según cálculos del ingeniero agrícola de WWF Felipe Fuentelsaz, quien ofrece este tipo de argumentos para sostener que resulta rentable el riego ilegal: “Los agricultores recurren y si después de diez años reciben una sanción de 6.000 euros, les da igual”. Santos sostiene que “sí se rasca el bolsillo”.

No solo hay castigos leves, sino que las administraciones han concedido subvenciones públicas a empresas investigadas por la supuesta explotación de acuíferos, según la directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua, Julia Martínez. La Política Agrícola Común de 2023 establece que los agricultores sancionados por hacer un uso ilegal del agua no pueden recibir sus ayudas para las hectáreas de regadío irregulares.

A la dificultad para perseguir el delito se suma el hecho de que las perforaciones ilícitas pueden acabar siendo legalizadas. “Da esperanza y premia al agricultor ilegal”, reprocha Brufao. Santos aclara que, desde 2019, su entidad ha regularizado 544 pozos en la Comunidad de Regantes del Condado de Huelva, de acuerdo con los recursos disponibles. La UNESCO anunció que se plantea retirar a Doñana la categoría de Patrimonio de la Humanidad si la Junta de Andalucía continúa con su proposición de ley para aumentar los regadíos en la parte norte de la Corona Forestal del Parque Nacional.

Si la cifra de pozos ilegales en España ronda el millón, aún quedan muchos sin detectar, y otros con condenas rentables. Por ello, Doreste advierte: “La esperanza de la impunidad es la invitación al delito, pero, aunque la justicia puede ser lenta, también es incansable”.

Este trabajo forma parte de un especial sobre la sequía realizado por los alumnos de la Escuela de Periodismo UAM-EL PAÍS. Consulta aquí más información sobre el máster