La complicada vida de Francesca Albanese, figura de moda en Italia y vetada en cualquier banco por las sanciones de Trump

La vida de la jurista italiana Francesca Albanese, que desde 2022 es relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, comenzó a cambiar este verano, el día que presentó su informe De la economía de la ocupación a la economía del genocidio, en el que acusaba a grandes empresas de ser cómplices de la ofensiva de Israel en Gaza. Ya había recibido amenazas tras su informe de marzo, Anatomía de un genocidio, pero esta vez fue distinto. A los seis días, el pasado 9 de julio, el secretario de Estado de la Casa Blanca, Marco Rubio, anunció que también se le aplicarían a ella las sanciones ya impuestas en febrero a jueces y fiscales del Tribunal Penal Internacional (TPI) por emitir mandatos de arresto contra Benjamin Netanyahu y su ministo de Defensa, Yoav Gallant. La acusación contra ella era, precisamente, de cooperar con el TPI y ser “una amenaza para la economía global”.

Albanese, de 48 años, ya era conocida como una de las voces más claras y contundentes en la denuncia de las violaciones de derechos humanos en Gaza, pero no para el gran público en Italia. A partir de ese momento, y coincidiendo con la iniciativa de la flotilla humanitaria Global Sumud —que en este país tuvo un apoyo general—, empezó a ser muy popular. Aparecía cada día en televisión y en actos públicos, pero al mismo tiempo su vida privada se volvía imposible.

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Le retiraron su visado y tiene prohibido entrar en Estados Unidos ―por ejemplo, no puede ir a la ONU a presentar uno de sus dos informes anuales, el otro es en Ginebra―. Pero sobre todo le congelaron todos sus bienes, entre ellos su cuenta y su apartamento en Estados Unidos, aunque ella ahora vive en Túnez.

Además, entró en una lista negra que le aparta de todo el sistema bancario internacional, como si fuera una terrorista o una narcotraficante, y se fijaron penas para cualquier ciudadano estadounidense que tenga con ella un intercambio económico o en especie. Por ejemplo, su marido, que trabaja en el Banco Mundial, y su hija. “En teoría no me pueden invitar a un café, porque les pueden multar con hasta mil millones de dólares o imponerles 20 años de cárcel”, explicó en septiembre en la Cámara de Diputados italiana y ha ido contando en entrevistas.

Este diario se ha puesto en contacto con Albanese para conocer su día a día, pero tras meses de intensa exposición mediática ha respondido que necesita parar para respirar y estar con su familia. Cuando habló en el Parlamento fue en un acto organizado por la oposición para que el Gobierno italiano y la UE intervengan en su ayuda, pero de momento nadie hace nada. Al Ejecutivo de la ultraderechista Giorgia Meloni, la líder europea más cercana a Donald Trump, no le resulta especialmente simpática.

Albanese se ha erigido en referente de la izquierda, aunque es un referente cada vez más incómodo, porque exige medidas drásticas con Israel. Las continuas apariciones públicas le han causado desgaste. Ha tenido resbalones y declaraciones controvertidas ―por algunas luego ha pedido disculpas― que le han deparado críticas de derecha a izquierda. Por ejemplo, el mes pasado, tras la irrupción en la redacción del diario La Stampa de unos manifestantes a favor de la causa palestina, condenó el acto, pero añadió que debería servir de “advertencia” a los periodistas sobre cómo hacen su trabajo. También se ha enfrentado a la senadora vitalicia Liliana Segre, de 95 años, superviviente del Holocausto y toda una institución en Italia, porque criticaba el uso del término genocidio para referirse a Gaza.

Al margen de sus tropiezos, lo cierto es que para la derecha italiana se ha convertido en un símbolo a abatir. Es objeto de ataques personales de Meloni, y el ministro de Educación, Giuseppe Valditara, ha enviado esta semana inspecciones a cuatro colegios donde impartió charlas, para comprobar si intentó adoctrinar a los alumnos.

“Nadie se siente seguro”

Pero este ya es el menor de sus problemas. Las implicaciones de las sanciones de EE UU para Albanese son enormes. Tiene que vivir solo con dinero en efectivo, no puede recibir transferencias, ni donaciones, ni su sueldo, ni comprar un billete de avión por internet. “Se ha levantado el hielo en torno a mí. En Estados Unidos colaboraba con universidades, profesores, ONG… pero nadie se atreve ya a tener relación conmigo. No porque no me apoyen, sino porque en este momento la Administración de Estados Unidos es una amenaza tal hacia todos que nadie se siente seguro”, ha resumido.

No puede abrir una cuenta en ningún banco del mundo, ni tener una tarjeta de crédito, porque ha entrado en la lista OFAC (Office of Foreing Assets Control) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de lucha contra el blanqueo de capitales y el terrorismo. Ese departamento prohíbe a cualquier entidad financiera tener como cliente a alguien que esté en la lista. El banco que lo haga no puede operar en dólares, se enfrenta a multas millonarias y queda excluido de los circuitos internacionales de pago.

“Nos llamó para ver si con nosotros era posible abrir una cuenta, pero miramos la legislación y no podíamos hacerlo, nos arriesgaríamos a no poder hacer nuestro trabajo”, cuenta a EL PAÍS Nazzareno Gabrielli, director general de Banca Ética, dedicada a sostener causas solidarias y sociales. “Nos entristece profundamente, porque se debe a una sanción completamente arbitraria de un Estado que pesa sobre los demás países”, señala. Banca Ética, Amnistía Internacional y otras organizaciones han escrito al Gobierno italiano pidiéndole que intervenga.

Estados Unidos viola así las normas de la ONU que garantizan la inmunidad de los funcionarios de la organización. Pero saltarse las normas de la Casa Blanca no es una broma, como saben varios bancos europeos. Según la prensa italiana, en 2019 el banco italiano Unicredit aceptó pagar 1.300 millones de dólares al Departamento del Tesoro por haber realizado operaciones con países bajo embargo.

Lo cierto es que la UE tendría todo el derecho a oponerse a aplicar en su territorio una ley de otro país. Domenico Gallo, exmagistrado del Tribunal Supremo italiano, ha explicado que, ante los problemas que planteaban sanciones de la Casa Blanca a países como Cuba, Libia o Irán, la UE ya aprobó en 1996 el llamado reglamento de bloqueo, que paraliza los efectos extraterritoriales de medidas de terceros países. La última vez que lo actualizó fue en 2008.

“La UE puede ordenar a los Estados miembros que desobedezcan las sanciones norteamericanas. Cuando se anunciaron las sanciones contra el TPI, las criticaron Ursula Von der Leyen, Kaja Kallas, Antonio Costa... pero solo de palabra, luego no han reaccionado. Es un escándalo internacional”, señaló Gallo. En su opinión, estas medidas no tienen ninguna base legal, simplemente distorsionan el objetivo original de la normativa para aplicarlo a ciudadanos extranjeros con fines de persecución política.

También han considerado ilegal la decisión de la Casa Blanca 79 de los 125 países firmantes del Estatuto de Roma, que creó el TPI. En la UE, tres no lo hicieron: Italia, Hungría y República Checa. Pero además Gallo ha citado un precedente legal de una persona que al ser congelados sus bienes por EE UU en 2002 denunció su situación al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Es el famoso caso Kadi, que toma el nombre del ciudadano saudí Yassin Abdullah Kadi, al que una sentencia europea de 2013 dio la razón: los jueces consideraron que se habían vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva y a la defensa, pues son medidas que se aplican sin juicio previo. Es decir, Francesca Albanese y el resto de sancionados por EE UU podrían acudir a la justicia europea, si la UE sigue sin hacer nada.